En los últimos meses numerosas denuncias judiciales y mediáticas, algunas de ellas impulsadas por referentes de la Coalición Cívica (CC) y otras por organismos gubernamentales como ARCA y la Dirección General Impositiva, apuntaron contra la dirigencia de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y las sociedades comerciales vinculadas a la entidad. En lo que hasta ahora parece una maraña judicial difícil de desentrañar, la entidad dirigida por Claudio "Chiqui" Tapia denuncia "operaciones".
En este escenario, tres de las causas que tomaron mayor relevancia pública son: por retención indebidas de impuestos y aportes de seguridad social de la AFA; otra vinculada a Sur Finanzas, por presunto lavado de activos y evasión; y una tercera, que investiga una quinta en Villa Rosa, Pilar.
Claves de las tres causas más resonantes contra la AFA
La causa de ARCA contra la AFA por la retención indebida de aportes es la única que tiene como imputados al "Chiqui" Tapia y al tesorero de la asociación, Pablo Toviggino. En este caso, ambos fueron denunciados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero por no haber ingresado en tiempo y forma el pago del IVA, el Impuesto a las Ganancias y los aportes a la Seguridad Social desde marzo de 2024 a septiembre de 2025 por un monto total de $19.353.546.843,85. El proceso tramita ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5, a cargo del juez Diego Amarante.
La causa Sur Finanzas es llevada por el juez de Lomas de Zamora, Luis Armella, y la fiscal Cecilia Incardona. En este caso, la Dirección General Impositiva denunció a la financiera Sur Finanzas, de propiedad de Ariel Vallejo, por presunta evasión por un monto de $3.327.267.047. A su vez, se investiga el movimiento de más de $72.342 millones a través de 74 empresas falsas, indicó la agencia NA.
La Justicia trata de establecer si existió un entramado de lavado de activos del que podría haber participado la AFA, por lo que realizó numerosos allanamientos en donde secuestró documentación y celulares que aún faltan indagar en su totalidad. En este proceso, con el fin de conocer las actuaciones, se presentaron Javier Faroni y su esposa, Erica Gillete, de TourProdEnter, la agencia contratada por la asociación deportiva para su representación comercial internacional, que contaba con un contrato legal en el que se establecía un cobro del 30% de comisión por sus servicios.
Por último, la causa por la propiedad en Villa Rosa, Pilar, fue impulsada por las denuncias de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, su legislador, Facundo Del Gaiso y su asesor, Matías Yofe. Los actores apuntaron contra Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, quienes figuran como los titulares de la quinta de lujo, en la que se encontraron numerosos autos de alta gama, pero a quienes señalan como testaferros del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. Este proceso se tramita ante el juzgado de Adrián González Charvay, en Campana, tras la decisión de la Cámara de San Martín tomada este martes.
La AFA denuncia "trama de mentiras y desinformación"
La AFA se defendió de las acusaciones y advirtió que existe una “trama de mentiras y desinformación” para producir “desgaste institucional” y obligarla a negociar con actores que perdieron contrataciones y que buscan recuperar sus “privilegios económicos”.
En forma paralela, por los señalamientos de corrupción “sin respaldo documental”, el Tapia denunció al periodista Claudio Gravellona por “amenazas y hostigamiento” ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11.
De la misma forma, el abogado de la AFA, Gregorio Dalbon, este martes publicó un comunicado en sus redes sociales dirigido al diario La Nación y a los lilitos, Del Gaiso y Yofe, por una nota publicada el día 20 de enero en la que, asegura, se realizan "imputaciones graves formuladas sin sentencia, sin prueba pública y con una clara intención de instalar culpabilidades por fuera del expediente". Por lo que llamó al medio a "rectificar el enfoque" en el que se "sugiere culpabilidad sin sentencia" y le advirtió al legislador de la CC que en el expediente "se haga cargo" de "cada una de sus afirmaciones".
"Del Gaiso se presenta como 'denunciante' y habla de 'pruebas obscenas', 'testaferros', 'lavado' y 'mafias', atribuyendo delitos concretos a personas e instituciones. Que quede claro —con nombre y apellido—: Del Gaiso deberá sostener cada imputación en el expediente, con prueba lícita, verificable y pertinente. Lo demás es calumnia mediática", advirtió.
A continuación, el abogado apuntó que "El artículo toma declaraciones políticas como si fueran prueba y sugiere conclusiones como si fueran hechos judiciales. No informa: insinúa. No demuestra: sugiere. No acredita: titula".
Por otro lado, Dalbon se refirió a la decisión de la Cámara de San Martín sobre declarar la competencia el juez de Campana en la causa de la megaquinta de Villa Rosa. "El traslado del expediente a la jurisdicción de Campana/Pilar responde a reglas elementales del proceso: competencia territorial y juez natural. Presentarlo como “pacto”, “maniobra” o “entrega a las mafias” es una afirmación política sin valor jurídico, y además es peligrosa: erosiona la credibilidad institucional sustituyendo fundamentos por eslóganes".
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