¿Por qué hay países ricos y países pobres? Esa pregunta guió el pensamiento económico y las ciencias sociales durante más de 250 años. Hoy, los expertos de la ONU tienen una respuesta. Lo fundamental que distingue a un país rico de uno pobre no son sus recursos naturales, su cantidad de territorio o su poder militar. Todo eso importa, pero lo que realmente distingue el destino de un país son los conocimientos, la creatividad, la capacidad de trabajo e innovación de las personas que viven en él, es decir, pesan más los cerebros de los habitantes que los barriles de petróleo a la hora de pensar qué tan rico es un país. Puede sonarles a una frase hecha, pero eso explica por qué países como Japón o Corea del Sur con escasos recursos naturales son más ricos que Nigeria llenos de petróleo y gas.
Argentina hoy es el sexto país con más estudiantes universitarios por cantidad de habitantes en el mundo y estamos primeros en cantidad de científicos por cada millón de habitantes en toda América Latina. Evidentemente, tenemos un potencial enorme y, si bien hay mucho por pensar y mejorar, ¿es correcto vaciar la universidad pública como hace este Gobierno y forzar una nueva fuga de cerebros o, como decimos en esta nota, una marcha de cerebros?
Durante la década de los sesenta, bajo la dictadura militar de Juan Carlos Onganía, las universidades fueron intervenidas y se vivió una brutal persecución a los profesores, investigadores y estudiantes. El clima asfixiante que generó el gobierno de facto provocó lo que se conoció como fuga de cerebros. Gran parte de los argentinos con mayor formación del país tuvieron que exiliarse en el extranjero por persecución ideológica.
César Milstein, premio Nobel de Medicina en 1984 por el desarrollo de los anticuerpos monoclonales, suele aparecer como símbolo de la fuga de cerebros argentina, aunque técnicamente no se fue del país tras La Noche de los Bastones Largos de 1966. Milstein ya había regresado a Cambridge en 1962, después del deterioro político y científico posterior al derrocamiento de Arturo Frondizi y de la falta de condiciones para investigar en Argentina. Sin embargo, su historia terminó funcionando como una metáfora perfecta de lo que ocurriría pocos años después: tras la represión ordenada por Onganía en las universidades, cientos de docentes e investigadores renunciaron o emigraron —entre ellos más de 200 científicos— en lo que suele considerarse una de las mayores fugas de cerebros de la historia argentina. La paradoja es brutal: el país formó a uno de los científicos más importantes del siglo XX, pero el Nobel terminó desarrollándose fuera.
Ahora no hay una intervención directa sobre las universidades ni golpes de Estado. Hay un vaciamiento. Si se destruyen las condiciones de posibilidad de que existan docentes que cobren lo mínimo y necesario para poder seguir dando clases o para investigar, se le quita todo tipo de posibilidad de funcionamiento a las universidades. Se vacían los bolsillos de los cerebros, para que dejen de formar nuevos cerebros y se terminen yendo al sector privado o fuera del país.
Hoy un docente universitario cobra, según cargo y antigüedad, entre cinco mil y diez mil pesos por hora. Un científico del CONICET, entre seis mil y dieciséis mil. Los salarios cambian según jerarquía, pero el panorama es parecido: después de años de formación, la paga muchas veces queda lejos de sectores privados que pueden triplicar o quintuplicar esos ingresos, sobre todo en tecnología, salud o ingeniería. Ni hablar si miran al exterior. Formar durante más de diez años a un profesional o científico con recursos públicos para después empujarlo a emigrar porque acá no puede vivir de su trabajo es transferir riqueza a otros países. Dinero, sí. Pero sobre todo algo más valioso: capital humano.
Ayer hubo una muy buena entrevista que Reynaldo Sietecase le realizó al decano de la Facultad de Exactas de la UBA.
¿Cuánto más se seguirá perdiendo si no se aplica la Ley de Financiamiento Universitario si en dos años y medio se perdió un 20%? ¿Cuántos estudiantes menos hay por comisiones que se cierran por falta de docentes? La emigración de profesores universitarios al mundo privado reduce la capacidad del país para ofrecer a jóvenes que no pueden costearse una educación universitaria.
El tema no es solo salarial, porque es evidente que, salvo los salarios de minería, energía y finanzas, todos los salarios de la Argentina se han reducido durante la presidencia de Milei, sino el presupuesto operativo general de las universidades, sus instalaciones, equipos, acceso a tecnología, su propia infraestructura.
Es interesante que el decano de Exactas recuerda que el costo de sostener la investigación no es relevante en términos fiscales. El Gobierno sostiene un fuerte ajuste sobre la universidad y la ciencia pública por una concepción política y filosófica.
Volvamos sobre el planteo de la riqueza de las naciones según los expertos de la ONU para entender bien este punto.
La Organización de las Naciones Unidas y el Banco Mundial hace tiempo empezaron a mirar la riqueza de los países de una forma distinta. La pregunta ya no es solo cuánto produce una economía por año —eso lo mide el PBI—, sino qué tan rico es realmente un país y cuánto potencial tiene para seguir siéndolo en el futuro.
Para eso usan una idea simple: la riqueza de una nación es la suma de distintos tipos de “capital”.
El primero es el capital natural: todo lo que da la naturaleza. Tierra fértil, agua, pesca, petróleo, gas, litio, minerales, bosques o biodiversidad. Un país con muchos recursos naturales tiene una ventaja económica, pero eso no garantiza desarrollo. Tener petróleo no alcanza si no hay instituciones, educación o industria para aprovecharlo.
El segundo, y para muchos organismos internacionales el más importante, es el capital humano. Es decir: las personas. Su educación, salud, conocimientos, capacidad de trabajar, innovar y producir. La idea central es que un país vale más cuanto más formada y sana está su población. Por eso países casi sin recursos naturales, como Japón o Corea del Sur, lograron hacerse ricos: invirtieron durante décadas en educación, tecnología y capacidades productivas.
El tercer componente es el capital producido o infraestructura: todo lo construido por una sociedad. Rutas, puertos, hospitales, universidades, internet, viviendas, fábricas, energía o trenes. Sin infraestructura, incluso una población muy capacitada puede producir menos.
Algunos estudios agregan un cuarto elemento: el capital institucional o social, que incluye estabilidad política, calidad del Estado, confianza, seguridad jurídica y capacidad de planificación.
La ecuación es sencilla: riqueza = naturaleza + personas + cosas construidas + instituciones.
Este enfoque permite entender una paradoja importante: un país puede crecer hoy y empobrecerse mañana. Si destruye bosques, deja caer escuelas, pierde científicos o deteriora infraestructura, quizá suba el PBI en el corto plazo, pero se achica la riqueza futura.
Aquí hay otra discusión de fondo sobre el tan mentado superávit fiscal que para comprenderlo en toda su dimensión hay que distinguir entre superávit económico y superávit financiero. El financiero mide solo la diferencia entre ingresos y egresos en tiempo presente, el económico mide el crecimiento o decrecimiento del capital, de los activos. Imaginemos en un hogar, se puede tener superávit financiero vendiendo la casa, el auto. Milei, en grandes rasgos, hace algo parecido porque logra superávit fiscal consumiendo dos de los tres capitales: el del pasado que es la infraestructura sin reponerla ni mantenerla, y el del futuro que es la educación, es decir, el capital humano en educación.
Ahí aparece una discusión clave para Argentina: la calidad y cantidad con la que un país forma durante años médicos, ingenieros o científicos con recursos públicos que si fuera solo en las universidades privadas serían muchos menos, al desfinanciar la educación, se pierde algo más valioso que dinero: capital humano, que según estos organismos es la principal riqueza de las naciones modernas.
El libro IQ and the Wealth of Nations (2002), de Richard Lynn y Tatu Vanhanen, sostuvo que existe una fuerte relación entre el rendimiento cognitivo promedio de una población y la riqueza de los países: según sus cálculos, Argentina tendría un CI promedio estimado de 94 y estaría alrededor del puesto 31 del mundo, junto con Uruguay los dos más altos de América Latina. ¿Por qué creen que esto es así? Cuando se analiza la diferencia entre Argentina y Uruguay y los otros países de la región, la diferencia es la universidad pública.
Si el decano de Exactas tiene un punto y Milei ataca la universidad pública y la ciencia pública por una concepción de fondo política y filosófica, probablemente tenga que ver con el lugar que nuestro Presidente piensa que Argentina debe tener en el mundo. Si vamos a ser simplemente un proveedor de energía y alimentos, que encima importa energía de otros países para hacerlo y la mayoría de la población trabajará en el rubro de servicios y tal vez no sean necesarios científicos y estudiantes universitarios molestos que critiquen el rumbo del país y ofrezcan otra salida.
Ahora, la pregunta para todo el resto es, ¿realmente queremos ese país?
Por otro lado, sin restarle importancia a otros conflictos, el universitario probablemente sea el lugar donde el gobierno está mostrando con mayor claridad sus dientes antidemocráticos. No ya por el debate ideológico —perfectamente legítimo— sobre cuánto invertir o qué modelo educativo defender, sino por algo bastante más elemental: el respeto a la división de poderes. La Ley de Financiamiento Universitario fue votada por el Congreso, vetada por el Poder Ejecutivo, insistida nuevamente por el Congreso y ratificada políticamente en reiteradas ocasiones. Nos podrá gustar más o menos, podremos discutir si alcanza, si es demasiado, si es insuficiente o si tiene defectos. Lo que no debería discutirse en una democracia republicana es si el Poder Ejecutivo puede simplemente elegir qué leyes cumplir y cuáles no.
Un Gobierno que decide no aplicar una ley votada por el Parlamento no está simplemente ajustando partidas; está enviando un mensaje político mucho más profundo: que el Congreso puede deliberar, votar, insistir y aun así resultar irrelevante frente a la voluntad presidencial. Es un precedente peligrosísimo, sobre todo para quienes dicen defender las instituciones mientras las usan como utilería de campaña.
Porque el problema ya no sería solamente universitario: sería republicano. La pregunta de fondo es incómoda pero necesaria. Si el Ejecutivo puede desobedecer una ley porque no coincide políticamente con ella, ¿qué impide que mañana haga lo mismo con cualquier otra? Además, que el Gobierno aplique la Ley de Financiamiento Universitario y cumpla con la Constitución no es la solución mágica a ningún problema. Simplemente es que los salarios docentes y de investigadores vuelvan a los niveles de diciembre de 2023. Sería un paliativo para que los cerebros se dejen de ir tan rápido. Para descapitalizarnos menos en términos de capital humano.
La motosierra o el laboratorio: la disyuntiva de la educación
No contento con esto, con no aprobar la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno aplicó ayer un nuevo ajuste sobre la educación. En términos concretos, el Gobierno recortó más de $78.700 millones en programas de la Secretaría de Educación. El principal tijeretazo cayó sobre el Plan Nacional de Alfabetización, que perdió más de $35.000 millones, reduciendo fondos para provincias. También fue eliminado el Fondo de Compensación Salarial Docente, que ayudaba a equiparar salarios mínimos entre jurisdicciones, con una poda cercana a $9.000 millones. A eso se suman recortes en infraestructura escolar, equipamiento educativo, programas socioeducativos y becas estudiantiles.
En el caso universitario, el ajuste incluyó la suspensión de transferencias para obras de infraestructura en universidades nacionales, profundizando una crisis presupuestaria que ya venía escalando desde 2024.
Por todo eso hay que ir a la marcha universitaria, la marcha de los cerebros para que no se marchen. Para que no se fuguen. Para que no se marchiten. Pero también para algo todavía más básico: para que no se vacíe lentamente una de las pocas instituciones argentinas que todavía producen movilidad social, conocimiento y capital humano. Porque cuando una universidad pierde docentes, investigadores y estudiantes, no solo pierde la comunidad académica. Perdemos todos. Incluso los que jamás pisaron una facultad. Porque una universidad pública que se vacía no es un problema de los universitarios: es una amputación silenciosa del futuro de un país.
Producción de texto e imágenes: Matías Rodríguez Ghrimoldi
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