En junio de 1806, cuando Buenos Aires todavía era parte del Virreinato del Río de la Plata, una flota británica al mando del general William Carr Beresford desembarcó en Quilmes con unos 1.500 soldados y avanzó rápidamente sobre la ciudad. El virrey en ese momento, Rafael de Sobremonte, en vez de organizar la resistencia y luchar contra los ingleses, huyó con los fondos públicos a Córdoba.
A la altura de Luján, el botín fue capturado por tropas británicas y enviado a Londres. Este hecho fue narrado en el libro "Óxido. Historia de la corrupción en Argentina 1580-2023", de Jorge Lanata, como uno de los primeros casos de corrupción y mal manejo de los fondos públicos de nuestra historia. Yendo hacia atrás en el tiempo, en el mismo libro, Lanata contó que en 1607, Bernardo de León pagó 2.000 pesos para ocupar un puesto en el cabildo por treinta años, lo que fue algo así como un primer soborno formalizado como transacción por el cargo.
Además, en aquellas épocas eran comunes los “juicios de residencia”, un mecanismo para revisar cuentas de virreyes y altos funcionarios al terminar su mandato, porque era habitual la sospecha de que muchos se quedaban con bienes o dinero que no les correspondía. Estos hechos, originados antes de que este territorio se llamara Argentina, varios siglos atrás en el tiempo, confirman que la corrupción no es algo excluyente de un Gobierno, sino un problema estructural.
Digo todo esto porque, al abrir todos los diarios de hoy, una práctica que puede parecerles anacrónica, pero que recomiendo, las dos primeras notas de casi todos los diarios señalan correctamente la noticia del procesamiento del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, junto a otros 18 funcionarios, acusado de cobrar coimas y realizar compras de medicamentos con sobreprecios. La noticia que le sigue es la renuncia de Demian Reidel de Nucleoeléctrica, también acusado de contratos con sobreprecios.
Estos dos casos no son simples funcionarios que cometieron un delito. Golpean de lleno en el círculo de confianza presidencial. Recordemos las acusaciones sobre el 3% para Karina Milei que se escucharon en el audio. El mismo audio que Spagnuolo había dicho, después de varios meses de haberse conocido, que había sido hecho con Inteligencia Artificial. El procesamiento no se basa en la veracidad de los audios, se basa en otra documentación, pero la investigación continúa: ¿avanzará sobre la veracidad del contenido de las filtraciones?
Por otro lado, Reidel, amigo de Javier Milei antes de su llegada a la presidencia, encarnaba el ala técnica del proyecto libertario. Economista con trayectoria internacional, fue presentado como uno de los arquitectos del programa económico y ocupó la jefatura del Consejo de Asesores. Su presencia en giras oficiales y discusiones estratégicas lo colocó como una voz influyente dentro del esquema presidencial. Más que un funcionario tradicional, funcionaba como puente entre Milei y sectores financieros y académicos que el gobierno buscaba interpelar. Esa cercanía no era solo profesional: simbolizaba la apuesta del presidente por rodearse de cuadros técnicos alineados ideológicamente.
Spagnuolo, en cambio, representaba una confianza de naturaleza más personal. Abogado de Milei antes de su llegada a la Casa Rosada, su desembarco en la gestión pública respondió a ese vínculo previo. La designación al frente de un organismo sensible como la ANDIS reflejó que el presidente privilegiaba la lealtad y el conocimiento directo por sobre la trayectoria administrativa. Su figura sintetizaba una lógica común en gobiernos nacientes: trasladar al Estado a quienes ya integraban el núcleo de confianza.
La supuesta asociación ilícita que complica a Spagnuolo y Calvete
Además de estos dos casos, también estuvieron el caso $Libra, las denuncias por venta de candidaturas, las denuncias contra José Luis Espert, principal candidato en las últimas elecciones, por haber sido financiado anteriormente con dinero de un narcotraficante, las denuncias a la candidata rionegrina Lorena Villaverde, también por haber sido detenida por narcotráfico en Estados Unidos, y la supuesta venta de reuniones con el Presidente por parte de su hermana Karina.
Es fácil tentarse con la idea de que este Gobierno es más corrupto que otros. Que ningún otro gobierno, a esta altura de su mandato (dos años y dos meses), tenía tanto nivel de escándalo. Sin embargo, la historia de nuestra democracia es más compleja.
El menemismo (1989-1999) y el kirchnerismo (2003-2015) están entre los períodos de la historia reciente argentina más marcados por escándalos de corrupción, pero su carácter, escala y modus operandi fueron diferentes, reflejando tanto el contexto político como las formas en que se articulaba el poder con intereses privados.
Durante la presidencia de Carlos Saúl Menem, la corrupción política se entrelazó con un proceso de privatizaciones masivas de empresas públicas (teléfonos, aerolíneas, ferrocarriles, energía, gas) y con prácticas de poder clientelar propias del peronismo reformista de ese momento. El Estado, debilitado por la crisis económica y la hiperinflación de finales de los 80, delegó funciones clave a empresas privadas, muchas de ellas adjudicadas a precios francamente inferiores a su valor real, lo cual abrió espacios para que funcionarios y sus allegados obtuvieran beneficios personales o permitieran adjudicaciones con favores políticos como parte del proceso de reforma económica.
Uno de los escándalos más notorios de esa era fue Swiftgate (1991): el asesor presidencial Emir Yoma fue acusado de pedir una coima para agilizar trámites impositivos a una empresa estadounidense interesada en operar en Argentina, lo que forzó su renuncia. En buena parte de los casos, las prácticas corruptas durante el menemismo se movían en un terreno de favores, comisiones informales y clientelismo corporativo, más que en redes organizadas a gran escala como se documentaría después en otras épocas. El inversor, el privado extranjero o local podía ser “invitado” a pagar retornos para asegurar contratos o beneficios, en un esquema menos estructurado pero muy presente en la política estatal.
Este patrón fue descrito en su momento por cronistas y académicos. Para algunos, el menemismo fue “la escuela de la corrupción” que sentó bases y normalizó prácticas habituales en la política nacional posterior, aunque otros observadores relativizan su alcance comparado con épocas posteriores.
En contraste, el kirchnerismo acumuló múltiples investigaciones judiciales y mediáticas que indican formas más sistemáticas y centralizadas de manejo de recursos públicos a través de redes clientelares y de recaudación ilícita. Una de las causas más emblemáticas es la llamada Causa de los “Cuadernos de la Corrupción”, impulsada por anotaciones detalladas del chofer Óscar Centeno sobre pagos sistemáticos de sobornos a funcionarios a cambio de contratos de obra pública. En este caso, cuyas audiencias comenzaron en 2025, con 87 imputados, se acusa a Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner de haber liderado una asociación ilícita para recaudar sobornos entre empresarios beneficiados con obra pública, con montos millonarios en juego durante años.
Además de este episodio, el kirchnerismo enfrentó causas como el “K Money Trail”, una investigación periodística que señalaba el desvío de fondos de infraestructura a cuentas en paraísos fiscales a través de intermediarios como Lázaro Báez. Y la propia Corte Suprema confirmó en 2025 una condena contra Cristina por irregularidades en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz (Causa Vialidad), lo que representa uno de los pocos fallos firmes en la historia argentina contra un expresidente por corrupción.
“Robo para la Corona”, el título del libro de Horacio Verbitsky (1991), plantea una idea clásica: la corrupción como apropiación privada del Estado. La “corona” es el círculo íntimo del poder menemista. El robo aparece como botín personal, enriquecimiento de funcionarios y allegados, favores cruzados y comisiones. El eje es patrimonial: el Estado se convierte en caja de negocios. La crítica apunta a la degradación institucional y al uso del poder para beneficio individual. Es una corrupción que se presenta como privatización del poder público.
En cambio, “Robo para la orga”, consigna surgida en el debate político durante el kirchnerismo, describe otra hipótesis: la corrupción no como fin individual sino como recurso para sostener una estructura política. La “orga” remite a la organización militante, territorial o partidaria. Bajo esta lectura, el dinero no sería solo enriquecimiento personal sino financiamiento de construcción de poder, lealtades y aparato. No implica una absolución moral, pero cambia el encuadre: el robo se interpreta como instrumental, parte de una lógica de acumulación política.
Por otro lado, podríamos señalar que, mientras el menemismo montó su corrupción sobre un proceso de desguace y achicamiento del Estado, el kirchnerismo lo hizo mediante lo contrario: la reestructuración del Estado y su participación cada vez mayor en la obra pública, por ejemplo. Como vemos, es absolutamente estructural.
En los últimos años, las teorías sobre el origen de la corrupción política dejaron de verla como simple “desviación moral” para entenderla como fenómeno estructural, ligado a incentivos, cultura institucional y dinámicas de poder.
Una línea influyente es la de Alina Mungiu-Pippidi, que sostiene que la corrupción surge en sistemas donde prevalece el particularismo: el acceso a recursos depende de redes personales y no de reglas universales. Para ella, la corrupción no es anomalía sino el modo normal de funcionamiento de Estados que no consolidaron una ética pública impersonal.
En paralelo, Bo Rothstein plantea que la corrupción se origina en equilibrios sociales de baja confianza: cuando los ciudadanos creen que todos incumplen reglas, actuar honestamente parece irracional. La corrupción se vuelve así un problema de coordinación colectiva, no solo de individuos corruptos.
Otra perspectiva clave es la de Daron Acemoglu y James Robinson, quienes vinculan corrupción con instituciones extractivas. Allí, las élites diseñan reglas para capturar rentas, reproduciendo desigualdad y debilitando controles. La corrupción no es un exceso del sistema sino parte de su arquitectura.
Desde la economía política, Susan Rose-Ackerman enfatiza el rol de los incentivos burocráticos: monopolios estatales con baja rendición de cuentas generan oportunidades sistemáticas para el soborno. La corrupción aparece como resultado previsible de diseños institucionales defectuosos.
Más recientemente, Persson, Rothstein y Teorell argumentan que combatir la corrupción requiere cambiar normas sociales, no solo castigos legales. Si el entorno premia el favoritismo, las reformas formales fracasan.
En conjunto, estas teorías coinciden en algo central: la corrupción no nace únicamente de la codicia individual, sino de estructuras que normalizan privilegios, erosionan la confianza y convierten el poder público en recurso capturable. Por eso, su origen, y su persistencia, es inseparable de cómo se organizan las instituciones y las expectativas sociales.
Obviamente, este flagelo no es exclusivo de nuestro país, aunque Argentina viene retrocediendo en los rankings de percepción de la corrupción. Es una paradoja que durante la presidencia de quien prometía erradicar la corrupción, Argentina haya empeorado sus índices mundiales de corrupción.
El Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional muestra que Argentina obtuvo 36 puntos sobre 100, un punto menos que en la medición de 2024, lo que confirma un retroceso en la lucha contra la corrupción. En el ranking global de 180 países, el país quedó en el puesto 104.
A nivel regional, Argentina se ubica por debajo del promedio latinoamericano (42 puntos) y ocupa el puesto 18 de 32 países. Uruguay y Canadá lideran el continente, mientras que Venezuela y Nicaragua figuran entre los peor evaluados. En el plano mundial, Dinamarca y Finlandia encabezan la lista, y Sudán del Sur, Somalia y Venezuela aparecen como los más corruptos.
Demian Reidel justificó el pago de una deuda de más de 800 millones de pesos
Desde Transparencia Internacional advierten que la corrupción es una amenaza global que debilita la democracia, favorece el abuso de poder y afecta el desarrollo. Poder Ciudadano señala que en Argentina el fenómeno es estructural, atraviesa espacios políticos y económicos, y refleja una tolerancia social que debería revertirse. Además, su director ejecutivo menciona retrocesos recientes, especialmente en acceso a la información pública, y cuestionamientos sobre la voluntad política de combatir la corrupción.
En los noventa había una palabra interesante para criticar a quienes hacíamos de las denuncias de corrupción un eje central del debate público y la denuncia periodística: “honestistas”. Según esta palabra, diferentes intelectuales, muchos de los cuales luego estuvieron encolumnados en el kirchnerismo, la corrupción no era un problema central de la política argentina. Temas como la desigualdad y las privatizaciones eran mucho más importantes.
Hoy, más de 30 años después, habiendo pasado tanto, podemos decir que la corrupción es un tema que corroe las bases democráticas del país. Si las instituciones son habitadas por funcionarios que ven al Estado como un botín, ¿por qué alguien debería votarlos? ¿Qué importancia tiene elegir entre diferentes fuerzas políticas si todas tienen una importante cantidad de dirigentes que piensan solo en su beneficio personal? Obviamente, defendemos la democracia y todos sus valores, pero es necesario preservarla del cinismo corrupto que habita en buena parte de los políticos.
Para que haya cada vez más personas que se desentienden del sistema democrático, tiene que haber primero más dirigentes que no crean en la democracia, porque alguien que está esperando llegar a su cargo para robar a través de sobreprecios u otra maniobra delictiva, en el fondo no cree en la democracia. No cree que se pueda mejorar la vida de la gente a través del libre debate de ideas y la ejecución de políticas públicas. Es un cínico llevado por la filosofía del “sálvese quien pueda”.
Desde la Editorial Perfil, estamos orgullosos de haber investigado y denunciado la corrupción en todos los gobiernos. Si eso es ser honestistas, seremos honestistas, pero particularmente la Revista Noticias tuvo numerosas tapas que demuestran que el periodismo debe y puede funcionar como una institución de la República para preservar justamente el valor de las instituciones.
Cuando uno de los más poderosos actores económicos y políticos de la época del menemismo, Alfredo Yabrán, hacía sus negociados desde las sombras, nuestro reportero gráfico José Luis Cabezas lo fotografió y lamentablemente pagó con su vida, en lo que fue la última muerte por hacer periodismo en nuestro país, gracias a la recuperación reciente de Pablo Grillo.
Durante el kirchnerismo, en el momento de auge de Néstor, fuimos los primeros que denunciaron a Lázaro Báez. Esto nos valió la exclusión directa del reparto de la publicidad pública por el entonces Gobierno.
Y, obviamente, con Milei no hicimos ninguna excepción. Si bien hubo múltiples tapas críticas con este Gobierno, ya que estamos hablando del tema de la corrupción.
Más allá del lógico orgullo que tenemos por nuestro trabajo, es necesario defender este tipo de prácticas periodísticas. En esencia, es una lucha, como decía Lanata, contra el óxido que corroe la democracia, que es la corrupción.
Producción de texto e imágenes: Facundo Maceira
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