La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) denunció penalmente a la abogada María Fernanda Marino, instructora sumariante de la intervención libertaria del hospital, por los delitos de “desobediencia a la Justicia, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público”.
La presentación quedó radicada, tras el sorteo, en el Juzgado Federal N° 1 en lo Criminal y Correccional, a cargo de la jueza María Romilda Servini, en tanto que las letradas de esta presentación de la APyT son las doctoras Mariana Emilse Chiacchio y Alejandra Yamila Giordano, integrantes del Centro de Abogados/as por los Derechos Humanos (CADHU).
La denuncia sostiene que estas conductas “no son hechos aislados”, sino parte de un “patrón sistemático de hostigamiento a la conducción sindical de APyT”, que incluye “el adelantamiento público del resultado de los sumarios” por parte del entonces vocero presidencial y actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del ministro de Salud, Mario Lugones, el 3 de febrero de 2026, “antes de que los sumariados pudieran siquiera presentar descargos”.
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Según la presentación judicial, Marino “avanzó sobre un procedimiento cuya suspensión judicial estaba plenamente vigente” y además dictó resoluciones que, de acuerdo con la querella, “exceden sus atribuciones como instructora sumariante”. La denuncia también cuestiona que se hayan fijado plazos de descargo “antes de que vencieran los plazos para recurrir la sentencia de Cámara”.
Desde la APyT sostuvieron que el avance del sumario administrativo ocurrió “pese a que la medida cautelar de suspensión seguía vigente” y remarcaron que la apelación presentada por el Hospital “había sido concedida con efecto devolutivo”, por lo que —según señalaron— la cautelar “continuaba plenamente en vigor durante toda la tramitación del recurso”.
La querella además afirma que la instructora sumariante “desestimó sin análisis alguno” los planteos realizados por los trabajadores alcanzados por los sumarios, aun cuando habían comunicado formalmente su intención de recurrir judicialmente la revocatoria de la cautelar y habían advertido que la resolución “todavía no se encontraba firme”.
En la misma línea, la presentación judicial acusa a Marino de “no aplicar deliberadamente” la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, normativa que establece la interrupción de plazos mientras existan recursos y acciones judiciales pendientes.
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La secretaria general de la APyT, Norma Lezana, sostuvo que “es directamente indignante cómo esta intervención libertaria está tratando al mejor equipo de salud del país” y denunció que “nos están sumariando por haber defendido el hospital del vaciamiento”.
“Nos quieren echar”, afirmó Lezana, quien además acusó a las autoridades de intentar “privatizar, hacer negocios, usar instalaciones que son patrimonio público para facturar” y aplicar en el Garrahan “el ‘modelo Adorni’”.
La dirigente sindical confirmó además que solicitaron “una nueva intervención judicial en estos sumarios completamente truchos” y cuestionó que “una funcionaria que se benefició de nuestra lucha y recibió el aumento que logramos sea la misma que ahora ‘recomienda’ echarnos”.
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La querella también menciona que Marino impulsó los sumarios contra distintos referentes sindicales y trabajadores del hospital, entre ellos la propia Lezana y Maximiliano Bares.
En relación con la denuncia penal, Lezana sostuvo que Marino fue denunciada “por violar el derecho a defendernos, porque no permite que mi compañero Maxi Bares y yo presentemos testigos, incumple los tiempos legales y desobedece a la Justicia”.
También recordó que “el impresentable de Adorni tuiteó prejuzgando al decir que ‘estábamos despedidos’”.
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Por último, la titular de APyT cuestionó al interventor designado por el Ministerio de Salud, Héctor Pirozzo, y afirmó que “ni ella, una vergüenza de funcionaria que aplica la ‘obediencia debida’ por compromisos o por cobardía —da igual—, ni el interventor del ministro de Salud, Mario Lugones, otro extraño al Garrahan, Pirozzo, tienen la más mínima autoridad para llevar adelante el estropicio que están encabezando en el Garrahan”.
Y concluyó: “Van a pagar todos estos atropellos y la violencia con la que nos están tratando, en lugar de cuidarnos”.
NG / LT
