La jueza federal de Resistencia Zunilda Niremperger resolvió este viernes la situación procesal de los siete imputados en la causa que investiga un presunto lavado de activos vinculado a los gimnasios Exen. La magistrada dictó cinco procesamientos con prisión preventiva y dos faltas de mérito, según la resolución a la que accedió Perfil.
La decisión, plasmada en una resolución de 228 páginas, alcanza a Federico Alejandro Clinis Canal, Sergio Nicolás Clinis Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y María Graciela Canal, considerados en esta instancia coautores de lavado de activos agravado por habitualidad, de acuerdo con el artículo 303 del Código Penal.
También fue procesado Jorge César Alberto Vargas, aunque bajo una imputación diferente: la magistrada lo consideró partícipe necesario del delito de lavado de activos.
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Niremperger ordenó gestionar plazas en la Unidad 7 del Servicio Penitenciario Federal de Resistencia para Federico Clinis Canal, Sergio Clinis Canal y Mauro Lugo Heim, quienes continuarán detenidos mientras avanza la investigación.
Distinta será la situación de María Graciela Canal y Jorge Vargas, que cumplirán la prisión preventiva bajo arresto domiciliario. La Justicia estableció para ambos restricciones como la prohibición de abandonar el domicilio y salir del país, además de controles mediante dispositivos electrónicos.
En el caso de Vargas también se dispuso la retención de su pasaporte y la obligación de someterse a controles periódicos. La resolución advierte que cualquier incumplimiento podría provocar la revocación de la domiciliaria.
Dos faltas de mérito y una liberación
La jueza dictó falta de mérito para Yamil Gabriel Gane y Raquel Edith Bohacek, al considerar que en esta etapa no existen pruebas suficientes para procesarlos, aunque tampoco para desvincularlos definitivamente de la investigación.
En el caso de Gane, además, se ordenó su inmediata libertad, siempre que no exista otra orden judicial que lo mantenga detenido. Deberá continuar sometido al proceso, informar cualquier cambio de domicilio y comparecer cuando sea requerido.
La falta de mérito tampoco supone el cierre de la investigación sobre ambos. La Justicia Federal podrá continuar reuniendo evidencias y, en función de nuevas pruebas, volver a analizar su situación procesal.
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Embargos de hasta $5.820 millones por cada procesado
La resolución también fijó fuertes medidas económicas. Sobre los bienes de Federico Clinis Canal, Sergio Clinis Canal, María Graciela Canal y Mauro Lugo Heim se ordenaron embargos de hasta $5.820.687.000 para cada uno. Para Jorge Vargas, en tanto, el embargo fue establecido en $2.910.343.500.
La causa había comenzado formalmente el 29 de diciembre de 2025, luego de que se incorporara información surgida de un acuerdo de colaboración homologado judicialmente. Una de las líneas que dio origen al expediente apuntó a los vínculos comerciales que habría mantenido el grupo familiar Clinis, a través de Clinis Automotores, con José Heraldo Romero, alias “Portal”, investigado en otro expediente federal relacionado con narcotráfico, lavado de activos y tenencia ilegal de armas.
La expansión de Exen, bajo la lupa de la Justicia
La investigación derivó el pasado 7 de agosto en 18 allanamientos realizados en Chaco y Corrientes, con la participación de unos 200 efectivos de Gendarmería Nacional. Los procedimientos alcanzaron gimnasios Exen, domicilios particulares, concesionarias, escribanías, estudios contables y otros emprendimientos comerciales.
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Uno de los principales puntos bajo análisis es el origen del dinero utilizado para financiar la acelerada expansión comercial y patrimonial de los investigados. El expediente incluye inversiones en nuevas sedes de Exen, adquisición de equipamiento, obras civiles y otros proyectos desarrollados principalmente en Chaco y Corrientes.
La Justicia busca determinar si parte de esos fondos tuvo un origen ilícito y posteriormente fue incorporada al circuito económico formal. Con los cinco procesamientos dictados este viernes, la causa ingresa ahora en una nueva etapa, mientras continúa la producción de pruebas sobre el patrimonio, las operaciones comerciales y los movimientos financieros de los acusados.
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