En un fallo que pone bajo la lupa la seguridad interna de los complejos carcelarios de Corrientes, el Juzgado de Ejecución de Condenas emitió una resolución intimando al Ministerio de Seguridad y a la cúpula del Servicio Penitenciario de Corrientes a tomar medidas inmediatas para frenar el ingreso de estupefacientes en la Unidad Penal N° 1.
La magistratura advirtió un "incremento crítico" en el consumo de drogas dentro del penal, situación que ha derivado en incidentes violentos, deudas entre internos y complicaciones graves de salud. La medida judicial se apoya en el rol del Estado como garante de la integridad física de los detenidos, tal como lo establece la Constitución Nacional.
Fallas tecnológicas y casos fatales
Uno de los puntos más alarmantes señalados por la Justicia es la salida de servicio del scanner de detección de sustancias del complejo. Esta falla técnica ha debilitado severamente los controles de ingreso, permitiendo que las sustancias prohibidas circulen con mayor facilidad.
La resolución no se basa en supuestos, sino en antecedentes de extrema gravedad citados por la Fiscalía:
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Noviembre de 2025: El deceso de un interno vinculado al consumo de sustancias.
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Mayo de 2026: Múltiples traslados de urgencia al Hospital Vidal por ingesta de drogas y cuadros de sobredosis durante el presente mes.
La orden del Juzgado
Ante este escenario, el Poder Judicial resolvió exigir la reparación urgente del scanner del Complejo Penitenciario N° 1. Mientras se concreta la puesta en funcionamiento de la tecnología, las autoridades deberán presentar un informe detallado sobre las medidas alternativas de control que se están implementando.
Asimismo, se ordenó intensificar los operativos de requisa y vigilancia. Para la magistratura, la ejecución de la pena es "incompatible" con un contexto atravesado por la droga, ya que esto deteriora la salud mental de los alojados y genera un clima de inseguridad institucional que pone en riesgo tanto a los internos como al personal penitenciario.
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