La Cámara de Diputados de Corrientes avanza con el proyecto de ley para restringir y monitorear las comunicaciones telefónicas en los establecimientos penitenciarios. En la última sesión, la iniciativa que tuvo modificaciones y fue presentada por la diputada Lorena Lazaroff, pasó a “prensa”, a los fines de ser puestos a consideración del cuerpo prontamente.
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La iniciativa contempla el uso exclusivo de teléfonos fijos, avisos de seguridad al receptor y sanciones de hasta tres meses sin llamadas ante sospechas de delitos.
Inhibición de celulares y un estricto régimen de llamadas
La Comisión de Seguridad y Servicios Penitenciarios de la Cámara de Diputados de la Provincia de Corrientes emitió dictamen favorable para el proyecto de regulación de las telecomunicaciones carcelarias.
La iniciativa establece la prohibición total del uso de celulares y dispositivos móviles dentro de los establecimientos penitenciarios provinciales, disponiendo la instalación de tecnología para el bloqueo e inhibición de señal, así como sistemas de detección de dispositivos móviles activos.
Bajo la nueva normativa, los reclusos únicamente podrán comunicarse a través de teléfonos fijos o tecnología analógica controlada bajo la supervisión directa del Servicio Penitenciario. Las comunicaciones tendrán reglas precisas: estarán autorizadas exclusivamente en el rango horario de 8:00 a 19:00 horas y contarán con una duración máxima de 5 minutos por llamada.
Control de datos, avisos al receptor y sanciones por ilícitos
Para realizar cada comunicación, el interno deberá suministrar previamente a una operadora sus datos personales, el número de destino, la identidad y vínculo con el destinatario, y si la llamada se efectúa bajo cobro revertido. Antes de concretar la conexión, la operadora tendrá la obligación de advertir al receptor que la llamada proviene de un centro de detención, indicar el nombre del recluso y facilitarle una línea gratuita para formular denuncias por delitos.
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En caso de detectarse sospechas fundadas sobre la comisión de ilícitos mediante estas líneas, la Autoridad Penitenciaria deberá radicar la denuncia judicial, iniciar un sumario y aplicar una suspensión preventiva del servicio al interno por un plazo máximo de hasta tres meses.
Además, el texto legal garantiza la estricta reserva de identidad de los denunciantes. La autoridad de aplicación del sistema será el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Corrientes, organismo facultado para celebrar convenios con empresas telefónicas y ejecutar los ajustes presupuestarios requeridos.
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