En un escenario cruzado por el debate sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y los cuestionamientos a la Ley de Tierras Rurales, el historiador e investigador de la UBA Pablo Volkind, en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), analiza la mapa real de la extranjerización en la Argentina: si bien el promedio nacional del 5% —equivalente a 13,2 millones de hectáreas— se ubica por debajo del límite legal, existen al menos 36 departamentos estratégicos en áreas de frontera, la Cordillera y la cuenca del Paraná que superan holgadamente el tope del 15%, un fenómeno de enclaves que se potencia al examinar los orígenes históricos de la concentración territorial desde fines del siglo XIX.
Pablo Volkind es doctor en Historia, profesor e investigador de las facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires; dirige actualmente el Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y coordina el Observatorio de Tierras.
Pablo, buenos días. Jorge Fontevecchia lo saluda. En distintos momentos vemos que la historia argentina advirtió o se advirtió sobre la extranjerización de la tierra. La pregunta es si ¿se trata hoy de un fenómeno reciente, un debate que aparece cíclicamente o que ya ha tenido estos mismos problemas en el pasado?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Jorge?. Bueno, este es un problema en la Argentina que tiene décadas, que se profundizó justamente en los años 90 y que a partir de la devaluación poscrisis 2001 se incrementó notablemente. Frente a esa situación, en el 2011 se aprobó la Ley de Tierras Rurales, que se reglamentó en el año 2012 y que fijó una serie de límites a la compra por parte de personas o empresas extranjeras de tierras rurales en nuestro país. Ese límite establecía que hasta un 15% del territorio nacional en promedio —pero regulando también ese 15% a escala provincial y departamental— podía pertenecer a capitales foráneos. También colocaba un segundo límite: ningún extranjero podía comprar más de una superficie determinada según cada región. Por ejemplo, en la región pampeana —la zona núcleo productora de soja de nuestro país— era de 1.000 hectáreas, y así sus equivalentes en la Patagonia, Cuyo, el Noroeste y el Noreste. Y, en tercer lugar, fijaba que no podía haber más de un 30% de tierra bajo una misma nacionalidad extranjera, de tal modo que no hubiera acaparamiento de alguna potencia en particular: capitales norteamericanos, ingleses, alemanes, chinos, etc. A su vez, se retomaba un decreto del año 1944 que establece —porque todavía está vigente— que las tierras de frontera en nuestro país pueden estar solo en manos de ciudadanas y ciudadanos argentinos, al igual que los ojos de agua permanentes y las zonas ribereñas. Estableció además un Registro Nacional de Tierras Rurales, que era el encargado de recopilar toda la información provincial, porque las compraventas de tierras se registran en los catastros provinciales, y de esa manera había un control a escala nacional de cómo era la evolución de este patrimonio fundamental para el país. La investigación que nosotros realizamos a partir del pedido de información pública al Gobierno nos permitió detectar que, si bien a escala nacional hay un 5% de tierra extranjerizada en el país —que es el equivalente a 13.200.000 hectáreas, la superficie que tiene la provincia de Santa Fe o Inglaterra, para que entendamos más o menos de qué estamos hablando— y por lo tanto está por debajo del límite que fija la ley actual... Lo cual pone en entredicho algunas versiones del Gobierno en términos de que esta ley "criminaliza" —dijo así el vocero presidencial— la inversión extranjera en tierras, porque habría todavía 26 millones de hectáreas más para vender sin necesidad de tener que modificar la ley. Pero sí lo que detectamos nosotros es que existen 36 departamentos en el país, ubicados en zonas estratégicas, que superan ese 15%.
¿Por qué lo superan? Porque cuando la ley se aprueba en 2011 ya excedían ese límite, y sabemos que las leyes no tienen retroactividad, sino que legislan desde el momento en que son sancionadas hacia adelante. Esos 36 departamentos, en algunos casos con situaciones muy graves —como Molinos en la provincia de Salta, que tiene el 60% de la tierra extranjerizada, Lácar en Neuquén con el 54%, o cinco departamentos en zonas fronterizas en Misiones que tienen más del 40% de su tierra en manos de capitales extranjeros—, nos muestran que, en realidad, la principal preocupación de aquellos capitales que vienen de afuera es apropiarse de la tierra en zonas estratégicas. Cuando uno mira el mapa que nosotros elaboramos desde el programa que yo dirijo en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA —que usted lo puede encontrar en www.observatoriodetierras.ar, porque lo hicimos para que fuera de público conocimiento en todo el país—, se observa que los departamentos que están en color rojo son aquellos en donde se supera el 15%, y están ubicados en la zona cordillerana, desde Salta hasta Santa Cruz, inclusive Tierra del Fuego también, y en las tierras ubicadas en la cuenca del río Paraná, la principal vía navegable troncal de nuestro país, en donde usted sabe que ahí hubo muchas disputas. Estuvo la licitación hace muy poco tiempo de la regulación de la mal llamada hidrovía. Bueno, entendemos que eso es un problema muy grave que avanza y que le permite al capital extranjero, sumado con la aprobación en el 2024 del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), llegar a la Argentina a apropiarse de recursos estratégicos como tierras raras, litio, hidrocarburos, oro, plata e inclusive la propia tierra para usos rurales productivos; generar ahí una serie de riquezas y explotar esos recursos, para luego exportarlos —porque mayoritariamente se exportan— y al mismo tiempo remitir las utilidades sin prácticamente ningún tipo de límites.
Pablo, me gustaría hacerle esta propuesta. Me gustaría que nos pusiera en contexto histórico. Un país que hasta fines del siglo XIX terminaba más o menos a la altura de Bahía Blanca, como mucho; un país que siempre tuvo problemas en la construcción de límites y la expansión de su frontera hacia el sur. ¿Cómo era el marco jurídico y, podríamos decir, ideológico en el período del Partido Autonomista Nacional —que es el que siempre cita Milei como el mejor momento de la Argentina—, podríamos decir entre 1880 y 1910?
Bien. Efectivamente, ahí habría dos aspectos, Jorge, para tener en cuenta. En primer lugar, que el presidente Milei pondera en reiteradas oportunidades aquella etapa como la etapa dorada de la Argentina a la cual él querría regresar. Es un gran problema, porque él toma como referencia estadísticas de un economista británico ya fallecido, Angus Maddison, que han sido ampliamente demostradas como un análisis basado en estadísticas erróneas. Para que usted tenga una idea, para hablar de que la Argentina era una potencia en 1895 se plantea que era el primer Producto Bruto Interno del mundo, cuando en Argentina no se medía el Producto Bruto Interno en aquel período y estábamos lejos de ese proceso. El propio Maddison, que dice eso y a quien retoma el presidente, lo que hizo fue tomar estadísticas de la CEPAL que suponían entre 1900 y 1913 un cierto crecimiento, y él lo traspoló para el período 1870-1900. O sea, es una especulación de una especulación de una especulación. Aparte, imagínese usted hablar de una primera potencia mundial en 1895 después del impacto que generó la crisis de 1890 para nuestro país, casi con la quiebra de la banca Baring Brothers y la Argentina entrando en cesación de pagos.
Una caída brutal de las exportaciones y las importaciones es realmente un sinsentido para aquellos que nos dedicamos a la investigación histórica. Al mismo tiempo, en cuanto a la tierra, usted se está refiriendo justamente al período en el cual se producen las dos grandes campañas de apropiación de tierras que estaban en manos de los pueblos originarios: la campaña de la Patagonia —que, como usted recién refería, no se llegaba hasta Bahía Blanca y ahí se extendió y se fueron apropiando de más de 30 millones de hectáreas sucesivamente entre 1878 y 1884—, y lo mismo sucedió hacia el norte con la llamada campaña al Chaco, donde la apropiación de tierras comparativamente fue menor, pero no por eso menos importante, casi un millón y medio de hectáreas. Esas tierras se distribuyeron también entre grandes propietarios y ya en ese período los inversores extranjeros jugaron un papel importante, no solo financiando la campaña —porque la campaña se financió con bonos que emitió el Gobierno a cambio de tierras; esos empresarios, esos grandes terratenientes, financiaron la campaña a partir de bonos, cuatro bonos como máximo que eran el equivalente a 10.000 hectáreas—. Pero las investigaciones que hemos llevado adelante han demostrado que solo en la primera etapa hubo 10 millones de hectáreas quitadas a los originarios, y esas 10 millones se las distribuyeron entre 344 terratenientes. O sea, 344 terratenientes se reparten 10 millones de hectáreas solo en la primera etapa. Con lo cual uno podría concluir desde ahí que la Argentina nace con un problema que no solo es la extranjerización de la tierra —le diría que ni siquiera es el fundamental—, sino que es el problema de la concentración de la tierra. Muy diferente al trayecto, por ejemplo, que recorrió Norteamérica, en donde su expansión hacia el oeste estuvo jalonada por el reparto a los llamados homesteaders, de esas 160 acres que permitieron poblar y garantizar un mercado interno fuerte que generara alimentos y, al mismo tiempo, fuera consumidor de los productos industriales que se generaban en el norte atlántico.
Pablo, muchísimas gracias. Seguiremos el tema con mucha atención. Mantenemos el contacto, muy gentil.
Por supuesto. Le agradezco mucho este llamado. Hasta luego.
MEG
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