Comenzó este lunes el juicio oral contra diez efectivos de la Policía de Chaco, imputados por graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas contra cuatro jóvenes de la comunidad originaria Qom, el 31 de mayo de 2020 en el barrio Banderas Argentinas, de la localidad de Fontana.
El proceso se dará en la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, donde los efectivos están acusados de irrumpir de forma ilegal y sin orden judicial en la vivienda, golpear a los presentes y trasladar a los jóvenes a la Comisaría Tercera. Durante la detención, las víctimas denunciaron torturas, tratos crueles, vejaciones, abusos y agresiones verbales de carácter explícitamente racista. Los cargos formulados incluyen allanamiento ilegal, detención arbitraria, vejaciones agravadas, falsedad ideológica (por la falsificación de actas) y encubrimiento.
Milei, en contra de condenar al racismo
El proceso judicial cuenta con la querella del Ministerio Público Fiscal, la Secretaría de Derechos Humanos provincial y el Comité para la Prevención de la Tortura. El proceso judicial empezó este lunes y seguiría durante los días 13, 14, 15, 27 y 28 de octubre, y 3 y 12 de noviembre.
Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, afirmó que “la adecuada investigación, calificación y sanción de estos delitos es un elemento imprescindible para garantizar justicia. La realización del juicio oral es un paso clave para que la violencia policial y la discriminación no queden impunes y para garantizar justicia y reparación”.
Se busca sentar un precedente para las víctimas del racismo
El contexto de discriminación e invisibilización histórica contra la comunidad Qom resulta central para evaluar los hechos denunciados. Tras el operativo policial de mayo de 2020 en Chaco, los representantes de las Naciones Unidas (ONU) en Argentina, Roberto Valent y Jan Jarab, expresaron su profunda preocupación por la violencia ejercida: “Estamos consternados por la violencia con que se realizó este operativo. La función policial debe en todo momento observar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, así como la prohibición internacional de tratos crueles o degradantes”.
Asimismo, los expertos instaron a las autoridades del país a determinar el rol que pudo haber jugado el sesgo de discriminación racial en este caso particular: “las autoridades del país deben establecer el rol que juega la discriminación racial en este caso, considerando la marginación e invisibilización histórica que enfrentan los pueblos indígenas en Argentina”.
MP / EM
