¿Cómo puede la preservación de la cultura, y en particular del cine, derivar en un juicio que amenaza con enviar a prisión a un divulgador cultural? Esa es la pregunta que hoy atraviesa uno de los casos más polémicos de España: el proceso judicial contra "El Feo", el apodo con el que se conoce al YouTuber detrás de La Filmoteca Maldita, a quien se acusa de impulsar ZooWoman un proyecto dedicado a rescatar y difundir películas descatalogadas.
El caso ha generado una fuerte discusión pública porque pone sobre la mesa un debate mucho más amplio: qué sucede con el patrimonio cultural en la era digital y quién tiene derecho a conservarlo, difundirlo o acceder a él.
Al ingresar a una plataforma de streaming, es frecuente encontrar el aviso "se va pronto". A diferencia de la época del VHS o del DVD, cuando el usuario era propietario de una copia física de la obra, hoy el acceso a la cultura está mediado por un sistema de suscripciones en el que la disponibilidad de los contenidos depende de decisiones empresariales.
Cuando una película abandona el catálogo de una plataforma, muchas veces desaparece también de los circuitos comerciales. Es allí donde se actualiza el concepto de "Lost Media", utilizado para describir obras audiovisuales, documentos o materiales culturales que dejan de estar disponibles para el público y cuyo acceso se vuelve extremadamente difícil o directamente imposible.
En el caso del cine, es lo que ocurre con películas independientes de autor, producciones de países con poca distribución internacional o incluso clásicos que ya no forman parte de los catálogos digitales ni del cine mainstream. Fue precisamente para combatir ese fenómeno que nació ZooWoman, la página impulsada por un grupo de cinéfilos donde se alojaban películas descatalogadas con el objetivo de facilitar su acceso a estudiantes, investigadores y cinéfilos, completamente gratis.
Fenómenos de taquilla: el cine como evento colectivo
Las películas disponibles en la plataforma eran utilizadas como bibliografía en universidades de América Latina y España. Además, el sitio no tenía publicidad ni cobraba suscripciones. Funcionaba como un espacio de divulgación cultural sin fines de lucro.
En 2021, el YouTuber detrás de La Filmoteca Maldita fue objeto de un allanamiento “de película” realizado por unidades especializadas de la policía española. Los agentes ingresaron a su domicilio con armas y equipo, como si fueran a detener a un narcotraficante, acompañados por especialistas en informática para analizar discos rígidos y localizar el material almacenado.
La parte acusadora reclama una indemnización cercana a los 800.000 euros y una pena de casi dos años y medio de prisión por la difusión de obras sin autorización de sus titulares de derechos. Además de la eliminación de todas las plataformas y redes sociales de la parte acusada.
Agenda cultural: qué ver esta semana
Uno de los nombres que aparece en el centro de la disputa es el empresario español Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, productor cinematográfico y titular de un enorme catálogo de cine español. Propietario de casi el 75% de todo el cine producido en España. Además, es titular de EGEDA, la entidad encargada de gestionar y proteger derechos audiovisuales.
Los derechos de autor nacieron supuestamente para proteger a los creadores, pero en muchos casos terminan funcionando como herramientas de defensa para grandes propietarios de catálogos que no necesariamente son los autores originales de las obras.
La discusión también conecta con otro fenómeno contemporáneo: la transformación de las leyes de propiedad intelectual. Cuando surgieron las primeras normativas modernas, los derechos tenían una duración relativamente breve, 14 a 28 años. Con el paso de las décadas, esos plazos se ampliaron hasta extenderse durante toda la vida del autor y varias décadas después de su muerte.
Esas legislaciones fueron diseñadas para una realidad tecnológica completamente distinta a la actual y que deberían revisarse para equilibrar la protección de los creadores con el acceso público a la cultura.
Los Estados deberían asumir esa responsabilidad mediante bibliotecas, archivos y filmotecas públicas capaces de conservar y ofrecer acceso a las obras que ya no forman parte de los circuitos comerciales.
Lo cierto es que el juicio contra El Feo se ha convertido en un símbolo de un debate global que atraviesa al cine, la literatura, la música y la inteligencia artificial. Un debate que enfrenta la propiedad intelectual como defensa de un negocio, a la necesidad de evitar que una parte del patrimonio cultural de la humanidad desaparezca para siempre.
Hay una diferencia enorme entre quien busca enriquecerse explotando una obra ajena y quien dedicó años de su vida a rescatar películas olvidadas para que estudiantes, investigadores y espectadores puedan acceder a ellas. Si una sociedad es capaz de negociar con gigantes tecnológicos que utilizan millones de obras para entrenar inteligencia artificial, pero responde con allanamientos, amenazas de prisión y multas devastadoras contra un divulgador cultural sin fines de lucro, entonces el problema excede a una persona y nos obliga a preguntarnos qué valor le damos a nuestra memoria colectiva. Porque cuando desaparece una película, no se pierde solo un archivo: se pierde una parte de nuestra historia. Y la historia, como el arte que la conserva, pertenece a todos. El cine es nuestro.
FM/ff
