El escándalo institucional desatado tras el frustrado intento de desvío de cocaína durante un operativo oficial de quema de estupefacientes en Colonia Benítez sumó este martes un fuerte capítulo político. Diputados provinciales del interbloque Frente Chaqueño (PJ) presentaron un proyecto de resolución para solicitar informes y convocar a la interpelación del ministro de Seguridad del Chaco, Hugo Matkovich, con el objetivo de que brinde explicaciones detalladas sobre el procedimiento realizado el pasado 18 de diciembre.
La iniciativa parlamentaria apunta a esclarecer las responsabilidades administrativas y operativas en un operativo que debía culminar con la destrucción de aproximadamente 80 kilos de cocaína y más de tres toneladas de marihuana, pero que terminó con la intervención de la Justicia Federal al detectarse un faltante cercano a los diez kilos de cocaína.
Qué reclaman los legisladores
En el pedido formal, los diputados solicitan que el ministro informe bajo qué resoluciones se autorizó el operativo, cuál fue el esquema de seguridad dispuesto y quiénes fueron los agentes que participaron, con detalle de funciones y antecedentes. Además, exigen un relevamiento de todos los operativos de quema de drogas realizados en 2024 y 2025, con especial énfasis en los mecanismos de control y custodia del material incautado.
Desde el interbloque señalaron que el episodio “puso en crisis la credibilidad institucional de la Policía del Chaco” y generó una fuerte alarma social, por lo que consideran indispensable que el Poder Ejecutivo brinde explicaciones públicas y documentadas ante la Legislatura.
El operativo bajo sospecha
El procedimiento cuestionado se llevó a cabo en el polígono de tiro de Colonia Benítez y contaba con la presencia de autoridades judiciales y políticas. Sin embargo, durante el desarrollo del operativo surgieron movimientos que llamaron la atención del personal judicial interviniente. A partir de esa alerta, se ordenó una verificación extraordinaria que derivó en un allanamiento y en el hallazgo de cocaína escondida dentro de mochilas ubicadas en un móvil policial.
La medida fue dispuesta por el juez federal Ricardo Mianovich, luego de que un nuevo control de pesaje dejara en evidencia inconsistencias en la cantidad de droga que debía ser incinerada.
La reconstrucción judicial
La causa es impulsada por el fiscal federal Patricio Sabadini, quien sostuvo que la maniobra fue detectada mientras el procedimiento aún estaba en curso, lo que permitió frustrar el presunto desvío. Según la imputación, parte de la cocaína habría sido retirada de las cajas de secuestro y ocultada en una camioneta oficial Toyota Hilux, intentando simular el faltante con un objeto que aparentaba ser un “ladrillo” de droga, pero que luego se comprobó que era yeso.
El faltante fue estimado en 9,49 kilogramos de cocaína, con un valor aproximado de 15.000 dólares por kilo, lo que eleva el presunto perjuicio económico a más de 140.000 dólares.
Detenciones y estado de la causa
Por el hecho permanecen detenidos siete efectivos de la Policía del Chaco: el comisario César Alegre, el subcomisario Franco Ramírez, el oficial principal Lucas Martínez y los cabos Néstor Urne Canteros, Gustavo Quizama, Juan Almirón Núñez y Gustavo Acosta. Todos cumplen prisión preventiva, medida que fue cuestionada por las defensas y será revisada en instancias superiores.
Los abogados defensores negaron la hipótesis del reemplazo de droga y cuestionaron tanto la cantidad de cocaína faltante como la calificación legal provisoria, aunque la Fiscalía sostiene que el cúmulo de pruebas reunidas, actas, registros de pesaje, informes técnicos, material audiovisual y secuestros, permite tener acreditada, al menos de manera inicial, la materialidad del hecho y la participación de los imputados.
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