La Justicia Federal de Corrientes volvió a pronunciarse sobre los casos de corrupción en el ámbito judicial. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes (integrado por los jueces Juan Manuel Moreira, Fabian Cardozo y Jorge Gallino) condenó a Pablo Molina, exsecretario a cargo de la Secretaría Penal N°2 del Juzgado Federal N°1, a cuatro años de prisión e inhabilitación absoluta.
La sentencia se dictó por haber ordenado la intervención ilegal de las líneas telefónicas de su mujer y de un presunto amante, utilizando el marco de una investigación por narcotráfico como fachada.
El juicio, que se inició el pasado 13 de junio, reveló cómo Molina confeccionó y firmó, el 11 de septiembre de 2014, un oficio judicial junto al entonces juez federal Carlos Soto Dávila.
En dicho documento, se comunicaba falsamente a la Dirección de Observaciones Judiciales de Zona Corrientes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) la supuesta necesidad de intervenir dos abonados telefónicos por 30 días, vinculándolos a una investigación en curso por narcotráfico.
Sin embargo, los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) explicaron que las líneas intervenidas pertenecían a la esposa del exsecretario y a un allegado a ella con el que Molina sospechaba que mantenía una relación.
Descubrimiento del engaño y vinculación con otros casos de corrupción
El ardid fue descubierto en marzo de 2019, cuando personal judicial, durante un relevamiento de efectos, encontró 28 discos compactos con el producido de estas comunicaciones interceptadas ilegalmente entre el 18 de septiembre y el 1° de octubre de 2014.
Gran parte de las conversaciones contenían al propio acusado profiriendo insultos e incluso amenazas a su pareja. Respecto a estas amenazas, el tribunal correntino se declaró incompetente y remitió las actuaciones a la justicia local de Chaco, donde residen la damnificada y Molina, para su investigación.
En aquel momento, Molina ya estaba apartado de la Secretaría Penal N°2 del Juzgado por decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes.
Esto se debía a una imputación por hechos de corrupción en el marco de otra causa de 2016, en la que él, el exjuez Soto Dávila y otros acusados fueron procesados en abril pasado por el Juzgado Federal de Formosa N°2.
En esa causa, se los acusa de haber restituido una serie de vehículos que habían sido secuestrados en el marco de una causa de lavado de activos provenientes del narcotráfico.
Cabe recordar que Carlos Soto Dávila ya había renunciado a su cargo como juez federal luego de ser procesado, también junto a Molina, su otro secretario penal Alberto Federico Grau y un grupo de abogados, por conformar una asociación ilícita que operaba en el Juzgado Federal N°1 de Corrientes bajo su mando.
En esa causa, iniciada en 2018 como un desprendimiento del resonante caso “Sapucai”, Molina y Soto Dávila fueron condenados en junio de 2023 por recibir coimas a cambio de resoluciones judiciales que beneficiaban a narcotraficantes.
En ese juicio, el exjuez recibió una condena a 6 años de prisión y el exsecretario Molina a 5 años. Sin embargo, en diciembre de 2024, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal agravó las condenas para ambos y otros implicados, al considerarlos jefe y miembros de una asociación ilícita.
Un dato clave destacado por la fiscalía en el reciente alegato fue que Molina firmó el oficio de las intervenciones ilegales –el 11 de septiembre de 2014– el mismo día que también suscribió, junto a Soto Dávila, una resolución prevaricante que le otorgó la exención de prisión a un conocido narcotraficante, Carlos Alberto Bareiro, alias “Cachito”, líder de la organización que operó por años en Itatí y traficó grandes cantidades de marihuana. A cambio de esta resolución, ambos habrían recibido un millón de pesos en concepto de dádiva.
Si bien en esta ocasión Molina fue el único que llegó a juicio oral, Soto Dávila también fue imputado en esta causa. Su situación se encuentra en trámite de revisión ante la Cámara Federal de Casación Penal, luego de que el Ministerio Público Fiscal presentara un recurso contra el sobreseimiento que le fue dictado por la titular del Juzgado Federal de Formosa N°2, la jueza María Belén López Mace.
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