Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación y referente de la CGT, calificó a la reforma laboral propuesta por el gobierno de Javier Milei como "agresiva" contra los trabajadores de todos los sectores. En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), afirmó que la ley “viola" la Constitución Nacional y aseguró: "A los empresarios les están entregando una transferencia de ingresos de los asalariados para compensar lo que están perdiendo".
Julio Piumato es abogado, político, secretario de Derechos Humanos de la CGT y secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación.
Reforma laboral: 5 puntos claves que cambian las relaciones entre trabajadores y empleadores
Néstor Sclauzero: ¿Qué evaluación hacen del paro general?
El paro es contundente en todo el país. Lo sabíamos porque esta mal llamada reforma es un proyecto esclavista, fundamentalmente violatorio de la Constitución de cabo a rabo. Lo hicieron de una forma que la gente ni se enterara de qué trataba. Incluso los propios que firmaron y votaron la ley no sabían lo que votaban. Es un escándalo la forma como se maneja el Congreso de la Nación, por eso van saliendo a la luz cuestiones que han golpeado fuertemente a la ciudadanía porque han puesto al descubierto, más allá de las palabras de algunos funcionarios, el verdadero sentido de la ley.
Ya se cayó la cuestión de que esto era para generar empleo. Lo dijo al comienzo mismo de este tratamiento uno de las plumas redactoras de esta ley, que fue el doctor Julián de Diego. También el ministro de Economía dijo que esta ley no era para dar más beneficio a los trabajadores, sino, indignado, decía: “¿Cómo los empresarios no aplauden esto que está hecho solamente para ellos?”. Es decir, no hay más derecho, sino toda quita de derechos, y para darle beneficio al sector empresario para compensar otras cosas que le quitan, porque está claro que esta política nacional golpea grandemente a los sectores empresarios, a los sectores industriales.
Hay verdaderamente un “industricidio” absoluto, con las políticas que está llevando el Gobierno a contramano de lo que pasa en el mundo. Todo el mundo protege a su industria nacional porque es la que genera empleo, la que le da competitividad hacia afuera. Y acá, a contramano del mundo, más allá de cuál sea la corriente ideológica del gobierno de cada país, todos defienden su industria porque todos defienden el país. Quien lotea a la industria, quien la destruye, evidentemente está pensando en otros intereses y no en los intereses de la Argentina.
NS: Sos representante de los judiciales, del sector estatal. Para lo que es el Estado, esta ley no abarca nada. ¿No es solamente para la actividad privada?
Para los judiciales sí hay muchos aspectos. Cuando hay una política de quita de derechos que empiece por el Estado, después traspasa al sector privado o aunque empiece por el sector privado, después traspasa al sector público. No son dos esferas absolutamente diferenciadas. La reforma laboral es agresiva contra todos los trabajadores.
Pero lo más grave es que nadie habla de que la reforma viola la Constitución Nacional. La Carta Magna, es la que establece la regla de juego, cómo se organiza una Nación, cómo se organiza una sociedad. Y acá nadie habla de la Constitución. La Constitución establece principios protectorios, como el artículo 14 bis, como el artículo 75 cuando incorpora los tratados internacionales que garantizan un piso de derechos a todos los argentinos. Esto se lleva por delante todo. Es decir, del primer punto al último punto es inconstitucional absolutamente.
Y si vos ves el nivel de debate allí en Diputados, se ve el nivel que tienen los representantes de la ciudadanía en el Congreso, la chabacanería con que se manejan, la falta de seriedad, el desconocimiento absoluto de la Constitución, de las leyes y hasta del texto que aprobaban, es tremendamente preocupante. ¿Por qué hacen mal? ¿Porque no saben o a sabiendas? Porque saben lo que están haciendo, y esto es mucho peor.
En el caso de los judiciales, es tremendo, porque por ley se elimina un fuero. Es la primera vez que pasa en la historia argentina, y ni más ni menos que el fuero del trabajo, violando la propia Constitución Nacional que establece que los trabajadores tienen una base protectora y que es el fuero nacional del trabajo el que se la garantiza.
NS: Explicanos para aquel que no tiene conocimiento fino qué significa este traspaso a otro ámbito de la justicia laboral.
Primero, es violar la Constitución, es violar la ley que plantea la autonomía de la Ciudad. El objetivo es quitar el fuero que garantiza los derechos de los trabajadores. Se pudieron evitar los disparates que planteaba el decreto de diciembre de 2023 porque la justicia laboral decretó su inconstitucionalidad, primero la cautelar y después la inconstitucionalidad claramente establecida.
Entonces, ¿ahora qué hace el Gobierno? No solo vuelve a avanzar sobre los derechos de los trabajadores, sino que quiere evitar la protección que la Justicia tiene obligación de dar para aquellas leyes o aquellas normas que violan preceptos y derechos amparados por la Constitución Nacional. Lo han dicho expresamente. Dicen: “Vamos a eliminar la industria del juicio”. Se ha demostrado que industria del juicio no hay.
Ya está demostrado que los trabajadores, incluso los informales, no van a tener más derechos, porque es mentira que no tienen derechos. Los trabajadores informales son una actitud fraudulenta apañada por el Estado de aquellos empresarios que no los tienen en blanco. Pero ese trabajador, si reclama judicialmente, demuestra porque los empresarios niegan la relación laboral y después, por las normas vigentes, tienen que pagar todo lo que no pagaron de aportes y todo lo que no pagaron en 10, 20 o 25 años.
Entonces, está claro que la composición misma de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires es absolutamente patronal. Y esto lo dice Jorge Macri, lo dice la misma senadora y exministra de la represión, Patricia Bullrich, que van a usar la justicia para eliminar todo reclamo de los trabajadores. ¿Sabés por qué? Porque en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires el Superior Tribunal tiene efectos casatorios. ¿Qué significa esto? Que una norma que hace el Superior Tribunal de Justicia se aplica a todos los casos, es obligatoria para los tribunales inferiores. Y además, en la Ciudad de Buenos Aires, los jueces se designan y se remueven por simple mayoría, y como está organizado el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, quien gobierna la ciudad maneja la justicia. Hasta podríamos decir que la justicia tiene dos personas dueñas que se reparten todas las designaciones y todos los negocios que hay en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires.
NS: ¿Cuáles son los nombres?
Es público: Juan Manuel Olmos por el peronismo y Daniel Angelici por el PRO. Esto no es ningún secreto, está admitido por todos. Entonces, es un tema tremendo generar esto, pero además lo particularmente grave es que estamos yendo a un modelo de centralismo porteño, de unitarismo que afecta seriamente a las provincias del interior del país. En el siglo XIX el modelo de centralismo porteño era toda la provincia de Buenos Aires. Hoy se reduce a la Ciudad de Buenos Aires porque el 90% de las empresas argentinas tienen su domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires. Por eso los juicios laborales se hacen en su mayoría en la Ciudad de Buenos Aires. Por eso también la mayoría de todo el tema de las empresas, la creación o la disolución de una empresa por concurso o por quiebra, lo resuelve la justicia comercial.
Entonces, pasando esto a la Ciudad, desde un gobierno local que tiene una autonomía que ahora está exagerada, que no es la que plantea la Constitución, va a manejar las relaciones laborales y la vida de las empresas de todo el país o de la mayoría del país. Esto es un modelo centralista porteño. Quien gobierna la Ciudad es la muerte del federalismo en la Argentina. Y lo dijo el jefe de Gobierno de la Ciudad: ahora viene laboral, después siguen los demás fueros, el puerto, la “chancha y los veinte”, la máquina de hacer chorizos, para decir que se quedan con todo y manejan. Esto es gravísimo.
Más allá de esta violación de la ley, realmente esta ley rompe todo lo que son las relaciones sociales, rompe años de historia donde parece que el único derecho que tiene un trabajador es ser esclavo, no tiene vida propia ni él ni su familia. Esto es un retroceso brutal y no nos garantiza, como dice la CGT, desarrollo, producción y trabajo. Evidentemente esto es una dádiva a las empresas para compensar el otro daño que la política oficial les hace y que están cerrando. A los trabajadores de FATE que los dejaron afuera de un día para el otro, 80 años de historia de esta empresa, y eso pasa todos los días, hay empresas que caen en la Argentina.
Entonces, a los empresarios acosados por la apertura salvaje de importaciones, acosados por la presión tributaria, acosados por los costos financieros, evidentemente les están entregando una transferencia de ingresos de los asalariados para compensar lo que están perdiendo. Pero esto no garantiza un desarrollo de la Argentina, sino todo lo contrario. Como me decía un empresario amigo, muchos colegas se olvidan que detrás de un trabajador no hay solo un costo laboral, sino también hay un consumidor.
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