El gobierno de Chile desplegó este lunes un contingente militar en sectores fronterizos con Perú y Bolivia para frenar la inmigración ilegal por medio de controles de identidad, de equipaje y de extranjeros que hayan cometido delitos.
Se trata de uno de los principales problemas que enfrentó el presidente, Gabriel Boric, desde su arribo al poder: la inmigración descontrolada en el extremo norte.
Entre los proyectos presentados, uno de ellos otorga facultades a las fuerzas armadas para controlar los pasos ilegales.
Los militares ya estaban distribuidos en sectores de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, donde se produce la mayor inmigración ilegal, pero no tenían facultades especiales y sólo colaboraban con la policía.
El decreto que permite el uso de las fuerzas armadas estará en vigor durante 90 días y es prorrogable con el respaldo del Congreso.
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En casos extremos, las fuerzas armadas podrán echar mano de sus armas de fuego como última alternativa después de cumplir con varios pasos previos, como advertencias verbales y uso de granadas de humo, gas pimienta, bastones, dispositivos eléctricos, proyectiles de pintura, armamento antidisturbios y disparos de advertencia.
En Chile viven casi 1,5 millones de migrantes, incluidos unos 500.000 venezolanos que mayoritariamente regularizaron su situación.
BL JL
