Al menos tres muertos, seis heridos y 18 desaparecidos dejaron el décimo día de protestas en Ecuador. El gobierno de Guillermo Lasso se resiste a levantar el estado de excepción y la militarización en seis de las 24 provincias del país. Era una de las exigencias de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) para entablar negociaciones.
El ministro del Interior, Patricio Carrillo, confirmó la muerte de un policía y de dos indígenas, uno de los cuales manipulaba explosivos, en la ciudad de Puyo, en la Amazonía ecuatoriana, 152 kilómetros al sudeste de la capital. Desde el 13 de junio, miles de indígenas y campesinos liderados por la Conaie se congregan en distintos puntos de Ecuador para reclamar contra el aumento de los precios del combustible, causante del alza del costo de vida.
En la última semana, unos 15.000 manifestantes arribaron a Quito. El presidente Lasso se mostró dispuesto al diálogo en cualquier fecha, hora y lugar, pero no acepta las condiciones impuestas por la Conaie, liderada por Leónidas Iza.
Las embajadas de la Unión Europea, Alemania, Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Francia, España, Italia, España y Suiza expresaron en un comunicado público su preocupación por los continuos disturbios, que afectan “los derechos fundamentales de los ciudadanos''. El Departamento de Estado de Estados Unidos aumentó ayer su nivel de alerta para viajar al país.
Se agrava la tensión social en Ecuador
Quito se mantenía virtualmente paralizada con poco tránsito y comercios cerrados. Las universidades, la Iglesia y las delegaciones de la ONU y de la OEA, entre otras 300 instituciones, invitaron al gobierno y la Conaie a rubricar acuerdos para frenar la ola de violencia. El paro nacional, en demanda de la reducción del precio de la gasolina, de US$2,55 el galón a US$2,10, la fijación de precios de los productos agropecuarios y un mayor presupuesto para la educación, es por tiempo indeterminado.
Las protestas se han caracterizado por bloqueos intermitentes de las principales rutas en las seis provincias intervenidas mientras en la capital grupos de manifestantes recorren la ciudad agrediendo a vehículos y civiles y obligando a cerrar a los negocios, algunos de los cuales fueron saqueados. Las pérdidas desde el comienzo de las protestas rondan los US$135 millones, según el gobierno.
JL PAR
