Con dudas en la oposición, el régimen de Nicolás Maduro celebró un acuerdo al que arribaron en la ciudad de México para crear un fondo, que será manejado por la ONU. Su objetivo es atender la compleja crisis social de Venezuela y reactivar los diálogos.
La firma del convenio coincidió con el anuncio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre la ampliación parcial de la licencia de operación para Chevron, la mayor petrolera norteamericana, en Venezuela, lo que le permitirá durante seis meses vender y exportar sus productos únicamente hacia Estados Unidos, pero no podrá realizar pagos de impuestos a las autoridades venezolanas ni entregar dividendos a la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA)
Los términos del acuerdo parcial fueron anunciados por el jefe del equipo facilitador de Noruega, Dag Nylander.
El oficialismo y la oposición de Venezuela retoman el diálogo
En principio, los fondos congelados de Venezuela en el sistema financiero internacional a raíz de las sanciones contra sus funcionarios, incluido Maduro, serán liberados en forma progresiva para apoyar programas de salud; alimentación y educación para los sectores pobres, que han sido muy golpeados por la crisis; mejorar el deteriorado sistema eléctrico público, y atender a las familias afectadas por las fuertes lluvias ocurridas en el segundo semestre de ese año.
Venezuela recibirá 3.000 millones de dólares, de los cuales 1.000 millones se utilizarán en la compra de vacunas, el pago de la deuda pendiente con el fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, medicamentos para 60.000 pacientes oncológicos, la recuperación de seis bancos de sangre y la rehabilitación de 31 centros de salud públicos y hospitales maternos.
Otros 1.000 millones de dólares irán para el reforzamiento del sistema eléctrico público para aumentar la generación y fortalecer el sistema de transmisión.
La conformación del fondo social forma parte de una amplia agenda de discusiones, que incluirá en diciembre el levantamiento de las sanciones económicas, la definición de las condiciones para las elecciones presidenciales del 2024, la liberación de presos políticos y el retiro de inhabilitaciones políticas.
Entre agosto y octubre de 2021, los delegados del Gobierno y la oposición participaron en un proceso de negociaciones que no llegó a nada.
En esa oportunidad, el equipo de Maduro suspendió los diálogos en protesta por la extradición de Cabo Verde a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, quien enfrenta cargos por lavado cientos de millones de dólares provenientes presuntamente de negocios corruptos con el régimen venezolano.
JL
