El ex presidente del Colegio de Abogados de CABA, Guillermo Lipera, pasó por Ronda de Investigación en la pantalla de +Perfil y expresó una fuerte preocupación por la situación institucional de la Justicia argentina y comparó el actual proceso de designación de jueces con mecanismos que, según su análisis, se consolidaron durante la década de 1990.
Al ser consultado sobre su mirada respecto de la situación actual de la Justicia argentina, Guillermo Lipera planteó: “¿Cómo lo veo? Lo veo muy mal, creo que algo parecido, si tuviera que buscar un momento para compararlo es con el gobierno menemista”.
La comparación con el menemismo y el Poder Judicial
Para Lipera, durante el gobierno de Carlos Menem se desarrolló una estrategia destinada a construir una estructura judicial favorable al poder político: “Cuando llega el gobierno menemista quiso tener una justicia dicta, en ese tiempo en vez de echar a los jueces los ascendía y creaba juzgados y cámaras, entonces los jueces que no les molestaban, los pasaba para arriba e iban nombrando, fundamentalmente en Comodoro Py”.
El abogado consideró que podrían producirse nuevos cambios institucionales y vinculó esa posibilidad con una eventual modificación en la integración de la Corte Suprema. “Uno viendo cómo se mueven, no descartaría que terminen en algo por el estilo, pero todavía no me puedo apresurar”, planteó.
Lipera también puso el foco en la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal, un fuero que, según explicó, tiene un papel central en el control de las decisiones del Estado: “Todos los actos administrativos de los organismos de contralor son controlados en cuanto a su constitucionalidad por contencioso administrativo”.
Sobre el funcionamiento histórico de ese sector judicial, sostuvo: “Y contencioso siempre fue, me sale una palabra, siempre fue lo mismo, es un lugar que siempre es oficialista, siempre”.
Los acuerdos políticos para nombrar jueces
Al analizar las recientes designaciones judiciales, Lipera sostuvo que los distintos sectores políticos alcanzaron acuerdos para avanzar con un paquete amplio de nombramientos. “Todo esto fue negociado, obviamente, en una negociación uno cede y el otro cede, y cada uno en un lugar distinto, algunos por ahí en un fuero, otros en otro, claramente ninguno tenía mayoría por sí mismo para votarlo, pero han negociado todo”, afirmó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.
Y agregó: “Para mí hicieron un gran paquete donde lograron pasar 150 jueces y van a salir una cantidad más todavía”.
Para el abogado, detrás de esta situación existe un problema institucional más profundo. También cuestionó la reforma constitucional de 1994 y consideró que su origen estuvo vinculado a la posibilidad de reelección presidencial. “Hay un problema institucional a mi modo de ver, muy grave”, señaló.
En ese sentido, sostuvo: “Para mí fue el error más grave institucionalmente que vivimos en esta etapa democrática que fue la reforma de la Constitución, sólo porque Menem quería ser reelecto”.
El Consejo de la Magistratura y la falta de independencia judicial
Lipera explicó que el Consejo de la Magistratura fue concebido para limitar la influencia partidaria en la selección y sanción de los magistrados. Sin embargo, consideró que ese objetivo no se cumplió. “Y el problema cuál fue, que nunca pudo funcionar bien el Consejo de la Magistratura, hoy es más político que todo”, expresó.
También cuestionó la falta de eficacia del sistema judicial y la duración de numerosos expedientes: “Todos sabemos que no es eficaz la justicia, juicios que duran 10 años, 12 años, 14 años”.
Según su análisis, la Justicia tampoco actúa de manera preventiva frente a posibles irregularidades. “El derecho debería funcionar con la Justicia como la medicina preventiva, ni bien ves que se está torciendo a la primera denuncia, laburar con todo”.
Transparencia, auditorías y acceso a la información
Lipera defendió la necesidad de incorporar mecanismos de transparencia y auditoría sobre el funcionamiento de los tribunales. Asimismo, recordó su experiencia al frente del Colegio Público de Abogados y las dificultades que enfrentó al impulsar controles sobre Comodoro Py. “Eso nosotros cuando yo fui presidente del colegio, pedimos auditoría a Comodoro Py, me acuerdo que me decían, ojo que te van a recibir amenazas de muerte, es verdad”, expresó.
A pesar de esas dificultades, consideró que las auditorías deberían convertirse en una práctica permanente: “El punto es que las auditorías deberían estar y que hoy tenemos herramientas como para que todo el mundo tenga derecho de acceso a la información”. Al ser consultado sobre por qué esos mecanismos no avanzan, respondió: “Porque no tienen ganas”.
Para Lipera, la tecnología permitiría conocer con mayor facilidad el funcionamiento de los expedientes judiciales. “Hoy en el mundo de la digitalización, inteligencia artificial, tranquilamente en 2 minutos vos tendrías acceso a todo el público de cómo gestionan los expedientes, los tiempos de mora, los tiempos que los duermen los expedientes”, mencionó.
