Lo que en el último trimestre de 2019 se anunció como una de las inversiones agroindustriales más estratégicas para el perfil exportador de la provincia ingresó en su etapa de liquidación forzosa. La Justicia de Corrientes ordenó el remate público de las instalaciones del frigorífico Muralla China S.A., ubicado en la jurisdicción de Riachuelo, fijando una base económica de U$S 5.018.071,23 en el marco de una millonaria ejecución hipotecaria que sepulta de manera definitiva las expectativas de reactivación de la planta de capitales asiáticos.
La subasta se formalizará el próximo miércoles 8 de julio a las 10:00 por disposición de la titular del Juzgado Civil y Comercial N° 11 de la Capital, la doctora María Virginia Tenev, bajo la carátula de los autos "Velar Danuzzo Francisco José; Velar Mariana Beatriz; Velar Gastón Federico contra La Muralla China S.A. sobre Ejecución Hipotecaria".
El acto público se desarrollará bajo el martillo del rematador designado Sebastián Armando Vallejos en la sede del Colegio Público de Abogados de la Primera Circunscripción, emplazada sobre la calle Tucumán N° 570 de la ciudad de Corrientes.
De acuerdo con los edictos de convocatoria publicados en el Boletín Oficial de la provincia, el inmueble sujeto a subasta se encuentra asentado sobre la avenida San Héctor Valdivielso Sáez del denominado Barrio “Frigorífico” (Sexta Sección del Municipio de Riachuelo).
Las condiciones fijadas por el tribunal estipulan que si transcurrida una hora del inicio del remate no se registraran ofertas válidas por la base inicial en dólares, el monto se reducirá de forma automática en un 25%, quedando establecido en un piso de U$S 3.763.553,42.
El peso del pasivo laboral: ocho embargos de exoperarios
Más allá de la acreencia hipotecaria que dio origen a la ejecución del predio, sobre el patrimonio residual de la firma asiática se acumula un denso frente de conflicto social. El predio arrastra otros ocho embargos judiciales trabados por los extrabajadores del frigorífico, quienes reclaman judicialmente el cobro de haberes adeudados, aportes previsionales y las indemnizaciones por despido correspondientes.
Estas demandas gremiales y particulares se tramitan en los despachos del Juzgado Laboral N° 4 de Corrientes Capital. Los expedientes contra los titulares extranjeros comenzaron a radicarse de forma consecutiva durante los años 2022, 2024 y 2025, reflejando la larga agonía financiera que atravesó el personal antes y después del cese total de las operaciones de faena.
Para los interesados en la compulsa, las condiciones de venta dictadas por el CPCC correntino prohíben de forma taxativa la compra en comisión. El oferente que resulte ganador en la puja deberá abonar en el acto el 10% en concepto de seña mediante depósito en la cuenta judicial del expediente y un 4% para la comisión del martillero.
El 90% restante del precio ofertado deberá ser cancelado mediante transferencia bancaria dentro de los cinco días posteriores a la aprobación formal de la subasta, bajo apercibimiento de declarar frustrado el acto y ordenar una nueva convocatoria.
Crónica de un fracaso por barreras sanitarias federales
La caída del gigante cárnico traza una parábola sombría sobre las inversiones extranjeras en el NEA. En octubre de 2019, las instalaciones fueron inauguradas con un fuerte despliegue institucional encabezado por el entonces gobernador Gustavo Valdés, junto a funcionarios nacionales y municipales, celebrando el desembarco del grupo inversor liderado por el empresario chino Yi Zhuang.
La planta prometía generar un polo de desarrollo ganadero enfocado en abastecer la cuota de exportación de carne vacuna hacia el mercado de la República Popular China. Sin embargo, el proyecto tropezó de forma sistemática con la burocracia centralista.
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A lo largo de casi cuatro años de gestiones e inversiones de readecuación tecnológica, la compañía nunca logró obtener la habilitación federal de exportación por parte de los organismos sanitarios nacionales (Senasa), quedando relegada al limitado mercado del consumo doméstico local.
El desenlace definitivo ocurrió en agosto de 2023. En una asamblea interna que conmovió a la localidad, el propio Yi Zhuang comunicó a los operarios que la falta de permisos de exportación combinada con el escenario macroeconómico tornaban inviable el sostenimiento de los costos fijos.
El colapso de la industria determinó la cesantía directa de 39 empleados de planta y golpeó de manera indirecta el sustento de unas 70 familias y proveedores de la zona, consolidando un pasivo que ahora la Justicia intentará saldar mediante el remate de sus activos fijos.
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