Cuatro gremialistas fueron imputados por la agresión a un trabajador municipal durante una sesión del Concejo Deliberante de Fontana, en Chaco. El empleado, Gonzalo Nicolás Vera, tenía 28 años cuando ocurrieron los incidentes y terminó hospitalizado con una fractura en el brazo derecho.
La investigación está a cargo de María Candela Valdez, titular del Equipo Fiscal N.º 15 de Resistencia. La acusación describe un ataque que comenzó dentro del edificio y continuó en el estacionamiento, donde el trabajador habría sido derribado y golpeado por varios hombres.
En el caso de S.R.M., quien prestó declaración de imputado el 20 de octubre, la calificación comunicada fue lesiones graves en concurso real con amenazas simples, en carácter de coautor. La reconstrucción fiscal identifica también a D.O., S.B. y R.G. como presuntos participantes.
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Cómo una discusión salarial terminó en una causa penal
Los hechos se remontan al 29 de abril de 2025, alrededor de las 10.45. En el Concejo, ubicado sobre Santiago del Estero al 4500, se discutía una actualización de la escala salarial propuesta por el Ejecutivo municipal, en un contexto de protestas gremiales.
Según la Fiscalía, Vera presenciaba la sesión y expresó una opinión que desencadenó la reacción de los hombres señalados en la causa. El trabajador habría recibido insultos y empujones para obligarlo a salir. A D.O. se le atribuye, en ese tramo del episodio, un golpe de puño en el rostro.
La acusación sitúa la continuidad del ataque en el sector destinado al estacionamiento. Allí, S.R.M. habría interceptado al empleado y le habría dicho: “Te voy a matar, hijo de puta, te voy a matar”, mientras le lanzaba golpes de puño y patadas hacia los tobillos.
La secuencia que reconstruyó la Fiscalía incluye un momento en el que Vera habría quedado acorralado contra una pared. De acuerdo con esa hipótesis, uno de los agresores lo sujetó del cuello y otros dos lo tomaron de la ropa antes de tirarlo al suelo.
Una vez caído, los cuatro hombres habrían participado de la golpiza, con patadas y puñetazos en diferentes partes del cuerpo, acompañados por la amenaza “Te vamos a matar”. En su denuncia, Vera relató que intentó protegerse la cara y que la intervención de otras personas frenó el ataque.
El trabajador recibió atención en el Hospital Julio C. Perrando. La lesión documentada fue una fractura del tercio distal del húmero derecho, que la Fiscalía encuadró como grave.
Las pruebas y la diferencia con lo que había pedido la víctima
El expediente reúne videos, fotografías, testimonios, radiografías e informes médicos, además de las denuncias y documentación pericial. Entre los registros sanitarios figuran estudios remitidos por el Hospital Perrando.
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Vera había solicitado que se investigara una tentativa de homicidio, además de las lesiones graves, y pidió una prohibición de acercamiento contra los denunciados. Sin embargo, la calificación informada en la declaración de S.R.M. corresponde a lesiones graves y amenazas simples.
La imputación constituye la acusación que deberá esclarecerse en el proceso y no una determinación de culpabilidad. La mecánica del episodio y la intervención atribuida a cada acusado forman parte de la investigación.
El descargo: negó las amenazas y aseguró que también fue golpeado
Asistido por la defensora Mariela Denaro, S.R.M. rechazó la reconstrucción fiscal. Sostuvo que los enfrentamientos con Vera tenían antecedentes en el conflicto salarial y le atribuyó una actitud provocadora hacia quienes participaban de las protestas, incluso a través de publicaciones en redes sociales.
El imputado negó haberlo amenazado de muerte y afirmó que actuó ante una agresión. “No agredí de ninguna forma a Gonzalo Vera como para provocarle lesiones graves”, declaró. También aseguró que había recibido golpes en la cara.
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Su explicación abarcó otra frase incorporada al expediente. Según la denuncia de Vera, después del ataque S.R.M. regresó al recinto y le dijo al concejal Ricardo Sosa Abatte: “Vos estás buscando un muerto”.
El acusado negó que esa expresión tuviera un sentido amenazante. Afirmó que aludía a un conflicto político e institucional de 1995 en la Municipalidad de Fontana, durante el cual, según su relato, murió un trabajador. Al cerrar su descargo, sostuvo que los involucrados no tenían antecedentes penales ni habían utilizado armas. Definió lo sucedido como una “lamentable circunstancia” en el marco del reclamo por un salario digno.
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