El Ministerio de Educación del Chaco implementará un nuevo sistema de control para la validación de los postítulos docentes, las capacitaciones que permiten obtener puntaje para acceder a cargos y avanzar en la carrera educativa. La medida establece una evaluación técnica previa de las propuestas formativas y coincide con la detección de certificados presuntamente falsificados, que ya son objeto de investigaciones administrativas.
La subsecretaria de Descentralización Educativa, Marta Fassano, explicó que el nuevo esquema busca corregir problemas normativos que habían generado una intervención judicial durante 2025. La funcionaria señaló que una disposición anterior debió retrotraerse por orden de la Justicia y que el Gobierno provincial avanzó con otra reglamentación basada en los criterios del Consejo Federal de Educación.
Qué cambia para los docentes que realizan postítulos
La nueva normativa quedó establecida mediante el Decreto 2011/26, que reglamenta la Ley provincial 2137-E sobre valoración de antecedentes para postítulos docentes. La disposición también faculta a la cartera educativa a dictar las normas complementarias necesarias para su aplicación.
Según detalló Fassano, tanto las instituciones que ofrecen estas capacitaciones como cada uno de los postítulos deberán superar una evaluación técnica antes de obtener su registro formal. El objetivo es verificar que las propuestas cumplan con los requisitos exigidos para que sus certificaciones puedan ser consideradas por las Juntas de Clasificación.
Las resoluciones reglamentarias todavía se encuentran en proceso de elaboración. Por ese motivo, la información oficial no precisa aún los plazos de implementación de todos los procedimientos ni cómo se aplicarán los nuevos controles a las ofertas formativas que ya están en funcionamiento.
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Detectaron certificados adulterados: cómo funcionaban las irregularidades
En paralelo con los cambios normativos, las Juntas de Clasificación detectaron documentación irregular presentada por algunos aspirantes. De acuerdo con la información difundida por el Gobierno provincial, se identificaron casos en los que se utilizaron certificados auténticos de postítulos, pero se modificaron los nombres y apellidos de sus titulares para presentarlos como propios.
Ante una certificación sospechosa, la Junta correspondiente remite las actuaciones a la Dirección de Títulos de Equivalencia. Ese organismo debe contrastar la documentación con los registros oficiales y determinar si la persona que presenta el certificado efectivamente realizó la capacitación.
El Ministerio no informó cuántos casos fueron detectados, qué instituciones emitieron los certificados utilizados ni la cantidad de docentes que se encuentran bajo investigación.
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Sumarios administrativos y posibles consecuencias penales
La cartera educativa confirmó que activó los mecanismos de investigación correspondientes ante las irregularidades detectadas. Los docentes involucrados podrán enfrentar sumarios administrativos, mientras que los certificados cuestionados quedarán sujetos a una suspensión cautelar de su puntaje durante el procedimiento.
Esto significa que el puntaje correspondiente a esos postítulos no será reconocido mientras se investiga su autenticidad. La medida cautelar no constituye, por sí misma, una sanción definitiva ni implica que todas las personas investigadas hayan cometido una falsificación.
Además, el Gobierno anticipó que los casos en los que se detecte adulteración de documentación pública serán derivados a la Justicia penal, que deberá determinar la eventual existencia de delitos y las responsabilidades correspondientes.
Fassano también dirigió un mensaje a los docentes sobre la responsabilidad en la presentación de antecedentes profesionales. La funcionaria calificó las falsificaciones denunciadas como actos que afectan la transparencia del sistema educativo e insistió en la necesidad de preservar la integridad de la profesión.
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