Con la intervención del juez Julián Ercolini y del fiscal Ramiro González ya en curso, y tras ordenar una pericia al celular de Alberto Fernández por posibles hechos de agresión, la Corte Suprema de Justicia resolvió que la denuncia presentada por el expresidente contra Fabiola Yáñez siga en la Justicia ordinaria, y no en Comodoro Py.
La denuncia de Fernández se basa en la divulgación de videos privados que, conforme a él, estaban guardados en su celular personal y a los que Yáñez accedió cuando él le prestó el teléfono a su hijo Francisco para ver videos. Desde allí, explicó, ella habría visto material que luego fue difundido públicamente, como las filmaciones junto a la periodista Tamara Pettinato en su despacho de la Casa Rosada, compartiendo una cerveza y charlando en tono distendido.
A las pocas semanas de ser denunciado por su expareja por lesiones y violencia de género, causa en la que Alberto Fernández ya tiene un procesamiento firme y está cerca de ir a juicio oral, se difundieron los videos que ahora están en el centro de la denuncia por violación de secreto.
En su denuncia penal, presentada en agosto de 2023, Fernández afirmó que la única con acceso a ese contenido era Yáñez. Indicó que “estaba en el teléfono de mi propiedad, que contenía mi galería de fotos personal”. También defendió su relación con Pettinato, al señalar que se trató de un almuerzo posterior a un reportaje, en un clima de “confianza y cordialidad”.
Para el expresidente, esta situación forma parte del “mismo contexto de violencia” que Yáñez le atribuye, y denunció una “invasión a su intimidad” con una publicación “a cuentagotas”, que busca alimentar "el morbo social”.
Cuáles son los detalles del proceso judicial
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 9, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, se declaró incompetente al considerar que los hechos denunciados no constituyen un delito de naturaleza federal. Por eso, estableció que la causa debe ser investigada por la Justicia de instrucción porteña. Al mismo tiempo, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 4 coincidió con esa postura y también rechazó intervenir en el caso.
Ante este conflicto de competencia, las actuaciones fueron elevadas a la Corte Suprema de Justicia. Esta tarde, el tribunal se pronunció con la firma de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
En un voto conjunto, los jueces Rosatti y Lorenzetti determinaron: “De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General de la Nación interino, se declara que deberá entender en la causa en la que se originó el presente incidente el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 4, al que se le remitirá. Hágase saber al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 9".
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