A fuerza de precios accesibles, una red imparable de franquicias y un modelo que revolucionó el negocio del helado, Grido se convirtió en la heladería más grande del país y la tercera del mundo. La marca, con más de 1.700 locales que producen 25.000 kilos de helado por hora, tiene una presencia tan masiva que en muchas ciudades alcanza con caminar algunas cuadras para encontrar otra sucursal. Pero ahora, ese imperio enfrenta un revés judicial que reabre una causa contra sus directivos.
La Cámara Federal de Casación Penal anuló, por mayoría, el sobreseimiento que había beneficiado a Oscar Lucas Santiago, fundador de la empresa, y a sus hijos Lucas y Sebastián Oscar, quienes actualmente dirigen Helacor SA, la firma detrás de Grido. A partir de la reciente y firme decisión del máximo tribunal penal del país, los directivos deberán responder nuevamente en un proceso judicial federal que se había cerrado en agosto del año pasado.
Pese a esto, poco se conoce la historia de quienes están detrás de esta compañía: la familia Santiago, cordobeses con casi un siglo en el negocio del helado.
La historia comienza con Lucas Santiago, quien en los años 20 trabajaba para Laponia, una de las primeras heladerías argentinas. A lo largo del tiempo, sus hijos se dedicaron a la comercialización de insumos para heladerías, como cucuruchos, hasta que uno de ellos —también llamado Lucas— compró una heladería artesanal llamada Marvic.
A partir del año 2000, los tres hijos mayores del dueño de Marvic, futuros socios de Grido, comenzaron a dar sus primeros pasos formales en el negocio familiar, y Sebastián incluso realizó una tesis importante sobre el sistema de franquicias. La combinación de esta sólida formación académica y la idea paterna de producir un helado de calidad, pero accesible al gran público, marcaron el rumbo claro del proyecto, que arrancó con cinco sucursales cerca del local original.
De ese crecimiento explosivo surgió un fuerte y profundo impacto en las pequeñas heladerías del interior del país. Apenas diez años después, Grido ya alcanzaba 900 franquicias distribuidas en 22 provincias, un éxito que muchos atribuyen a una estrategia agresiva y constante de expansión territorial. Por ejemplo, en Rosario, en el año 2010 estalló “La guerra del helado”, que finalmente terminó con un proyecto para limitar la cantidad de locales que puede tener una cadena.
Para 2015, Grido dio el salto internacional, abriendo franquicias en Paraguay, Chile y Uruguay. Con el paso de los años, aprendieron a adaptarse a los gustos de cada país vecino.
Cuál fue el delito que se les imputó a los dueños de Grido
La causa contra la heladería se inició en 2012, cuando la entonces AFIP (hoy Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ARCA) comenzó una profunda investigación que derivó en 18 allanamientos ordenados por la Justicia Federal en distintas provincias del país. Allí, realizados en varias provincias, se secuestró documentación clave que probaría una presunta asociación ilícita para evadir más de 200 millones de pesos de entonces.
Causa Grido: tras revés judicial en Casación, a los dueños les queda recurrir a la Corte Suprema
De acuerdo a la denuncia a la que se accedió, la empresa habría llevado adelante maniobras para evitar el pago de impuestos nacionales mediante la venta marginal de helados a gran escala. A través de un sistema llamado “operaciones W”, diseñado y controlado por los directivos, se habrían llevado a cabo estas maniobras.
A través de la instalación de las primeras heladerías en nuevos mercados, a nombre de personas físicas de confianza o sociedades vinculadas a los directivos, se habría implementado el fraude. Luego, se transfería el fondo de comercio mediante un boleto de compraventa en el que se facturaba solo el 10% del precio, exento de IVA, para evadir el impuesto.
La marca Grido contaba en ese momento con más de 1.000 sucursales en todo el país, la mayoría bajo el sistema de franquicias. A esa maniobra se sumó la colaboración de cientos de franquiciados, que se beneficiaban con un descuento del 10% ofrecido por la empresa en las “compras W”. De esta manera, la mercadería adquirida en negro se vendía marginalmente al consumidor final, lo que generaba un menor costo impositivo y, por lo tanto, una mayor rentabilidad para los franquiciados, quienes se beneficiaban al dejar de pagar sus impuestos.
De acuerdo a la denuncia, la facturación anual de Grido rondaba los 150 millones de pesos, y se estimó que aproximadamente el 50% de las ventas se realizaron en negro. Las maniobras ocurrieron entre fines de 2007 y mayo de 2012, y por eso se caratuló el caso como una “asociación ilícita fiscal”.
Un sobreseimiento cuestionado por el blanqueo de Milei
En el fallo del año pasado que benefició a los Santiago, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) consideró que la Ley de Blanqueo impulsada por la gestión de Javier Milei amparaba el delito imputado. Antes, los dueños de Grido ya se habían protegido con otra norma, la Ley 26.680, de regularización de deudas con el Estado, sancionada durante el mandato de Alberto Fernández, y depositaron 2 millones de dólares ante la AFIP por "estimación de ventas omitidas".
Según el fiscal general Carlos Gonella, el fallo reciente de la Cámara de Casación se produjo tras un recurso que cuestionó el sobreseimiento. En su argumento, Gonella sostuvo que la Ley 27.743 no contempla expresamente el delito de asociación ilícita fiscal y que su inclusión en el decreto reglamentario representa una “injerencia indebida e inconstitucional” del Poder Ejecutivo. Además, sostuvo que este delito no tiene un contenido patrimonial definido que pueda ser “cancelado” como deuda.
MV/EM
