El rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Jhon Boretto, lanzó este martes un fuerte reclamo contra el Gobierno nacional en la previa de la cuarta Marcha Federal Universitaria.
En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM), aseguró que las universidades públicas perdieron un 45% de las transferencias estatales en los últimos 26 meses y denunció que el Ejecutivo “se niega a cumplir” la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso. “Es como si durante siete meses docentes y no docentes no hubiesen cobrado salario”, sostuvo.
La movilización universitaria se desarrollará este martes en distintas ciudades del país. En la capital cordobesa, la concentración comenzará en Ciudad Universitaria y finalizará con un acto frente al Patio Olmos, en reclamo de mayor presupuesto para universidades y ciencia.
“No pedimos aumento, pedimos actualización”
Boretto describió un escenario de “situación crítica” para el sistema universitario y explicó que el reclamo actual no apunta a una expansión presupuestaria, sino a recuperar la pérdida generada por la inflación y el ajuste nacional.
“Ni siquiera estamos reclamando un incremento, sino una actualización del presupuesto universitario”, afirmó.
Según detalló, la caída de recursos impactó especialmente en los salarios, que representan cerca del 90% del presupuesto universitario. “Hubo una pérdida del poder adquisitivo de más de un tercio. Hemos hecho enormes esfuerzos para que la universidad siga funcionando, pero claramente no estamos en una situación de normalidad”, expresó.
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El conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario
Boretto recordó que el Congreso aprobó en dos oportunidades una ley para recomponer el financiamiento universitario. Según explicó, el Gobierno vetó la primera norma y, aunque el Parlamento logró revertir el veto con dos tercios en ambas cámaras, el Ejecutivo aún no ejecuta la ley.
“La cuarta marcha federal busca volver a poner de manifiesto esta situación crítica y exigir el cumplimiento de la ley”, sostuvo.
El rector confirmó además que las universidades recurrieron a la Justicia para exigir la aplicación de la normativa. “Estamos en un Estado de derecho y las leyes deben cumplirse. Es grave que el Gobierno no acate una ley ratificada institucionalmente”, remarcó.
