El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, ordenó este jueves una serie de allanamientos simultáneos y detenciones en el marco de la causa que investiga a Sur Finanzas, la financiera vinculada al empresario Ariel Vallejo, cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, por un presunto lavado de activos y un plan sistemático para borrar pruebas.
Según confirmaron fuentes judiciales, el magistrado dispuso 14 allanamientos en Lomas de Zamora, la Ciudad de Buenos Aires y Pinamar. Los operativos incluyeron domicilios particulares, oficinas, galpones y sedes empresariales, entre ellas RDA y Sur Corralón, con el objetivo de secuestrar documentación contable y dispositivos electrónicos considerados clave para reconstruir los movimientos de la financiera.
En paralelo, fueron detenidos e indagados Daniela Sánchez, Juan Soler, César Zapaia y Rolando Soloaga, todos vinculados a la estructura interna de Sur Finanzas. Sánchez se desempeñaría como secretaria privada de Vallejo, quien también está imputado en el expediente. Al mismo tiempo, los peritos judiciales comenzaron a clasificar la documentación contable y el material informático secuestrado este jueves.
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En su resolución, Armella sostuvo que los acusados “habrían tenido un alto grado de participación en las maniobras imputadas” y advirtió sobre el “poder económico y la gran cantidad de recursos del grupo empresarial Sur Finanzas”, lo que incrementa los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la prueba.
La fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, fue quien impulsó las medidas tras analizar el contenido de teléfonos celulares secuestrados en la causa. De acuerdo con la investigación, en esos dispositivos se detectaron conversaciones internas en las que se impartían órdenes para retirar computadoras, extraer sumas de dinero en efectivo de sucursales y borrar planillas y registros de cámaras de seguridad.
Los chats revelaron que, en los primeros días de diciembre pasado, se habría activado un “protocolo de emergencia” para la eliminación de evidencia. El esquema incluyó el formateo de equipos, la desconexión de sistemas internos y el ocultamiento de dispositivos electrónicos. Para la Justicia, no se trató de hechos aislados sino de una estructura organizada y jerárquica dedicada a borrar rastros.
Entre los mensajes incorporados al expediente figura una instrucción atribuida a Susana Hoffmann, jefa de Recursos Humanos, dirigida a Juan Soler, que indicaba: “Ingrese a las computadoras de los cajeros y desconecten los programas”. La orden, según la hipótesis judicial, buscaba inutilizar los sistemas informáticos y evitar el rastreo de operaciones financieras que se investigan.
La causa ya tenía otros detenidos, actualmente con prisión domiciliaria: la tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sánchez, y los custodios Sergio Da Silveira y Juan Cervín. Los tres fueron arrestados en diciembre cuando retiraban computadoras de un galpón en Turdera y están procesados por encubrimiento agravado.
En una presentación judicial, Micaela Sánchez negó haber querido ocultar pruebas. “Nunca quise ocultar o destruir pruebas. La única respuesta que tengo a todo lo sucedido es la siguiente: yo me encontraba abocada a no perder mi puesto de trabajo y, entonces, a que la empresa continúe funcionando”, sostuvo.
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El expediente se inició en noviembre, tras una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI) que alertó sobre maniobras que habrían permitido evadir $3.327 millones en impuestos. Además, la presentación advirtió sobre el uso de billeteras virtuales y criptomonedas para canalizar fondos.
A partir de allanamientos previos realizados en todas las sucursales de la financiera, en las dos sedes de la AFA y en al menos 18 clubes con vínculos económicos con la empresa, como Banfield y Argentinos Juniors, los investigadores detectaron transferencias sospechosas por más de $800 mil millones desde 2020. Según la hipótesis judicial, las operaciones habrían involucrado a monotributistas sin capacidad económica y a empresas fantasma utilizadas para mover dinero de origen presuntamente ilícito.
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La pesquisa también analiza préstamos otorgados a clubes con serios problemas financieros, como San Lorenzo, que habrían sido utilizados para blanquear fondos. Asimismo, se investiga la participación de constructoras vinculadas al fútbol, como Construcciones TAR, en operaciones que hoy son objeto de peritajes.
Los dispositivos electrónicos de Vallejo ya fueron desbloqueados y están siendo analizados por la Policía Federal, con la colaboración de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
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