Bajo la gestión de Javier Milei cerraron 29 mil empresas y se perdieron 245 mil empleos privados. Esto representa un promedio de 35 cierres por día, es decir aproximadamente 1,5 empresas por cada hora de gobierno. Si seguimos este promedio de las cifras extraídas de informes elaborados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y el Centro de Economía Política Argentina, habrá más de cuatro empresas menos cuando termine este programa.
Según el presidente Milei, esto sucede porque la apertura de importaciones llevada adelante por su gobierno puso a competir a empresarios prebendarios que, en sus términos, “cazaban en el zoológico” y cobraban altos precios a los argentinos. De hecho, Milei habló de “robarles” a los argentinos. Anteriormente, el Presidente utilizaba el término “empresaurios” para referirse a este sector.
Por otro lado, también explicó que si hay empresas que no pueden competir con los productos importados, es natural que cierren, pero que el ahorro que los consumidores tendrán gracias a los bajos precios de la mercadería china, por ejemplo, hará que utilicen ese dinero comprando otros bienes, lo que potenciará otras industrias y creará nuevas fábricas que sí sean competitivas. Esto motivó a que la UIA (Unión Industrial Argentina) y AEA (Asociación Empresaria Argentina) hayan reaccionado y publicado comunicados que, con sus matices, piden diálogo y políticas favorables a la industria.
“En esta etapa de transformación, queremos ser claros: el respeto es condición básica del desarrollo. Respeto hacia quienes producen, invierten y generan empleo en todo el país. El respeto es el punto de partida para reconstruir la confianza que la Argentina necesita, tanto puertas adentro como frente al mundo”, comunicaron desde la UIA.
Por su parte, la AEA expresó: “Para avanzar hacia un crecimiento sostenido, es indispensable promover un diálogo constructivo y respetuoso entre el Gobierno y el sector privado, de modo de remover los obstáculos al desarrollo, así como de generar condiciones cada vez más favorables para la concreción de inversiones productivas en diferentes sectores de la actividad económica”.
Naturalmente, el comunicado de la AEA es mucho más medido que el de la UIA. En la AEA se encuentran empresarios como Marcos Galperín, que se encuentran mucho más cercanos al Gobierno. Sin embargo, el hecho de que hayan salido estos dos comunicados marca un punto de inflexión de los empresarios frente al gobierno de Milei. Ambos comunicados remarcan que se encuentran a favor de ciertos aspectos del rumbo, como el equilibrio fiscal y la reforma laboral, pero reclaman mayor entendimiento y coordinación para la apertura de las importaciones.
Es interesante que, mientras Milei insulta directamente a los empresarios e inclusive los apoda como "Don Chatarrín" o "Don Gomita" a emblemas de la industria nacional como Paolo Rocca o Madanes Quintanilla, la reacción de las entidades empresariales es más bien medida aún. Es decir, no es proporcional al daño causado a la industria ni a la virulencia del tono. Vamos a enumerar una serie de razones de por qué eso es así:
1. En términos económicos, es fundamental distinguir entre la lógica del flujo y la del stock. Mientras que el flujo representa la ganancia o pérdida de un ejercicio anual específico, el stock, o patrimonio permanente, constituye el valor estructural y la capacidad de generación de riqueza a largo plazo.
Desde esta perspectiva, si el costo de aprobar reformas estructurales profundas (laboral, tributaria y desregulatoria) implica un flujo negativo durante los primeros dos años, la operación debe leerse como una inversión y no como una pérdida. Esto se debe a que el beneficio de dichas reformas se incorpora al stock de la economía de forma permanente, mejorando la competitividad y la seguridad jurídica para todo el ciclo futuro.
En definitiva, el sacrificio temporal del flujo es el precio necesario para valorizar el patrimonio nacional de manera definitiva. Según este planteo, los empresarios verían a Milei como una suerte de transición a la que luego le quitarían el apoyo cuando deje de ser necesario.
2. Los empresarios también tienen ideología y no solo deciden en función de maximizar su propia utilidad. Por eso, aunque ganen con el peronismo, si creen que el peronismo es malo para el país donde viven por otros motivos que no solo tienen que ver con su empresa, y tienen resto y capital para soportar menos ganancias, están dispuestos a perder dinero pero que se haga lo que creen correcto. Es un error creer que todos y siempre solo se mueven por maximizar el beneficio material.
3. Las instituciones empresarias son las cancillerías de las cámaras empresarias. Su misión es hacer lobby e influir sobre los gobiernos, aumentando los beneficios o reduciendo los costos, para lo cual siempre trataron de no confrontar, salvo cuando no les quede más alternativa. En general, en público aplauden a todos los gobiernos.
4. Temor a quedar expuestos a un enfrentamiento público, ellos como personas físicas o sus familias. No tienen el cuero duro de los políticos o los periodistas.
A estas razones también hay que sumar intereses particulares de muchos empresarios, que pueden perder por un lado con la apertura de las importaciones, pero ganar por el otro con acuerdos con el Gobierno. Por ejemplo, hay empresarios que, además de fábricas industriales, también tienen minas que esperan una importante alza si se llega a acuerdos con empresas extranjeras facilitadas por el RIGI, o que pueden estar esperando alguna concesión de las empresas que plantea privatizar Milei.
Ahora bien, esta dualidad de los industriales frente a gobiernos liberales e intervencionistas los sigue desde toda su historia. A lo largo de casi 140 años, la UIA ha pasado de los brindis en los salones presidenciales a las solicitadas de guerra, navegando entre la necesidad de protección y el temor a la política popular.
La asociación de industriales nació en 1887 como un matrimonio por conveniencia entre los pequeños fabricantes del Club Industrial y los grandes grupos del Centro Industrial Argentino. Su padrino político fue Carlos Pellegrini, el “piloto de tormentas” que instaló una verdad incómoda para la élite de la época: una nación que solo exporta pasto y carne es una nación incompleta. Durante esas décadas, la entidad fue una voz aristocrática que buscaba un lugar en la mesa del poder, logrando que el Estado pusiera los primeros ladrillos del proteccionismo para que las fábricas locales no fueran devoradas por la manufactura británica.
Con la llegada de Juan Domingo Perón en 1945, la UIA vivió su primera gran crisis de identidad. Por un lado, el modelo de sustitución de importaciones le dio a las fábricas un mercado interno cautivo y ganancias récord. Por otro lado, la entidad detestaba el empoderamiento sindical y el control estatal. Pasó a la oposición abierta, viendo en el peronismo una amenaza a su jerarquía social. Fue una época donde muchos industriales se beneficiaron del consumo masivo mientras conspiraban políticamente contra el gobierno que les garantizaba la demanda.
Tras el caos de los años 70, la dirigencia industrial vio en el golpe de marzo de 1976 la “solución” al conflicto laboral. Aunque la entidad estaba intervenida, sus cuadros técnicos nutrieron el equipo económico de José Alfredo Martínez de Hoz. El apoyo fue fáctico y silencioso frente a la represión, pero el despertar fue brutal. El plan de apertura indiscriminada y dólar barato destruyó el 25% del aparato fabril. La historia de este periodo cerró con la estatización de la deuda privada en 1982: las grandes empresas sobrevivieron porque el Estado absorbió sus compromisos financieros, mientras miles de PyMEs desaparecían sin dejar rastro.
Con el regreso a la democracia, la UIA se convirtió en una trinchera opositora para Raúl Alfonsín. Los industriales veían en el líder radical a un político que no entendía la lógica del mercado y que les daba demasiado espacio a los trabajadores. La tensión fue constante hasta el estallido de la hiperinflación.
Luego, durante los años 90, la entidad volvió a dividirse. Los sectores ligados a los servicios y grandes grupos exportadores aplaudieron a Carlos Menem, pero la Convertibilidad fue un veneno lento para el resto de la industria. Hacia finales de la década, con Fernando de la Rúa, la UIA ya era una voz de alarma ante una economía que se desmoronaba por la falta de competitividad cambiaria.
Tras el desastre de 2001, Néstor Kirchner y la UIA vivieron un idilio basado en un dólar alto y energía barata. Fue el periodo de mayor sintonía en décadas. Sin embargo, con Cristina Kirchner, la relación se agrió por los controles de precios y las trabas a las importaciones. El regreso de Mauricio Macri fue recibido con esperanza por ser “uno de los suyos”, pero la gestión terminó en decepción: las tasas de interés por las nubes y el aumento de tarifas asfixiaron a las fábricas que antes lo habían apoyado.
En la actualidad, bajo el gobierno de Milei, la UIA navega en aguas desconocidas. Mientras la cúpula celebra la reforma laboral, el sector sufre una recesión profunda y el fantasma de una nueva apertura indiscriminada que amenaza con repetir los ciclos del pasado.
La historia de la UIA es, en definitiva, la historia de una burguesía que muchas veces ha preferido el orden político a su propio desarrollo económico, y que todavía hoy se pregunta si Argentina puede competir sin pisar los salarios o si está condenada a ser, nuevamente, una estancia gigante.
La burguesía industrial argentina padece una debilidad estructural que la obliga a buscar alianzas contradictorias. Por un lado, necesita al peronismo o a los gobiernos populares porque son los que generan consumo interno y protegen la aduana; pero, por otro lado, les teme porque esos gobiernos fortalecen a los sindicatos y aumentan la presión fiscal.
Cuando la burguesía nacional apoya proyectos libremercadistas o directamente militares, lo hace buscando "orden" y bajos salarios, pero termina sufriendo la apertura de importaciones que esos mismos gobiernos proponen. Es una clase atrapada en un laberinto: los que la ayudan a vender (el peronismo) le quitan poder político y rentabilidad laboral, y los que le prometen poder político (el liberalismo) le quitan el mercado donde vende sus productos.
A diferencia de la burguesía alemana de Bismarck o la estadounidense de Lincoln, que fueron capaces de imponer un proyecto de "capitalismo nacional" a sangre y fuego, la argentina nunca se decidió a ser la clase dominante de un proyecto autónomo. Prefirió ser el socio menor de una élite agropecuaria o financiera. Desde el punto de vista de los gobiernos, cabe preguntarse cuál es la mejor manera de que se desarrolle la industria. ¿Qué tipo de relación hay que tener con los empresarios industriales?
Encuesta de la UIA: más del 50% de la industria reporta caída de producción y ventas
En Corea del Sur, el modelo se cimentó sobre la colaboración estratégica y casi simbiótica entre el gobierno y los chaebols, grandes conglomerados familiares como Samsung o Hyundai. Tras la guerra, el Estado no solo protegió a estas empresas, sino que las utilizó como brazos ejecutores de su política industrial.
El gobierno coreano dirigía el crédito, seleccionaba los sectores estratégicos y garantizaba la supervivencia de los grupos a cambio de que estos cumplieran metas estrictas de exportación y desarrollo tecnológico. Aquí, el éxito del empresario es el éxito de la nación; no se castiga la concentración de poder, sino que se la fomenta bajo el concepto de campeones nacionales, generando una estructura donde el stock del país crece al ritmo del patrimonio de estas familias.
Por el contrario, la tradición de Estados Unidos se basa en la desconfianza hacia el monopolio y la protección del consumidor a través de la confrontación legal. La Ley Sherman y la tradición del anti-trust nacen de la premisa de que un empresario demasiado poderoso asfixia la competencia y corrompe la democracia. Mientras Corea fomenta la integración vertical, EE. UU. ha utilizado el poder judicial para fragmentar imperios, como sucedió con Standard Oil o AT&T, entendiendo que el mercado solo es eficiente cuando hay rivalidad. En este esquema, el gobierno actúa como un árbitro que no colabora con el ganador, sino que vigila que no destruya a los demás jugadores.
La diferencia es radical: mientras en Seúl el Estado y el empresario caminan de la mano para conquistar mercados externos mediante la acumulación, en Washington el Estado suele ver al gran empresario como una amenaza potencial a la libertad del mercado que debe ser contenida mediante la regulación. El modelo coreano prioriza la escala y la planificación centralizada, mientras que el estadounidense prioriza el dinamismo de la competencia y la fragmentación del stock de poder económico para evitar la captura del sistema político.
En Argentina no hay una política a largo plazo sobre el empresariado industrial, como en general no la hay sobre ningún tema. Probablemente en esto reside gran parte del problema. Por otro lado, también sobrevive en nuestro país una imagen negativa de los empresarios. Se los acusa, por parte de militantes ligados al peronismo y la izquierda, como desalmados y explotadores. Y ahora, por parte de los libertarios, como ladrones y “empresaurios”.
Esto no es así. Entre los empresarios, como entre todos los sectores sociales, hay todo tipo de personas. Queremos, en ese sentido, rescatar la figura de Enrique Shaw, recientemente canonizado como santo por la Iglesia Católica. Es un caso fascinante que rompe con la lógica tradicional del empresario argentino, y su reciente proceso de canonización, que ha tomado fuerza en estos días, lo sitúa como el "santo de saco y corbata". Fue un marino que luego dirigió Rigolleau, una de las cristalerías más importantes del país, pero lo que lo diferencia no es su éxito financiero, sino su visión del trabajador como un fin en sí mismo y no como un simple costo de producción.
Shaw sostenía que una empresa no debe ser una máquina de generar utilidades a cualquier precio, sino una comunidad de vida. Durante la crisis económica de finales de los años cincuenta, se opuso tajantemente a los despidos masivos que recomendaban los directores de la compañía. En lugar de ajustar por el eslabón más débil, propuso planes de eficiencia que salvaran los puestos de trabajo, bajo la premisa de que el capital debe estar al servicio de las personas y no al revés. Su concepto de "empresa humana" no buscaba mimar al trabajador con facilidades vacías, sino dignificarlo a través de la estabilidad y la participación.
Lo que lo eleva a la categoría de "santo", en la mirada de la Iglesia, es cómo vivió su enfermedad. Cuando necesitaba transfusiones de sangre, fueron los propios obreros de la fábrica quienes hicieron fila para donar, diciendo que "por Shaw daban hasta la última gota". Esa reciprocidad es una anomalía en la historia de las relaciones laborales argentinas, generalmente marcadas por la desconfianza mutua. Shaw encarnaba una tercera vía entre la confrontación del anti-trust estadounidense y la verticalidad coreana: una colaboración basada en la ética cristiana y la responsabilidad social.
Peter Turchin, a través de su disciplina denominada cliodinámica, sostiene que los grandes procesos de cambio y el colapso de las sociedades no son provocados por las masas o la presión popular desde abajo, sino por las dinámicas internas de las élites. Su tesis central gira en torno a lo que él llama la sobreproducción de élites. Este fenómeno ocurre cuando una sociedad genera demasiados aspirantes a ocupar posiciones de privilegio (político, económico o social) en comparación con las plazas disponibles para albergarlos.
Cuando el número de candidatos a la élite crece más rápido que la estructura de poder, se genera una competencia feroz y una polarización interna. Los "aspirantes a élite" que quedan fuera del sistema, a pesar de tener los recursos, la educación y la ambición para mandar, se convierten en contra-élites. Para alcanzar el poder, estas contra-élites terminan liderando el descontento popular y atacando las bases del orden establecido. En este sentido, la masa social funciona solo como el combustible, pero son las élites en conflicto quienes encienden la chispa y dirigen el incendio.
Turchin explica que este proceso suele ir acompañado de un empobrecimiento de la población general (miseria popular) y un aumento del endeudamiento del Estado. Sin embargo, el factor determinante es la fractura de la clase dirigente. Cuando las élites dejan de cooperar y se vuelven facciosas, las instituciones se debilitan y la sociedad entra en una fase de inestabilidad que puede derivar en guerras civiles o revoluciones.
Es fascinante aplicar esto a la Argentina y la burguesía que analizábamos. Siguiendo a Turchin, los cambios de modelo en el país no han sido por reclamos sociales puros, sino por sectores de la élite industrial o financiera que, al sentirse fuera del reparto o amenazados, decidieron romper el consenso previo para fundar un nuevo orden que los favoreciera. Fue la burguesía la que derribó la aristocracia europea y hay quienes afirman que fueron los intelectuales de clase media ilustrada quienes dirigieron las revoluciones llamadas socialistas del siglo XX.
Hoy la burguesía industrial se encuentra claramente fuera del modelo libertario, pero, como su historia lo indica, las cúpulas con más espaldas probablemente puedan aguantar este momento de crisis y luego capitalizar las reformas estructurales, y las pymes sigan cerrando de a miles. En el caso de FATE, en este mismo programa, el secretario general del gremio del neumático, Alejandro Crespo, recordaba que en el 91, FATE también cerró y volvió a abrir con un nuevo convenio laboral más favorable a la empresa. ¿Será que podría repetirse la historia?
Según una cita atribuida a Perón, "el capital es cobarde", pero esta visión ignora la verdadera esencia del empresario como gestor de riesgo. Siguiendo las teorías económicas de Frank Knight, el empresario no es un actor pasivo, sino el agente encargado de absorber la incertidumbre para transformarla en una estructura productiva. Su rol fundamental es actuar como un "buffer" o colchón de seguridad: mientras el trabajador busca la estabilidad de un salario fijo, el empleador asume la volatilidad del mercado, garantizando que la organización siga en pie incluso cuando el contexto es adverso.
Desde esta perspectiva, el empresario es una pieza insustituible en la evolución de cualquier sociedad. Su capacidad para administrar lo desconocido es lo que permite la creación de riqueza y, fundamentalmente, la generación de puestos de trabajo. Sin la figura del empleador dispuesto a poner en juego su patrimonio para gestionar el riesgo, el empleo simplemente no existiría. Lejos de ser un acto de cobardía, la inversión es un ejercicio de audacia que sostiene el entramado social, ya que el progreso no nace de la certeza, sino de la voluntad de aquellos que deciden gestionar el riesgo en lugar de evadirlo.
El papel de los empresarios en el desarrollo acelerado ha sido decisivo cuando lograron articular capital, innovación y Estado. En la Revolución Industrial británica, figuras como Arkwright convirtieron inventos en sistemas fabriles, mientras que en EE. UU., Ford y Rockefeller construyeron imperios basados en la integración vertical y economías de escala. Estos casos muestran al empresario como un organizador de revoluciones tecnológicas y de mercado.
En Asia, el modelo viró hacia una simbiosis estratégica. Japón y Corea del Sur utilizaron conglomerados como Toyota o Samsung como brazos ejecutores de planes nacionales, donde el Estado dirigía el crédito y el empresario garantizaba la exportación. Incluso en China, el sector privado escala la producción global bajo límites políticos estrictos. El patrón común del éxito es la reinversión de utilidades y la asunción de riesgos en contextos de incertidumbre.
La distinción clave es la que plantea Joseph Schumpeter: el empresario puede ser un innovador que crea valor mediante la "destrucción creativa" o un actor rentista que captura privilegios estatales. Mientras los primeros impulsan el salto productivo y el stock de riqueza nacional, los segundos asfixian la competencia. El éxito de un país no depende de la moral de sus empresarios, sino de un diseño institucional que premie la innovación sobre la captura de rentas.
Esperemos que el Gobierno escuche las advertencias de las cámaras empresarias y tome medidas para amortiguar el impacto de sus políticas. Las empresas que se cierran son puestos de trabajo que se pierden, más recesión y años de conocimiento que se desechan.
Producción de texto e imágenes: Matías Rodríguez Ghrimoldi
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