El presidente del Tribunal de Ética de la Cámara Inmobiliaria de Corrientes, Iván Montanaro, expresó un firme respaldo al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que cuenta con media sanción en el Senado y espera su tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación.
El referente del sector destacó que la iniciativa aportará previsibilidad a los pequeños inversores y precisó el alcance de la norma respecto al denominado desalojo exprés.
La propuesta legislativa introduce reformas procesales para dos escenarios puntuales: la usurpación violenta e intencional de inmuebles y los incumplimientos derivados de contratos de alquiler, ya sea por vencimiento del plazo o por mora en el pago del canon locativo.
Los alcances del desalojo exprés y la necesidad de seguridad jurídica
"El desalojo exprés prevé dos situaciones: el de usurpación y el que sobreviene de una relación contractual por vencimiento o falta de pago", explicó Montanaro al abordar el contenido central de la reforma.
En ese sentido, cruzó las posturas críticas en torno a la medida: "Hay muchas apreciaciones políticas dando vueltas cuando se trata de una situación fáctica. El que hace una inversión en una vivienda o local comercial no lo hace por beneficencia, lo hace como un negocio y en muchos casos es su única fuente de ingreso".
Asimismo, el dirigente inmobiliario remarcó la importancia de acortar los plazos procesales en los tribunales provinciales para garantizar la restitución de los inmuebles a sus dueños. "Si bien hoy el desalojo está previsto, este proyecto viene a dar seguridad jurídica acortando plazos a través de procesos sumarísimos, para lo cual las provincias deberán adherirse y modificar sus códigos procesales", dijo a radio UNNE.
El perfil de los propietarios y el rol del Estado frente a la vulnerabilidad
Al analizar la realidad del mercado locativo en Corrientes, Iván Montanaro desmitificó la figura de los locadores y rechazó la idea de que se trate de grandes grupos corporativos o especuladores.
Según indicó, la gran mayoría de los clientes de las administraciones son profesionales, comerciantes o adultos mayores que destinaron los ahorros de toda su vida a uno o dos inmuebles para complementar sus jubilaciones o ingresos mensuales.
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Frente a casos de vulnerabilidad social, desempleo o familias con menores y personas con discapacidad que no pueden sostener el pago del alquiler, Montanaro fue categórico sobre las responsabilidades institucionales: "Quien tiene que dar la solución es el Estado. Es ahí donde el Estado tiene que dar las herramientas necesarias para que esa persona pueda acceder a una vivienda", sostuvo, al tiempo que cuestionó la parálisis de la obra pública y de la construcción de viviendas a nivel nacional.
El límite de acción de las inmobiliarias ante la mora
Por último, al referirse al papel que desempeñan las empresas del sector cuando un inquilino incurre en deudas, el titular del Tribunal de Ética aclaró que su función principal se limita a la administración y a la búsqueda de acuerdos extrajudiciales para salvar la situación de la mejor manera posible.
Entre esas acciones, destacó la intermediación para lograr quitas de intereses, refinanciaciones del capital o planes de pago, siempre bajo la autorización expresa del dueño.
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Sin embargo, precisó que las inmobiliarias no poseen facultades legales para desalojar ni litigar en la Justicia: "Nosotros básicamente acompañamos todo el proceso hasta la intimación. Cuando llega un momento en que la cuestión no tiene más solución que la vía judicial, interviene el estudio jurídico contratado de forma separada por el propietario", concluyó.
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