La suspensión por 60 días de la aplicación de la nueva ley penal juvenil en la provincia de Buenos Aires abrió un fuerte debate político y judicial. Durante su intervención en Ronda de Investigación por +Perfil, el periodista, Leandro Bravo, analizó la falta de infraestructura, el presupuesto destinado al sistema penitenciario y las estadísticas sobre delitos cometidos por menores.
Leandro Bravo remarcó que durante el debate legislativo ya habían surgido advertencias sobre la insuficiencia del presupuesto para adaptar el sistema penitenciario. “Entonces, ¿Hubo una previsión para hablar, para construir el sistema, para ampliar el sistema? Sí, pero no alcanza”, planteó.
Asimismo, sostuvo que, pese a que la normativa contempla distintas herramientas, no hubo avances suficientes en materia de infraestructura: “También establece muchas penas, mucho menores, como la prisión domiciliaria, como la probation, como lo que se conoce como perimetral, pero nunca, nosotros, en estos seis meses, nunca vimos a Alejandra Monteoliva inaugurar una unidad penitenciaria”.
Y agregó: “Digamos, nunca se tomaron el trabajo de esta asignación presupuestaria y aggiornar las alcaldías y las cárceles como las conocemos”.
El riesgo de que la falta de infraestructura termine en prisión domiciliaria
Para Bravo, la suspensión judicial puede ser solamente el comienzo de una discusión más amplia sobre la implementación de la ley penal juvenil. “Yo creo que, también, la ley va a terminar, obviamente, en 60 días, en Provincia de Buenos Aires, se va a aplicar, pero yo creo que, en algún momento, esto va a tener un debate más profundo, en cuanto al tema de los edificios, como se conocen, pero va a terminar recayendo en prisiones domiciliarias a sorteo, digamos que un menor comete un delito, listo, se queda en la casa con una tobillera”, describió en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.
Qué dicen las estadísticas sobre los delitos cometidos por menores
A nivel nacional, sobre una población de aproximadamente 12 millones de niños, niñas y adolescentes, Bravo señaló que las denuncias contra menores representan una proporción reducida: “Quizás, después, si vamos al plano general a nivel nacional, sobre una base de 12 millones de niños, niñas y adolescentes, hay solamente un 0,5% de denuncias contra menores”.
En ese contexto, consideró que el Gobierno pudo haber utilizado casos de fuerte repercusión pública para obtener un rédito político sin resolver las dificultades estructurales del sistema: “Entonces, yo creo que, quizás, lo que hizo el Gobierno fue, a partir de esta polémica mediática que pasó con estos casos, fue querer hacer algo para sacar una especie de beneficio político, pero sin una previsión real del sistema carcelario como se lo conoce”.
Bravo también destacó que la propia legislación contempla mecanismos de reinserción y prohíbe la prisión perpetua para menores. “No nos olvidemos que esta ley, en algún punto, en el final de la ley, busca la reinserción de los jóvenes”, expresó. Luego, manifestó que, “por eso prohíbe la cadena perpetua”.
Debate exprés y advertencias por el presupuesto
El periodista cuestionó además la velocidad con la que se trató la iniciativa en el Congreso y sostuvo que durante el debate legislativo ya se habían planteado dudas sobre la suficiencia de los fondos: “Quedó atrás, pero también existe un tema que se planteó en ese momento, que fue el debate exprés que quiso darle el Gobierno para asegurarse la sanción en el periodo extraordinario”.
