La investigación contra Lucas Martín Simoni, trabajador del Poder Judicial del Chaco, atraviesa una nueva instancia luego de que su expareja ampliara la denuncia inicial y atribuyera hechos de mayor gravedad. El expediente, que comenzó con una imputación por amenazas, quedó bajo la intervención del fiscal Jorge Cáceres Olivera, quien deberá analizar el nuevo planteo y determinar si corresponde modificar o ampliar la acusación.
La denunciante también cambió de representación legal. Será patrocinada por el abogado Julián Serrano, quien trabaja junto a Roberto Castillo y Cinthia Fernández, estudiante de Derecho. Castillo confirmó en diálogo con Radio Libertad que se incorporará a la estrategia judicial.
Nuevas acusaciones y críticas al abordaje fiscal
La ampliación presentada por la mujer incluye denuncias por presunto abuso sexual, privación ilegítima de la libertad e incitación al aborto, además de hechos de violencia que, según sostiene la querella, no habrían sido debidamente reflejados durante la primera etapa de la pesquisa.
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“Nos conmovió la historia de V. Es una mujer que no sólo sufrió distintos hechos de violencia, sino también el amiguismo, la burocracia y el corporativismo que muchas veces tiene la Justicia cuando el denunciado es un funcionario judicial”, afirmó Castillo a Radio Libertad.
El letrado apuntó contra el trabajo de la Fiscalía N°13, a cargo inicialmente de Noel Benítez, quien se inhibió de seguir interviniendo en el expediente. La denunciante también promovió un planteo por presunta violencia institucional vinculada al tratamiento que recibió su denuncia.
“La víctima en distintos espacios mencionó situaciones de abuso y de violencia que no eran incorporadas en las actas de declaración. Cuando uno mira el expediente, ve que se obtura la posibilidad de que se vuelque todo lo que ella sufrió”, sostuvo Castillo.
La querella busca modificar el encuadre penal
Para la nueva representación legal, el caso no debería limitarse a la imputación por amenazas. Castillo anticipó que buscarán construir una plataforma probatoria basada en los hechos que la denunciante afirma haber padecido y reclamar las calificaciones legales que surjan de la investigación.
“Lo que pretendemos es que se le imputen los hechos que está denunciando la víctima, ni más ni menos. No son amenazas simples. Ella está hablando de abuso sexual, de distintas situaciones de violencia y de incitación al aborto”, remarcó.
Simoni, de 34 años, había sido imputado tras una denuncia que describía situaciones de hostigamiento, control y mensajes intimidatorios posteriores a la ruptura de la relación. Entre los elementos mencionados en esa primera presentación figuraban mensajes y el supuesto envío de imágenes de víctimas de femicidios, una circunstancia que la denunciante interpretó como intimidatoria.
Pruebas de contexto y eventual pedido de prisión preventiva
Castillo explicó que en la nueva etapa buscarán reunir conversaciones, capturas de pantalla, testimonios de personas a quienes la mujer habría relatado los hechos y pericias psicológicas y psiquiátricas. Aclaró que, en delitos sexuales, la declaración de la denunciante puede constituir un elemento central, sujeto a las medidas de prueba correspondientes.
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“Los delitos de abuso sexual son delitos intramuros. Generalmente hay una prueba central, que es la declaración de la víctima. Para eso debe ser sometida a pericias psicológicas y psiquiátricas, para evaluar la coherencia, sostenimiento y credibilidad del relato”, explicó.
El abogado no descartó que la querella solicite la prisión preventiva de Simoni si la Fiscalía incorpora nuevas imputaciones y se reúnen elementos que permitan sostener un eventual riesgo procesal. “Una vez que podamos sentar las bases de la acusación e incorporar prueba, posiblemente se pueda pedir una prisión preventiva, porque la escala penal se eleva de manera sustancial”, señaló.
El fiscal deberá definir los próximos pasos
Con la inhibición de Benítez, el expediente quedó bajo la órbita de Cáceres Olivera, quien deberá resolver sobre la ampliación de denuncia, las medidas probatorias requeridas y la eventual reformulación de la imputación.
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Castillo insistió en que el objetivo de la querella será garantizar que la denunciante pueda ampliar su relato dentro del proceso. “El objetivo es garantizarle a ella el derecho a hablar en un proceso penal, que se la escuche, que se incorporen los hechos y que se impute objetivamente por las calificaciones legales que correspondan”, concluyó.
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