En la madrugada de este miércoles 16 de julio, Juan Pedro Martínez Piedrahita fue deportado del país. Durante los cinco días previos, y pese a haber vivido 20 años en Argentina, permaneció detenido sin haber tenido contacto con su esposa ni con sus tres hijos, todos ellos nacidos en el país. Tampoco contó con asistencia médica ni acceso a su defensa legal, y no se le permitió cambiarse de ropa.
La expulsión se realizó en el marco del Decreto 366/2025, que modifica la Ley de Migraciones. Según el texto del propio decreto, antes de tomar una medida de deportación, la Dirección Nacional de Migraciones debería haber verificado la existencia de vínculos familiares en el país, sin embargo, ese procedimiento no fue realizado.
Paola Arismendi, esposa de Juan Pedro Martínez Piedrahita, explicó que si bien está al tanto de los cambios en la normativa migratoria, su esposo había obtenido la residencia permanente en 2022. En una entrevista con el medio El Destape, relató: “Yo te digo la verdad, toda la verdad, mi marido pasó por un mal momento, nosotros vivíamos en Hurlingham, en un barrio caro, y él fue adicto, te digo la verdad, cuando venía drogado yo lo echaba y se escuchaban los gritos afuera. Los vecinos hicieron la denuncia y por violencia de género le dieron una condena de un año y seis meses más una probation”.
Esa pena fue cumplida en 2018. Luego, Martínez Piedrahita logró superar su adicción, la familia se trasladó a Merlo y tuvieron a su tercer hijo, que actualmente tiene seis años.
“Tenía hasta el DNI pagado, en marzo nos dijeron que ya no habría más residencias precarias, cuando fuimos a migraciones teníamos esa ilusión de tener finalmente el documento”, agregó Arismendi. En cambio, Martínez Piedrahita, fue retenido en el destacamento de la Policía Federal ubicado en la calle Cavia.
La decisión de la Justicia se contradice con el propio DNU firmado el 29 de mayo de este año, que incluye a delitos con penas de tres años (en la ley anterior la pena a tener en cuenta era de cinco) como causal de expulsión o denegación de la residencia.
El CELS se manifestó al respecto en su cuenta oficial de la red social X: "El gobierno ordenó deportar a un migrante afrouruguayo. Tiene una familia, dos hijos y una hija argentinos, y toda una vida en el país. ¿Qué espera el Congreso para revisar el decreto?".
La información del Ministerio de Seguridad sobre la deportación de Juan Pedro Martínez Piedrahita
Desde el Ministerio de Seguridad informaron que “el sujeto fue condenado por el Juzgado en lo Correccional N°4 de Morón a la pena de un año y 6 meses de prisión, por los delitos de “Violación de domicilio”, “Amenazas reiteradas” (cometidas en dos oportunidades) y, “Desobediencia reiterada” (también perpetrada en dos ocasiones), todos en concurso real entre sí”.
Según informó también el Ministerio de Seguridad, Juan Pedro Martínez Piedrahita “había sido capturado el día 11 de julio pasado por efectivos de la Comisaría de Asuntos Migratorios de la PFA”, en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12, “a cargo de la Dra. Macarena Marra Giménez”, por una “infracción a la Ley 25.871 (Ley Nacional de Migraciones)”.
El comunicado oficial indicó que, “en cumplimiento a la solicitud de cooperación de la Dirección Nacional de Migraciones”, se concretó la “expulsión del imputado” a través de un operativo de custodia que lo trasladó “con destino a la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay”. Asimismo, se precisó que el detenido, “de 60 años de edad”, fue “entregado exitosamente a las autoridades de la Policía Nacional Uruguaya, quedando bajo su custodia y a disposición de los magistrados del país vecino”.
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La abogada de Juan Pedro Martínez Piedrahita cuestionó su expulsión
La abogada Zulema Montero, representante legal de Juan Pedro Martínez Piedrahita, brindó declaraciones a Futurock tras la deportación de su defendido. Según explicó, su cliente fue expulsado del país pese a contar con vínculos familiares acreditados y haber cumplido una condena previa en libertad.
“Juan fue el día viernes a Migraciones, para renovar la precaria. No tenía DNI porque tenía un antecedente penal por una denuncia de violencia. Tenía una condena en suspenso que cumplió, volvió a convivir con su familia y con sus tres hijos”, detalló Montero. Según sus palabras, el proceso de deportación se concretó de manera rápida y sin posibilidad de defensa. “Él se rehabilitó totalmente, y ahora se lo expulsa. Tiene una amargura muy grande”, expresó.
La letrada afirmó que ya existía una orden de expulsión previa: “En Migraciones había una orden de expulsión de 2023. Estas notificaciones nunca llegan de forma eficiente al migrante, por lo que nunca se entera. Lo detuvieron el día viernes en Cavia, sólo lo dejaron hablar por teléfono con su mujer”.
También indicó que, si bien el Decreto 366/2025 modificó el régimen migratorio, el caso no se enmarca estrictamente en esa normativa. “Organizaciones de DDHH se comunicaron conmigo, porque esto es nuevo. Esta expulsión es por ley, no tiene que ver con el decreto”, explicó. No obstante, hizo referencia al contenido del DNU: “El decreto establece la expulsión de migrantes, pero hay una excepción: si una persona tiene una familia constituida, se puede revertir la expulsión. Me llama la atención que no haya sucedido en este caso”.
Montero señaló que hay más casos similares que no han sido difundidos: “Este no es el primer caso, ya hubo varios pero no fueron informados. Se hacen tan rápido que no llegan a ser noticia”. En ese sentido, cuestionó posibles directrices dentro del nuevo esquema migratorio. “Creo que existe una bajada de línea para expulsar a toda persona que tiene antecedentes”, advirtió.
Por último, la abogada destacó el impacto que la medida tuvo en el entorno de Martínez Piedrahita. “Era una familia que estaba viviendo muy bien, él era el principal sostén económico. Es indescriptible lo que está pasando esta familia”, concluyó.
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