La participación del presidente Javier Milei en la Iglesia “Portal del Cielo” de Resistencia, el pasado 5 de julio, generó fuertes cuestionamientos en el Congreso. Legisladores opositores solicitaron explicaciones al Ejecutivo por la supuesta venta de entradas en el evento donde el mandatario fue orador invitado.
En la respuesta oficial, contenida en el informe Nº 144 de la Jefatura de Gabinete, la Secretaría General de la Presidencia desmintió cualquier vínculo financiero entre el Estado y la actividad: “El Presidente de la Nación viajó a la provincia del Chaco en el marco de una agenda oficial, que incluyó una reunión con el gobernador Leandro Zdero y su disertación en la Convención Internacional de Liderazgo Cristiano. No se registraron ingresos ni erogaciones de fondos públicos”.
Desde la oposición, insistieron en que la venta de tickets para escuchar al Presidente podía constituir un uso indebido del cargo y de recursos estatales. El oficialismo, en cambio, aseguró que se trató de una actividad oficial que no generó costos al Estado y buscó despejar las sospechas.
La respuesta del jefe de Gabinete, Guillermo Francos se publicó antes de su presentación en la Cámara de Diputados en un informe de gestión de más de 1.200 páginas, en el que respondió 1.337 preguntas de distintos bloques.
La investigación sobre el “Portal del Cielo”
La polémica se superpone con la causa judicial que investiga el financiamiento del templo evangélico más grande de Argentina, liderado por el pastor Jorge Ledesma. El arquitecto Jeffrey Berk, a cargo del diseño de la obra, declaró como testigo ante la Justicia Federal y aseguró que los pagos provinieron de la Fundación Cielos Abiertos, creada por la iglesia.
Según su testimonio, el auditorio, con capacidad para más de 15 mil personas, aún no está concluido y el costo total de la obra se estima en más de 50 millones de dólares. La jueza federal Zunilda Niremperger autorizó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del pastor Ledesma y de la fundación, a pedido del fiscal Patricio Sabadini, en el marco de una pesquisa por presunto lavado de dinero y evasión fiscal.
De momento no hay imputaciones, pero los investigadores señalan que el principal desafío será rastrear donaciones en efectivo de origen anónimo, que constituyen la mayor parte de los ingresos de la iglesia. Se esperan informes clave de la UIF y de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero para avanzar en el caso.
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