El Gobierno del Chaco formalizó la disolución definitiva de la empresa Servicios Ferroviarios del Chaco S.A. (SEFECHA) y autorizó un aporte no reintegrable de $848 millones para afrontar el proceso de liquidación. La decisión se apoya en que la firma ya no cumple con el objeto social para el cual fue creada, luego de más de una década sin operar servicios propios.
La medida fue establecida mediante decreto del Ejecutivo provincial, tras una asamblea del accionista mayoritario realizada en noviembre de 2024, donde se resolvió avanzar con el cierre total de la sociedad.
Una empresa sin actividad desde 2010
El proceso que desembocó en esta decisión tiene su origen en 2010, cuando la Provincia y la Nación acordaron la transferencia del servicio ferroviario de pasajeros al Estado nacional. Desde entonces, SEFECHA dejó de prestar funciones operativas.
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A partir de ese momento, la empresa quedó reducida a una estructura administrativa que se sostuvo con fondos públicos para atender compromisos laborales, judiciales y contables, pese a no brindar servicios.
$848 millones para cerrar una etapa
Para concretar la liquidación, el Ejecutivo dispuso un aporte extraordinario de $848.214.465,90, que será administrado por el Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos.
Los fondos estarán destinados a cancelar distintas obligaciones acumuladas:
- Deudas laborales: superan los $263 millones e incluyen indemnizaciones y liquidaciones finales.
- Compromisos impositivos y previsionales: alcanzan más de $340 millones en moratorias y aportes, a lo que se suman deudas con el INSSSEP por más de $50 millones.
- Causas judiciales: representan alrededor de $119 millones.
- Proveedores y servicios: incluyen obligaciones con empresas públicas como SECHEEP y SAMEEP, además de prestadores privados.
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Liquidación y control del proceso
Como parte del cierre, se designarán liquidadores y se mantendrá un equipo reducido de trabajadores para completar los trámites administrativos y contables.
El Ministerio de Infraestructura será el encargado de supervisar el uso de los fondos, con auditorías periódicas para garantizar que se destinen exclusivamente a la cancelación de los pasivos.
Con esta decisión, el Gobierno provincial busca poner fin a una sociedad que, durante años, funcionó sin actividad operativa pero con obligaciones vigentes, generando erogaciones sostenidas.
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