Este martes el ministro de Economía, Sergio Massa, comenzará a definir uno de los temas que más tensiones ha generado dentro del Frente de Todos durante los últimos meses, especialmente desde que Martín Guzmán pegó el portazo al Palacio de Hacienda a principios de julio y desató un tembladeral económico que puso a prueba la cohesión de la coalición oficialista.
Desde entonces los movimientos sociales aliados del Frente de Todos reclaman que el Gobierno defina un plan de asistencia paliativa para los trabajadores y trabajadoras de la economía informal cuyos ingresos se siguen pulverizando por el impacto de la inflación. Con ese objetivo el tigrense se encontrará mañana con la directora de la ANSeS, Fernanda Raverta.
La cita estaba prevista para la semana pasada, pero fue postergada por el viaje que realizó Massa a Washington para reunirse con las autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
De regreso a Buenos Aires el ministro se encontró con las advertencias de los dirigentes del Frente Patria Grande (FPG) que esperaban que la medida se aplicara a fines del mes pasado para garantizar que se aplique durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.
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“Esperamos que se resuelva en lo inmediato y urgente la situación de más de cuatro millones de argentinos que están en indigencia. Hasta el día de hoy ese compromiso no se ha cumplido", lanzó este viernes el diputado Federico Fagioli, uno de los tres miembros del FPG que había amenazado con dejar el bloque del Frente de Todos si no se implementaba una medida social urgente.
El secretario de Economía Popular y dirigente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, también hizo su reclamo desde una óptica que cayó mal en sus socios del FPG. “Sigue habiendo una deuda enorme del Gobierno hacia la economía popular. La mitad de la economía y de los trabajadores hoy no están registrados. No puede haber una política programada hacia ellos porque no sabemos cuál es su situación”, lanzó el dirigente pero luego disparó: “La salida no es un bono, porque esto genera inflación”.
De inmediato le contestó Dina Sánchez, del Frente Popular Darío Santillán, que integra el FPG. “Es difícil de entender que alguien diga que genera inflación, a menos que lo diga la derecha”, lanzó la dirigenta social sin mencionar a Pérsico. En su lugar, concentró los esfuerzos en reclamarle una respuesta urgente a la Casa Rosada sobre el compromiso asumido.
¿Hay un avance en el ingreso complementario?
Ya hubo un paso adelante y el ingreso complementario ya está plasmado en los papeles. Aparece en el DNU 576 que estableció el dólar soja, a través del Programa de Incremento Exportador.
Además de instaurar el dólar diferencial para los exportadores de soja también define que una parte de la recaudación fiscal por las retenciones a las exportaciones irá a "una prestación monetaria extraordinaria no contributiva y de alcance nacional que asegure una adecuada alimentación para las personas en situación de extrema vulnerabilidad". Además tendrá un segundo destino: la creación de "programas que estimulen la producción y el desarrollo de pequeños y medianos productores y de economías regionales".
Ambos beneficios están estipulados en el artículo 9 del DNU y su instrumentación depende del ministro de Economía, Sergio Massa. La ayuda tendría un monto de 16.500 pesos y sería inicialmente por tres meses, con la idea de lograr que avance el proyecto de ley que presentó la senadora del interbloque oficialista Juliana Di Tullio, para implementar el ingreso complementario. El Frente de Todos tiene pocas chances de que esa iniciativa avance, aunque podría ser aprobada en el Senado.
El primer paso para andar ese camino legislativo se conocería esta semana, aunque la expectativa es que se mantenga por una decisión ejecutiva. El DNU 576 lo establece por tres meses y los movimientos sociales temen que les coman un mes, por la demora administrativa, pero a la vez están buscando que el año que viene no quede varado en el atolladero legislativo del año que viene.
BL PAR
