En un fallo que generó una inmediata controversia por el monto de las penas aplicadas, el Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó a dos hombres de origen misionero que transportaban un cargamento superior a los 280 kilos de marihuana en un automóvil. La maniobra criminal, ejecutada a mediados de 2024, derivó en una trágica persecución en la que el conductor terminó atropellando y matando a una joven maestra jardinera sobre la ruta provincial correntina.
La sentencia fue dictada de manera unipersonal por el juez Eduardo Belforte. El magistrado encontró culpable a Marcelo Raúl Ferreyra (51 años) como autor del delito de transporte de estupefacientes, aplicándole una pena de 7 años de prisión. En tanto, su cómplice Miguel Ángel Da Rosa (57 años) fue condenado a 4 años de prisión bajo la figura de partícipe secundario.
La resolución del tribunal quedó muy lejos de los 14 años de prisión efectiva que habían solicitado los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF), integrados por el fiscal general coordinador Carlos Schaefer, la fiscal general subrogante Tamara Pourcel y el auxiliar fiscal Gabriel Romero Olivello.
Ante la marcada diferencia de criterios, la Fiscalía anticipó formalmente que recurrirá el fallo ante la Cámara Federal de Casación Penal. Además, el tribunal dispuso el pago de multas y el decomiso de los dos automóviles utilizados en el operativo de tráfico.
La trágica huida y la muerte de la docente
El hecho que ventiló el juicio oral ocurrió el 22 de mayo de 2024. Según la reconstrucción acreditada por la Sede Fiscal Descentralizada de Paso de los Libres, los imputados iniciaron una operación logística desde la localidad misionera de Leandro N. Alem con destino final en territorio correntino.
Ferreyra comandaba un Renault Fluence que acondicionaba en su interior nueve grandes bultos con 318 paquetes de marihuana (un pesaje total de 280,675 kilogramos). Por delante se desplazaba Da Rosa a bordo de un Chevrolet Prisma Joy, cumpliendo el rol estratégico de “coche puntero”: su función era escanear la ruta, detectar puestos de control de las fuerzas federales de seguridad y dar luz verde de avance.
Tras sortear tramos de las rutas misioneras 4, 2 y 94, la banda fue sorprendida a la altura del puente del arroyo Itá Cuá, en el acceso a la localidad correntina de Santo Tomé, donde efectivos de la Prefectura Naval Argentina intentaron detener la marcha del cargamento. Ferreyra pisó el acelerador, evadió el retén a gran velocidad e inició una desesperada fuga.
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Apenas dos kilómetros más adelante, mientras conducía con total imprudencia, el narco realizó una maniobra de sobrepaso prohibida y embistió de frente a Manuela Jaqueline Ponce, una docente de 21 años que se trasladaba en su motocicleta. La maestra falleció en el acto sobre la calzada.
Tras causar la tragedia, Ferreyra abandonó el cargamento de marihuana dentro del Fluence dañado y escapó oculto en el auto puntero de Da Rosa con dirección a Gobernador Virasoro, aunque ambos terminaron detenidos días después.
Cabe destacar que, por este homicidio vial, Ferreyra ya había sido condenado por la justicia penal ordinaria de Corrientes en julio de 2025 a 5 años de prisión por homicidio culposo agravado.
El rechazo de la Fiscalía: "Un desprecio total por la vida humana"
Durante las rondas de alegatos, los fiscales Schaefer y Romero Olivello sostuvieron que el accidente fatal no fue un hecho aislado, sino parte de la misma ejecución del transporte del estupefaciente. "Decidieron emprender el traslado y, una vez perseguidos, huyeron con la plena conciencia del daño que podían causar. Pusieron en riesgo de manera simultánea la salud pública, la seguridad vial y el costo de una vida humana inocente, demostrando un desprecio absoluto por la vida", fustigaron desde el MPF.
Un agravante expuesto por la acusación fue el perfil socioeconómico de Ferreyra, quien era propietario de una farmacia en la localidad de San Javier, Misiones, lo que presuponía un conocimiento científico superior sobre el poder de daño de las sustancias que traficaba. Asimismo, la fiscalía remarcó el uso de una “logística avanzada” y la posterior colocación de coartadas falsas para entorpecer el accionar judicial.
Los fundamentos técnicos y las argumentaciones del juez Belforte para justificar la aplicación de penas sustancialmente menores a las solicitadas por los fiscales se darán a conocer de forma oficial el próximo 9 de junio, fecha en la que se abrirá el plazo formal para las apelaciones correspondientes de las partes.
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