Los dirigentes sociales Emerenciano Sena y Carlos Iván Barraza, ambos condenados en causas judiciales de alto impacto en el Chaco, impulsaron nuevos reclamos desde el Complejo Penitenciario I de Resistencia mediante presentaciones manuscritas dirigidas a autoridades judiciales y penitenciarias.
Según pudo reconstruir PERFIL NEA a partir de documentos a los que accedió este medio, los internos cuestionaron modificaciones recientes en el régimen alimentario del pabellón donde permanecen alojados y advirtieron que la situación afecta sus condiciones de salud. En paralelo, Sena presentó además un habeas corpus ante la Justicia provincial en el que denunció supuestas restricciones al acceso a la educación y al trabajo dentro de la unidad penitenciaria.
Las presentaciones fueron realizadas mientras ambos cumplen condenas por causas que tuvieron fuerte impacto político y judicial en la provincia.
El reclamo por la comida en el pabellón
En una nota firmada conjuntamente y dirigida al área de economato del establecimiento penitenciario, Sena y Barraza manifestaron su malestar por cambios implementados en la dieta alimentaria que reciben en el Pabellón 5.
En el escrito sostuvieron que las modificaciones afectaron “la calidad y cantidad de las raciones” y señalaron que esa situación les provoca un perjuicio debido a problemas de salud que aseguran padecer. “Esperamos pronta resolución para revertir esta situación negativa de las condiciones de la comida”, expresaron ambos internos en el manuscrito presentado dentro del penal.
El reclamo apunta específicamente a la reducción o alteración de la alimentación suministrada en los últimos días dentro del pabellón donde se encuentran alojados.
El habeas corpus presentado por Emerenciano Sena
Además de la nota vinculada a la alimentación, Emerenciano Sena impulsó ese mismo día una presentación judicial propia ante la jueza Dolly Fernández, titular de la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia.
Se trata de un habeas corpus redactado de puño y letra en el que el dirigente social invocó la Ley 23.098 y denunció supuestas “violaciones recurrentes” a derechos contemplados en la Ley de Ejecución Penal.
En el documento, Sena afirmó que desde hace más de dos años viene solicitando acceso a instancias de educación y trabajo intramuros sin obtener respuestas favorables por parte del Servicio Penitenciario.
“Hace más de dos años que solicito el acceso a tales derechos con invocación precisa de la ley en cada caso, pero no he recibido respuesta de la institución penitenciaria”, escribió.
El dirigente social señaló además que permanece detenido desde el 19 de enero de 2024 y sostuvo que durante “dos años y cuatro meses” sus planteos administrativos no tuvieron respuesta. En el mismo escrito dejó constancia de que entregó copia de la presentación dentro del establecimiento penitenciario “para garantizar su curso correspondiente”.
Condenados en dos causas de fuerte impacto en Chaco
Emerenciano Sena cumple prisión perpetua junto a su esposa Marcela Acuña y su hijo César Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, ocurrido en junio de 2023 en Resistencia. La condena fue confirmada en febrero de 2026 por la Cámara Segunda en lo Criminal luego de que un jurado popular los declarara culpables durante el juicio realizado el año pasado.
La Justicia consideró a César Sena autor del homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género, mientras que sus padres fueron condenados como partícipes primarios por facilitar medios para la concreción y el encubrimiento del crimen.
Por su parte, Carlos Iván Barraza fue condenado en diciembre de 2025 a diez años de prisión efectiva por fraude a la administración pública y peculado. En aquella sentencia, la Cámara Primera en lo Criminal de Resistencia también dispuso su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y ordenó el decomiso definitivo de bienes secuestrados durante la investigación.
El fallo judicial describió un esquema de utilización irregular de recursos estatales entre 2022 y 2023 y derivó además en nuevas líneas investigativas vinculadas a organismos públicos y movimientos sociales.
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