La situación de Agostina Páez en Brasil dio un vuelco drástico este viernes 6. La joven argentina, que permanecía bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica en Río de Janeiro tras ser acusada de realizar gestos racistas, terminó detenida y trasladada a una comisaría local. La medida se concretó apenas 48 horas después de que el Ministerio Público Fiscal de la ciudad solicitara su prisión preventiva, bajo el argumento de que las medidas previas no alcanzaban para neutralizar el "peligro procesal".
El arresto se produjo en horas del mediodía y fue confirmado por su abogado, Sebastián Robles. Poco antes de que la policía fuera a buscarla, la Justicia brasileña le rechazó un recurso clave: Páez pretendía obtener una autorización para regresar a la Argentina y seguir el proceso judicial desde su hogar. Sin embargo, el tribunal no solo le negó la salida, sino que avaló el endurecimiento de su condición ante la justicia, dejando a la turista de 29 años en una posición de extrema vulnerabilidad legal.
El delito que se le imputó fue el de "injuria racial", una figura que en la legislación brasileña está equiparada al racismo. Este “título” es particularmente severo, ya que prevé penas que van desde los dos hasta los cinco años de prisión y, lo más grave para su defensa, no admitió el beneficio de la excarcelación bajo fianza. Desde el pasado 14 de enero, Páez tuvo prohibido abandonar el territorio brasileño. Primero le retuvieron el pasaporte y luego la obligaron a usar el dispositivo de rastreo que hoy resultó insuficiente en la opinión de los jueces locales.
Para la fiscalía de Río de Janeiro, la vigilancia electrónica y el aislamiento en un departamento no demostraron ser suficientes para asegurar que el proceso llegara a término sin riesgos. Por el contrario, el entorno de la joven calificó el pedido como una “exageración absoluta” y cuestionó por qué se decidió encarcelarla ahora, cuando siempre se mantuvo al margen y nunca violó las restricciones impuestas. Su abogado analizó que el caso está siendo tomado como "ejemplificador" debido al enorme peso cultural que el racismo tiene en la sociedad de Brasil.
El defensor de la joven marcó que esta decisión rozó lo que se conoce como una "pena anticipada", violando derechos internacionales, ya que Agostina se sometió a todos los pasos exigidos hasta el momento. La noticia del pedido de prisión cayó como un balde de agua fría sobre Páez, quien el jueves llamó llorando a su representante legal en busca de contención. Mientras tanto, la Embajada Argentina en Brasil confirmó que ofreció asistencia legal a la familia, aunque aclaró que no tiene facultades para intervenir en las decisiones del Poder Judicial brasileño.
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El incidente que disparó la causa
Todo comenzó durante las vacaciones de Agostina en Río de Janeiro, donde veraneaba junto a un grupo de amigas. Según la acusación, la argentina protagonizó un ida y vuelta en un restaurante de la ciudad, donde realizó gestos y comentarios racistas contra los empleados del lugar. Esa misma noche se inició el expediente por injuria racial que derivó en la retención de sus documentos y la posterior imposición de la tobillera electrónica que tuvo hasta este viernes.
Quienes acompañaron a la turista describieron un panorama de profunda angustia. La joven pasó de la incertidumbre a la desesperación total cuando se enteró de que la fiscalía buscaba llevarla a una celda común. Su abogado insistió en que no existieron peligros de fuga que justificaran el arresto en este momento de la causa, ya que la prohibición de salir del país seguía vigente y controlada por el GPS del dispositivo electrónico que le pusieron en la pierna.
Brasil endureció notablemente sus leyes contra la discriminación en los últimos años, eliminando cualquier posibilidad de “libertad bajo caución” para casos de injuria racial. Al estar legalmente cercano o equiparado al racismo, el delito se volvió imprescriptible y no perdonable. Esta rigidez es la que hoy mantuvo a Páez tras las rejas en una comisaría de Río, a la espera de un juicio que, dado el clima político y social actual, la justicia brasileña pareció decidida a acelerar para enviar un mensaje contundente.
TC CP
