La frase “¿De qué me acusan? De ‘lavar’ el pago de un contrato de consultoría. Un contrato firmado ante escribano en 2019 y apostillado por el Estado argentino, verificable online por cualquiera, hoy. Los contratos truchos no se llevan al Colegio de Escribanos” fue una de las principales definiciones de José Luis Espert. Al presentar un nuevo descargo ante la Justicia, el exdiputado negó que los US$200.000 que recibió de una empresa vinculada a Federico “Fred” Machado fueran “dinero sucio” y pidió su sobreseimiento en la causa por presunto lavado de activos.
La presentación a la que accadió PERFIL busca cuestionar el eje de la acusación impulsada por el fiscal Fernando Domínguez y tramitada ante el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro, a cargo del juez Lino Mirabelli.
Frente a la hipótesis fiscal de que el acuerdo de consultoría con la firma Minas del Pueblo S.A., que incluía “reordenar la deuda de una minera y diseñar su plan estratégico a años”, fue una pantalla, Espert sostuvo que desconocía cualquier actividad ilícita de su contratante y afirmó que los US$200.000 recibidos correspondían al primer pago de un contrato valuado en US$1 millón por esos servicios profesionales.
La defensa de Espert incorporó 11 correos electrónicos intercambiados entre mayo y septiembre de 2019 que, según sostiene, demostrarían la gestación, celebración y ejecución del contrato de servicios profesionales.
Además, esos mails fueron acompañados, según el escrito, por una extracción pericial informática forense, certificación notarial y mecanismos de verificación técnica.
Como parte de la prueba ofrecida, también incorporó como prueba declaraciones testimoniales de personas vinculadas a esas comunicaciones y solicitó informes a organismos públicos para intentar acreditar que no existían alertas que permitieran a Espert conocer los antecedentes de Machado.
Fred Machado, financista de Espert, fue declarado culpable de lavado y fraude en Texas
La investigación sostiene que Espert habría utilizado esos fondos para distintas operaciones posteriores, entre ellas la compra de vehículos y una inversión inmobiliaria.
Ante esa acusación, el exdiputado aseguró que todas las operaciones fueron realizadas a su nombre y quedaron registradas: “Compré un auto en una concesionaria oficial, con factura, transferencia bancaria y certificación presentada en el registro público. Una operación habitual fue presentada como ‘lavado’”, afirmó.
Otro de los puntos cuestionados por la Fiscalía es que Espert no devolvió el dinero luego de conocer los antecedentes de Machado. La defensa respondió que se trataba del pago de un contrato y que nadie le reclamó la devolución.
“¿Y saben cuánta plata volvió a Machado? CERO. Ni un dólar”, escribió Espert.
El dilema del beneficiario y el factor temporal
Lo cierto es que uno de los puntos más agudos del descargo apunta a la lógica jurídica del tipo penal de lavado (artículo 303 del Código Penal): la ausencia de un propósito de ocultamiento eficaz y de un beneficiario final. Allí, en su ofensiva discursiva, Espert apeló al sentido común en sus redes sociales:"¿Entonces 'lavé' para mí? A ver si entiendo: ¿planifiqué todo al detalle —escribano, apostilla, correos, testigos— y justo me 'descuidé' en que la plata viniera de la cuenta de un tercero y sin factura? ¿El genio del crimen y el chapucero, la misma persona? Por favor."
La defensa insiste en un argumento cronológico clave que es que la investigación internacional y las alertas sobre el empresario se conocieron públicamente a partir de abril de 2021, un año y medio después.
"Machado era investigado en secreto por EE. UU. desde 2016, pero recién se supo en abril de 2021. Por eso siguió entrando y saliendo de países como si nada. ¿Y el único que 'debía saberlo' era yo?", cuestionó Espert.
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