Al regresar de su viaje relámpago a Buenos Aires, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, se refirió al caso Manuel Adorni y encendió las alarmas económicas al revelar que, en lo que va de junio de 2026, las arcas de la provincia registran un rojo superior a los 10 mil millones de pesos debido a una nueva e imprevista contracción en los niveles de la coparticipación federal de impuestos.
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El jefe del Ejecutivo provincial expuso la crudeza de los números fiscales tras encabezar el acto oficial de inauguración de las nuevas oficinas comerciales de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) en el barrio 17 de Agosto de la Capital.
Valdés explicó que el bache de caja condiciona el ritmo de la gestión, aunque transmitió un moderado optimismo fundado en las proyecciones técnicas que le transmitió el Palacio de Hacienda de la Nación para el cierre del ejercicio mensual.
“Venimos nuevamente con una caída sumamente importante de los recursos a esta altura del mes, cerca de $10.000 millones menos en lo que es la coparticipación”, graficó el mandatario provincial.
Sin embargo, adelantó la estrategia de compensación que espera la provincia: “Desde el Ministerio de Economía de la Nación nos dijeron que la semana que viene debería estar dándose la acreditación de lo que es Ganancias de personas físicas. Según los cálculos, con ese ingreso deberíamos revertir la tendencia y cerrar el mes uno o dos puntos arriba".
"Esperemos que las predicciones se cumplan, porque es el dinero que los correntinos necesitamos para seguir desarrollándonos”, dijo.
El factor Adorni: "Es un tema que se conversó"
Durante el contacto con la prensa local, Valdés no pudo eludir la agenda política de alta tensión que domina los pasillos de la Casa Rosada y el Congreso. El gobernador correntino confirmó que durante su audiencia privada con el ministro del Interior, Diego Santilli, la delicada situación procesal y patrimonial del jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, formó parte del temario, adoptando una postura sustancialmente más orgánica y cauta que la de sus espadas legislativas en el Senado.
“Es un tema que se conversó. Obviamente nosotros entendemos que la continuidad o no es una decisión que le compete exclusivamente al Ejecutivo Nacional", matizó Valdés.
El mandatario desmarcó a la provincia de la ofensiva judicial y parlamentaria al señalar que "es una situación que ya está siendo investigada por la Justicia y que se tiene que resolver a través de una definición de la Presidencia de la Nación, debido a que él es el jefe de Gabinete. Esa es nuestra mirada”, evaluó, evitando profundizar la grieta con el entorno de Javier Milei.
Cautelar por los peajes del Corredor Belgrano
Para el mandatario correntino, el grueso de la cumbre bilateral con Santilli debió abocarse de forma prioritaria a destrabar expedientes de infraestructura y transferencias de activos dominiales que impactan en la competitividad de la economía regional. En ese sentido, Valdés confirmó que Corrientes mantendrá un duro reclamo legal por el manejo de las rutas nacionales concesionadas.
“Nos enfocamos en lo que más nos interesa como correntinos: temas de gestión clave como la transferencia definitiva de tierras fiscales de la Nación y el traspaso de la zona de puertos”, enumeró el gobernador.
El punto de mayor fricción administrativa radicó en la decisión de la Provincia de presentarse ante los tribunales para frenar los pliegos de concesión vial en la región.
“Explicamos formalmente por qué estamos metiendo una medida cautelar a lo que es la zona de la licitación de estas privatizaciones de los peajes porque no queremos que después nos echen la culpa como que nosotros somos los responsables de que no se den las licitaciones”, concluyó Valdés, en directa referencia a los pliegos que afectan al Corredor Manuel Belgrano, ratificando que el alineamiento político con la Casa Rosada no anulará la defensa jurídica de los intereses de la provincia.
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