Un estudio se encargó de medir la eficacia de los Ministerios Públicos Fiscales de la Argentina en el cumplimiento de sus facultades acusatorias en causas judiciales durante el 2021. Mientras que Neuquén y Río Negro lograron la mejor performance, seis provincias se negaron a dar información básica, por lo que advirtieron que podría haber "desinterés" o, peor aún, una decisión política de ocultar información.
El estudio fue realizado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Políticas y Sociales (Inecip), en base a información del 2021 (se omitió el año anterior por la excepción de pandemia). El objetivo fue identificar cuántas de las causas que ingresan a las fiscalías reciben alguna respuesta "con capacidad de incidir, aunque sea mínimamente, sobre el control de la criminalidad", es decir, cumplen con uno de los objetivos principales de los Ministerios Públicos.
El ranking es elaborado a partir de la obtención de información sobre la cantidad total de ingresos de casos, las salidas que tengan un mínimo nivel de incidencia (que impongan a una persona la realización de alguna acción a modo de consecuencia por su participación en un conflicto), las condenas, suspensiones de juicio a prueba y acuerdos reparatorios.
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"Evaluar esa eficacia es una acción esencial para mejorar el desempeño político-criminal de los Ministerios Públicos. Sin embargo, pocos Ministerios Públicos de nuestro país realizan esta tarea. De hecho, muchos ni siquiera producen información sobre su propio funcionamiento, aun la más básica, como la cantidad de casos que ingresan y la forma en que finalizan", señaló el estudio entre sus conclusiones.
Como se observa, la falta de datos y de transparencia, de forma consecuente, es un punto en el que se pone énfasis. Ello porque hay seis provincias que no respondieron los pedidos de información y tampoco publicaron datos públicos que permitan trazar un índice de eficacia. Además de Tucumán y Catamarca, fueron Misiones, San Juan, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Falta de transparencia en las provincias
En el estudio, el Inecip elaboró un Mapa de la desinformación, en el que indicaron que ninguna de esas seis provincias envió "ni siquiera los 4 indicadores más elementales (ingresos, condenas, SJP y acuerdos reparatorios) que permitirían medir la eficacia básica, pese al plazo de 4 meses con el que contaron, y a las reiteradas solicitudes enviadas. Estos datos tampoco son publicados en sus sitios web".
El sondeo denunció que Santa Cruz, Misiones y Tierra del Fuego "son de las pocas provincias del país que siguen regidas por los oscurantistas sistemas inquisitivos, cuya despreocupación por los resultados no es novedosa". Mientras tanto, San Juan tuvo un 2021 atravesados por la implementación de los nuevos Códigos Procesales Penales.
Diferente y por ende más compleja es la situación de Tucumán y Catamarca, según expresa el estudio. Se trata de los distritos que llevan años con su sistema acusatorio consolidado, por eso es que la falta de datos fue calificada negativamente por el Inecip.
De acuerdo al reporte, la falta de datos en esos casos "sólo puede responder a un desinterés por los datos o, aún peor, a una posible decisión política de ocultar deliberadamente esta información".
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La actitud denota, de acuerdo al estudio, "una grave violación al derecho a la información pública reconocido en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos".
El hecho, calificado como un "apagón informativo", impide "el control ciudadano sobre la gestión de los recursos estatales y obstaculiza cualquier discusión democrática sobre las políticas de persecución penal. Pero, lo que es más grave aún, puede ser un síntoma de una falta de interés de esos organismos provinciales por la calidad de su gestión, lo cual inevitablemente afecta su capacidad de generar un impacto social positivo".
"Mucho más grave que un mal desempeño, es la falta de datos básicos sobre ese desempeño, que habilitan la más absoluta arbitrariedad en la administración de recursos tan sensibles como la violencia estatal", reza el reporte.
El ranking
Diferente fue la situación con el resto de los distritos. El ranking elaborado terminó con Neuquén en el primer puesto, con 19,99% de eficacia político-criminal, secundada por Río Negro, con 14,04%. Ambas provincias "lograron superar el techo general del 10% de eficacia que había mostrado el ranking del 2019, aumentando más que el doble su tasa anterior".
El tercer lugar se lo llevó Chubut con 7,96%, el cuarto Jujuy con 7,11%. Les siguen Entre Ríos, con 6,88%; la ciudad de Buenos Aires, con 6,65%; La Pampa, con 5,95%; La Rioja, con 5,50%; Santa Fe, con 5,33% y Corrientes, con 5,32%. Lo completan Salta (5,14), Mendoza (4,84%), Santiago del Estero (3,63%), provincia de Buenos Aires (3,24%), Córdoba (2,36%), Formosa (1,59%), San Luis (1,39%) y Chaco (1,16%).
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El último lugar, curiosamente, se lo llevó el Ministerio Público Fiscal de la Nación, que tiene injerencia sobre las 24 jurisdicciones. Obtuvo un rendimiento del 0,36%.
"Los 'retrocesos' de algunas provincias con relación al 2019 también pueden responder a un peor desempeño o a modificaciones en la forma de registro. Córdoba, por ejemplo, informó un cambio en el método de contabilización de sus casos ingresados, pasando de 60.376 casos ingresados en 2019 a 121.890 en 2021, impidiendo la comparabilidad interanual", dice el estudio.
ASV/ff
