La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió este martes un extenso comunicado en el que rechazó de manera “enérgica” las informaciones periodísticas que denuncian presuntas irregularidades en la administración de sus fondos en el exterior y defendió la legalidad del contrato que mantiene con la firma estadounidense TourProdEnter LLC. En el texto, la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia calificó esas publicaciones como una “campaña de difamación” dirigida contra la institución, su presidente y su tesorero, Pablo Toviggino.
Según explicó la AFA, el vínculo con TourProdEnter LLC es un contrato vigente mediante el cual la empresa fue designada como agente comercial para la representación económica y comercial de la asociación en el exterior. “Esta relación contractual ha sido oportunamente sometida al análisis de distintos tribunales, tanto en la República Argentina como en los Estados Unidos, sin que se haya detectado irregularidad alguna”, afirmó la entidad.
En el comunicado, la AFA recordó una causa judicial impulsada por el empresario Guillermo Tofoni en la Argentina, vinculada al sponsoreo y a la organización de partidos amistosos de la Selección nacional, en particular los disputados en la República Popular China. Se trata del expediente CFP 1294/2023, caratulado “Tapia Claudio Fabián s/defraudación por desbaratamiento de derechos e infracción art. 303”, en el que tanto la AFA como su presidente fueron sobreseídos el 6 de septiembre de 2023. Esa decisión fue confirmada posteriormente por la Cámara Criminal y Correccional Federal y por la Cámara Federal de Casación Penal, lo que dejó el expediente definitivamente cerrado.
“Aun así, y pese a la contundencia de los fallos, el expediente quedó cerrado sólo en los tribunales, no así en ciertos titulares periodísticos que nunca informaron ni dieron cuenta de los sobreseimientos”, sostuvo la entidad. En ese marco, la AFA apuntó directamente contra Tofoni, a quien acusó de promover nuevas acciones judiciales y campañas públicas tras esos reveses judiciales, con el objetivo de generar “un clima de deslegitimación y desestabilización institucional”.
El comunicado también cuestionó el rol del Gobierno nacional en ese proceso. Según la AFA, las nuevas acciones habrían contado con la “anuencia” del Ministerio de Justicia, y mencionó de manera expresa al ministro Mariano Cúneo Libarona, por haber respaldado las demandas de Tofoni mediante cartas firmadas como representante del Estado nacional.
Como parte de esa estrategia, según la versión de la AFA, se impulsó una denuncia contra TourProdEnter LLC ante tribunales del estado de Florida para que se investigara su vínculo con la asociación. “Dicho proceso judicial fue recientemente rechazado en todas sus partes y archivado, confirmando una vez más la legalidad y legitimidad de la relación comercial existente entre la AFA y TourProdEnter LLC”, señaló la entidad. De este modo, destacó que tanto la Justicia argentina como la estadounidense evaluaron el contrato y concluyeron que se encuentra “debidamente ajustado a derecho”.
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Pese a esos pronunciamientos judiciales, la AFA advirtió que en los últimos días volvieron a circular publicaciones que hablan de supuestas irregularidades en el manejo de fondos en el exterior, en especial en Estados Unidos. Según la entidad, esas notas se presentan como investigaciones, pero tienen “una única fuente”: viejas presentaciones judiciales impulsadas por Tofoni que ya fueron rechazadas por los tribunales y que, afirmó, se reciclan y amplifican sin verificación suficiente.
“Resulta llamativo que, frente a fallos judiciales firmes y definitivos, ciertos comunicadores continúen presentando con tono de primicia aquello que ya fue descartado por los tribunales”, señaló el comunicado, y advirtió que esa narrativa apunta al desgaste institucional de una conducción que lleva nueve años al frente de la AFA.
En el cierre, la entidad reafirmó que el vínculo entre la AFA y TourProdEnter LLC es “plenamente válido, transparente y sometido a los controles judiciales correspondientes”, e hizo un llamado directo a los medios de comunicación. “La responsabilidad de informar con veracidad implica revisar las fuentes y los fallos judiciales, y evitar contribuir a operaciones que responden a intereses particulares”, sostuvo. Y concluyó: “La sociedad merece recibir información seria, responsable y comprobada; las operaciones, en cambio, suelen quedar expuestas por sí solas con el paso del tiempo”.
GD cp
