La Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin y Maria Lvova-Belova, funcionaria de su gobierno, investigados por la deportación y el traslado de chicos ucranianos desde las zonas ocupadas hacia Rusia desde que comenzó la guerra en febrero de 2022.
Se trató de la primera vez que el tribunal que investiga y juzga crímenes de lesa humanidad, de guerra, genocidio o agresión, procede de esta forma contra ciudadanos de un país "poderoso" que muele los hilos del orden internacional desde el Consejo de Seguridad de la ONU.
Si bien es improbable, la posibilidad de que Putin sea juzgado por crímenes de guerra existe, pero para eso tienen que darse ciertas condiciones. Dado que la Corte no juzga in absentia, es decir, sin que el acusado esté presente en el Juicio, la decisión implicaría que los 123 países que reconocen la jurisdicción del tribunal, entre ellos Argentina, arresten y extraditen al presidente ruso en caso de que ponga un pie dentro de sus fronteras.
"Ningún juicio puede avanzar sin que Vladimir Putin esté bajo custodia. Las posibilidades de que eso pase son muy bajas pero hay al menos dos dimensiones importantes: hay un mensaje contundente para las víctimas dado que existe una sensación de que las instituciones internacionales no han dado suficientes respuestas sobre Ucrania", explicó a PERFIL Francisco Quintana, investigador doctoral en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. "La decisión expresa la gravedad de lo que está ocurriendo", indicó.
Pero, ¿qué significa esta orden de arresto? ¿Puede efectivamente un presidente ser extraditado a La Haya, en Países Bajos, para ser juzgado por crímenes de guerra? ¿Están obligados los estados a hacerlo?
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La orden de arresto contra Putin
Este viernes 17 de marzo, la CPI difundió las órdenes de arresto contra el presidente Vladimir Putin y Maria Lvova-Belova, la comisionada presidencial para los derechos de la infancia en Rusia, con el fin de "prevenir la comisión de nuevos delitos" relacionados a la presunta deportación de niños en zonas ocupadas de Ucrania.
"Los incidentes identificados por mi oficina incluyen la deportación de al menos cientos de niños sacados de orfanatos y hogares de cuidado infantil (...) Estos actos, entre otros, demuestran la intención de sacar permanentemente a estos niños de su propio país. En el momento de estas deportaciones, los niños ucranianos eran personas protegidas en virtud del Cuarto Convenio de Ginebra", manifestó el fiscal de la CPI Karim AA Khan KC.
Desde el Kremlin intentaron bajarle el tono a la noticia. Así lo demostraron varios funcionarios al recordar que Rusia se retiró del Estatuto de Roma (en 2016 como consecuencia de la anexión de Crimea), el instrumento jurídico que sustenta la CPI. El más explícito fue el expresidente ruso Dmitri Medvédev, quien comparó la utilidad de la orden de arresto con la función del papel higiénico. "No hace falta explicar dónde debe ser usado ese papel", escribió en Twitter junto a un sugerente emoji.
Por su parte, el portavoz de Putin, Dmitri Peskov, recordó que "Rusia, como cierto número de Estados, no reconoce la competencia de ese tribunal, y en consecuencia, del punto de vista de la ley, las decisiones de ese tribunal son nulas". Entre líneas de su declaración se desliza que entre los no firmantes figuran Estados Unidos y otros pesos pesados como China, Israel, India e Irak.
Jurisdicción versus inmunidad
Del lado de Ucrania y sus aliados europeos, la medida fue celebrada. Forma parte de la presión diplomática de Kiev a Moscú, que firmó una declaración en la que reconoció la jurisdicción de la CPI en su territorio poco después de que Putin anunciara su "operación militar" con base en el este del país.
Desde ese momento, todos los crímenes cometidos en tierra ucraniana son competencia de la CPI, inclusive aquellos perpetrados por ciudadanos cuyos países no reconozcan su jurisdicción, como pasa con Rusia. Sin embargo, en este caso se trata de un jefe de estado que cuenta con inmunidad diplomática, lo que complica la posibilidad de llevar a Putin al estrado.
"Hay una distinción entre jurisdicción e inmunidad. A pesar de que la CPI tiene la autoridad para investigar y juzgar sobre este tipo de crímenes, un presidente de un Estado que no forma parte podría argumentar que es inmune", señaló Quintana, quien agregó que esa laguna todavía no está resuelta en el derecho internacional.
Consecuencias prácticas
Mas allá de que sea poco probable que algún país se arriesgue a detener al poderoso Putin, la resolución tiene un impacto práctico que para el líder del Kremlin "no es irrelevante", mas allá de su discurso.
"Violar el derecho internacional es costoso. Todos los países miembros de la CPI tienen la obligación legal de arrestar a Putin si ingresa a su territorio. Putin va a tener muchos incentivos para restringir sus viajes. Hay cumbre BRICS este año, por ejemplo, en Sudáfrica", dijo, y añadió: "En el plano simbólico la orden de arresto contra Putin es muy fuerte".
Mas allá de la diplomacia, lo cierto es que Putin estará protegido al menos mientras sea presidente de una de las economías más importantes del mundo. Si estará en el banquillo de los acusados de La Haya se verá mas adelante, considerando que los crímenes de guerra por los que se lo investiga son delitos internacionales que no prescriben y la orden de arresto seguirá vigente "hasta que la Corte resuelva lo contrario".
"Es una jugada muy fuerte de la CPI a pesar de que no termine con Putin en La Haya como un escenario posible hoy. Pero que decididamente es un mensaje fuerte dado que pone la luz sobre un crimen específico y especialmente grave, y que a Putin le traerá como mínimo inconvenientes prácticos concretos", cerró el especialista.
"Decisión histórica"
A diferencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que depende de la ONU y resuelve controversias entre estados, la CPI es independiente, juzga personas y está compuesta por 123 países. Fue creada en 2002 con sede en La Haya, Países Bajos, con el fin de reemplazar los tribunales ad hoc orientados a crímenes específicos y luego disueltos, como los de Nuremberg, Tokio o Ruanda.
No obstante, los problemas de jurisdicción complejizaron los procesos judiciales, por lo que la flamante resolución que involucra al presidente de Rusia tendrá un impacto positivo para el tribunal internacional apuntado por haber tenido un sesgo a favor de los países poderosos.
"Se trata de una decisión histórica para la Corte y para el derecho penal internacional dado que (hasta el momento) no había siquiera emitido una orden de arresto contra ciudadanos de un miembro permanente del Consejo de Seguridad. Siempre ha existido una visión de que la CPI se concentra en países y en individuos poco poderosos. En este sentido, se trata de un giro notable", concluyó Quintana.
