Pieza clave. La jueza tiene a cargo la causa Hotesur y Memorandum. |
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Alfredo Izaguirre
Comienza la cuenta regresiva en el Poder Judicial de la jueza que tiene en sus manos uno de los votos que podría reactivar o cerrar dos causas contra Cristina Kirchner, una de ellas que involucra también a sus hijos.
El próximo miércoles 9 de agosto, la camarista de Casación Ana María Figueroa cumplirá 75 años, edad establecida en la Constitución como límite para poder ejercer la magistratura. En el medio, fuertes negociaciones en el Senado para buscar aprobar su pliego y así extender su continuidad dentro de la Justicia por otros cinco años.
Dichas negociaciones fracasaron en las últimas semanas. Durante julio y lo que va de agosto hubo dos intentos donde el oficialismo buscó reunir el quórum para convalidar no solo el pliego de Figueroa impulsado por Alberto Fernández, sino también de otros jueces y que requieren de la aprobación de la Cámara alta.
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Sin embargo, no se descarta que a partir del próximo lunes vuelva a abrirse otra convocatoria para reunir el mínimo de 37 legisladores para sesionar. La pieza clave para que esto se dé el quórum es el rionegrino Alberto Weretilnek.
Lo cierto es que cada vez que un caso como el de la jueza Figueroa llegó a la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal determinó que sin el acuerdo del Senado, el magistrado o magistrada tenía que cesar inmediatamente en sus funciones tal y como lo manifestó en el caso Schiffrin de 2017, donde se revocó la doctrina Fayt que avalaba la permanencia de un jurista en su cargo luego de sus 75 años sin que lo tratara la Cámara alta.
La figura de Figueroa está en el centro la escena por ser una de las juezas que junto a sus pares de la Sala I, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone debe decidir si se mantienen los sobreseimientos de la vicepresidenta Cristina Fernandez y otros imputados en las causas Memorando con Irán y Hotesur-Los Sauces, donde también están involucrados Máximo y Florencia en presuntas maniobras de lavado de activos.
Ante esta situación son varios los escenarios que se abren sobre dos expedientes sensibles para la vicepresidenta en caso de que el Senado no logre avanzar con la prórroga de Figueroa como magistrada. Fuentes judiciales señalan que la camarista elevó su voto en ambas causas a finales de junio; Petrone y Barroetaveña, por su parte, ya habían hecho lo propio en marzo.
La confirmación de los sobreseimientos o por el contrario la reapertura de los expedientes para la realización de los juicios puede darse por unanimidad (coincidencia de los tres jueces de la sala) o por mayoría (dos a favor y uno en disidencia). Si bien los votos pueden ser iguales y los criterios diversos, en ambas situaciones, los argumentos y elementos para las decisiones unánimes o mayoritarias deben concordar.
En caso de que se concrete la jubilación de Figueroa, los votos de Petrone y Barroetaveña, por la ratificación o desestimación de los sobreseimientos deben estar fundados bajo los mismos elementos.
De ocurrir lo contrario, se deberá sortear a un tercer magistrado para que conforme la sala, cosa que dilataría más la resolución en ambos expedientes puesto que le tocaría revisar todas las actuaciones, las audiencias realizadas y posteriormente fijar su posición en ambos expedientes.
Lo cierto es que la posible salida de Ana Maria Figueroa también sumaría una nueva vacante en el máximo tribunal penal del país con la de Liliana Catucci, quien se retiró en septiembre de 2021, y Eduardo Riggi, cuya continuidad no fue prorrogada y se jubiló este año.
