Finalmente llegó el día. Este miércoles 9 de agoto la jueza de la Cámara Federal de Casación Ana María Figueroa cumple 75 años, edad límite según la Constitución para continuar en el cargo, a menos que el poder político le habilite una prórroga por otros cinco años. Pero aunque hasta ahora eso no ocurrió debido a las trabas opositoras en un Senado atravesado por el año electoral, la jueza que tiene en sus manos definiciones judiciales clave sobre Cristina Kirchner y su familia seguirá en funciones, según pudo saber PERFIL.
El trámite para obtener la prórroga por cinco años es complejo y requiere de la decisión del Poder Ejecutivo, que se pronunció favorablemente y envió el pliego de Figueroa al Senado a principios de año. En esa Cámara, el proceso avanzó con dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos, pero el caso quedó empantanado en pleno año electoral por trabas de Juntos por el Cambio y desentendimientos del Frente de Todos con senadores aliados.
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En medio de la controversia generada por la política y las presiones en algunos medios de comunicación, fuentes judiciales confirmaron a PERFIL que la magistrada seguirá trabajando en su despacho del primer piso de Comodoro Py. "No cede para nada en sus funciones", dijeron. Es que más allá de la masividad que tomó el debate por su continuidad o no, no es un caso inédito en el Poder Judicial y la historia reciente lo demuestra.
La resolución que avala su permanencia
En 2017, cuando gobernaba Mauricio Macri, la Corte Suprema restableció el límite constitucional de 75 años para la permanencia en el cargo de los jueces y juezas, que venía de ser anulado por el Tribunal en el fallo Fayt de 1999. Esa decisión, conocida como "fallo Schiffrin", fue tomada en marzo de ese año. A partir de ahí comenzaron a acumularse los casos de jueces que habían cumplido o estaban por cumplir 75 y tenían interés en conseguir una prórroga.
Figueroa tiene que fallar sobre las causas Hotesur-Los Sauces y Memorándum con Irán.
Ante ese escenario, en diciembre de ese mismo año el Consejo de la Magistratura -presidido por el radical Miguel Piedecasas- sacó la resolución 521 con el objetivo de implementar el fallo Schriffin y comunicar a los magistrados que tengan 75 años o más que debían cesar en sus funciones. Ello a menos que posean una nueva designación, una decisión judicial favorable o tengan pedido de acuerdo del Ejecutivo al Senado.
En ese último punto está comprendida la situación de la jueza Figueroa, con lo cual puede continuar en su cargo a la espera de una decisión del Senado hasta antes del cierre del periodo de sesiones ordinarias del cuerpo del año siguiente al envío del pedido de acuerdo, es decir, fines de 2024.
Firma delegada por "prudencia"
Con esa resolución de base, Figueroa mantuvo ayer una reunión con sus colegas donde mencionó que iba a actuar en función de esa normativa, es decir, que iba a continuar en el cargo. En Casación predomina la aceptación a esa resolución impuesta por el Consejo, incluyendo el visto bueno del vicepresidente primero, Mariano Borinsky. Sin embargo, solo los jueces Daniel Petrone y Guillermo Yacobucci se habrían manifestado en desacuerdo.
En el encuentro, además de comunicarles que no dejará su cargo, Figueroa hizo un aviso respecto de su función como presidenta de la Cámara de Casación, cargo que ejerce desde principios de año. Según supo este medio, por "prudencia" tomó la decisión de delegar momentáneamente su firma al juez Borinsky hasta tanto se resuelva su pliego en el Senado.
Al ser la presidenta del máximo tribunal del país por debajo de la Corte Suprema, Figueroa solo se limita a ejercer funciones de superintendencia y dirección de la Cámara, sin intervención en causas judiciales excepto aquellas que estén en proceso desde antes de asumir la Presidencia. La decisión de delegar la firma no responde a respetar una normativa en particular sino porque Figueroa quiere evitar que se empantane más la situación. Las fuentes consultadas por este medio señalaron que podría no haber delegado su firma porque hay antecedentes de la Corte que lo validan.
Qué pasa con los fallos vinculados a Cristina Kirchner
En relación con las excepciones mencionadas antes, la jueza está habilitada para intervenir en dos casos que mira con atención la política: Hotesur-Los Sauces y Memorándum con Irán. Junto con sus colegas de Sala, Figueroa tiene en sus manos revisar los planteos que cuestionaron las decisiones del Tribunal Oral de sobreseer a la vicepresidenta Cristina Kirchner y a sus hijos. En ambos, la reapertura de los expedientes y el desarrollo de los juicios depende de la definición que tome Casación.
Ana María Figueroa fue citada en mayo a la Comisión de Acuerdos del Senado.
Ese es el núcleo de la controversia desatada en torno a Figueroa.
En Juntos por el Cambio la catalogan como una "jueza K" y eso explica la negativa a tratar su prórroga. Además de la trayectoria que ha tenido esta jueza en materia de derechos humanos y género, la señalan por haber dicho que hubo un "ensañamiento" del Poder Judicial con Cristina Kirchner. Ese reproche lo canalizó en la Comisión de acuerdos la senadora Guadalupe Tagliaferri (JxC), cuando la magistrada fue citada a audiencia en mayo pasado. "No es habitual en Argentina que a una persona se la cite a ocho declaraciones indagatorias en un mismo día. Eso no es razonable y no hubo ningún otro caso similar en el país", respondió Figueroa.
También le atribuyeron una demora en la publicación de los fallos relacionados a la vicepresidenta. "Es absolutamente mentira, estamos en periodo de debate con los dos colegas para llegar a consensos y no es tan sencillo en temas delicados. Estamos en secreto del debate, pero le puedo decir que estamos llegando a buen consenso y hemos avanzado muchísimo, lo cual me alegra en medio de lo complejo que es eso con tres personas con visiones e ideologías diferentes", respondió en ese momento.
Así las cosas, la expectativa en torno a la situación de Figueroa se extiende más allá de las PASO del domingo. Hasta fines del año que viene puede permanecer a la espera de que se termine el "obstruccionismo parlamentario" y el Senado defina si convalida o no su permanencia por otros cinco años.
