En una resolución que genera un fuerte impacto en el ámbito tribunalicio del sur provincial, la Justicia correntina dictó un fallo condenatorio contra una profesional del derecho. El Tribunal de Juicio de Goya, constituido bajo la modalidad de tribunal unipersonal a cargo del magistrado Julio Ángel Duarte, declaró culpable a la abogada Marina Soledad Arce, oriunda de la ciudad de Esquina, tras comprobarse su responsabilidad penal en una serie de maniobras fraudulentas y adulteración de documentos oficiales.
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La decisión judicial quedó plasmada a través de la Sentencia Nº 35/26. En dicho fallo técnico, el juez Duarte convalidó de forma integral las acusaciones que habían sido formuladas por el Ministerio Público Fiscal y las querellas particulares de los damnificados, luego de considerar que las pruebas recolectadas daban por acreditada la autoría de la imputada en los diferentes expedientes que fueron acumulados para el debate oral.
Cuatro expedientes y siete víctimas damnificadas
La ingeniería delictiva por la que se juzgó a la profesional comprendió un abanico de delitos contra la propiedad y la fe pública. Según se desprende de la parte resolutiva del dictamen, Arce fue hallada penalmente responsable por los delitos de estafa en la modalidad de delito continuado en concurso ideal con falsificación de instrumento público, además de uso de instrumento público falso y retención indebida.
La investigación penal preparatoria unificó cuatro legajos penales distintos, los cuales desnudaron un modus operandi sostenido en el tiempo y orientado a damnificar a clientes que habían confiado en sus servicios jurídicos.
En total, el tribunal identificó a siete víctimas directas de las maniobras de la abogada, quienes fueron individualizadas en el expediente como José Luis Tessare, María Lucrecia Tesare, Héctor Osvaldo Escobar, Maris Beatriz Escobar, María Angélica Escobar, Pedro Oscar Pérez Ríos y Ramón Argentino Moreira.
Cárcel efectiva e inhabilitación profesional
A raíz de la declaración de culpabilidad, el magistrado Julio Ángel Duarte le impuso a Marina Soledad Arce la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo.
De acuerdo con lo dispuesto en la sentencia, la sanción privativa de la libertad deberá ejecutarse de manera ordinaria bajo la órbita del Servicio Penitenciario provincial una vez que el fallo adquiera el carácter de firme en las instancias de revisión superiores.
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Hasta tanto la resolución judicial quede firme y consentida por las partes, el tribunal resolvió mantener la medida de coerción de prisión domiciliaria que la abogada viene cumpliendo desde el pasado mes de abril.
Asimismo, haciendo uso de las facultades previstas en el artículo 20 bis del Código Penal, el juez de juicio le dictó una inhabilitación especial para ejercer la profesión de abogada por el mismo plazo de tres años.
Una vez que se agoten los recursos recursivos y la condena quede firme, las autoridades judiciales librarán las comunicaciones institucionales correspondientes al Colegio de Abogados de la circunscripción judicial correspondiente para que se proceda a la suspensión de su matrícula profesional.