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Freno al ajuste: un diputado aliado advirtió que "el equilibrio fiscal no puede ser a costa del norte"

Diógenes González marcó distancias frente al recorte de fondos. Defendió la vía judicial ante la Corte Suprema por las deudas previsionales y energéticas.

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Diógenes González, diputado nacional. | Gentileza.

El bloque de legisladores nacionales de la Unión Cívica Radical (UCR) que responde de manera directa al Gobierno provincial endureció su postura frente a la severidad del ajuste fiscal que implementa el Palacio de Hacienda. El diputado nacional por Corrientes, Diógenes González, lanzó una dura advertencia a la administración de Javier Milei al fijar los límites de la gobernabilidad y el acompañamiento parlamentario en el Congreso de la Nación.

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A pesar de ser considerado un legislador "aliado" —habiendo votado a favor de la estructura troncal de las reformas del Poder Ejecutivo—, González fue taxativo respecto al impacto del torniquete financiero en las economías regionales. "En el esquema del equilibrio fiscal no vamos a convalidar que se haga a costa y expensas de los ciudadanos que vivimos al norte de la Argentina, que ya de por sí vivimos en una Argentina muy desigual", disparó el diputado radical.

Relación madura y el límite de la vía judicial

El legislador nacional calificó el vínculo actual entre la provincia de Corrientes y la Casa Rosada como "madura", argumentando que existe una coincidencia plena en que el sistema económico, el desarrollo de las empresas locales y la producción necesitan imperiosamente de un país con macroeconomía estable y baja inflación. Inclusive, respaldó la eliminación de "organismos nacionales que no tenían una función real y funcionaban como cuevas militantes".

Sin embargo, González aclaró que cuando el consenso político se agota por el avasallamiento de los recursos federales, la provincia no duda en activar la estrategia jurídica en los tribunales federales.

En ese sentido, recordó el frente judicial abierto: "Cuando la política se termina, hay que ir a la Justicia, y así es que tenemos tres demandas que introdujo la gestión de Gustavo Valdés ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación", las cuales la actual administración provincial continúa ejecutando para reclamar fondos previsionales y regalías.

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Uno de los ejes más complejos de la agenda legislativa estuvo centrado en las modificaciones de los subsidios energéticos. González detalló la reestructuración de la norma que periodísticamente se conoció como Ley de Zonas Frías, sancionada originalmente en 2021.

"Ese esquema se financiaba con un aumento del 7,5% en el servicio de gas a todos los usuarios del país, incluso a los que consumimos gas de garrafa en el NEA. Es decir, 41 millones de argentinos financiaban el consumo subsidiado de seis o siete provincias beneficiadas", criticó en declaraciones a radio La Red Corrientes.

Ante esto, explicó que el criterio de la Secretaría de Energía mutó: "El Gobierno nacional determinó que, en vez de un subsidio por zona geográfica, se aplicará un subsidio direccionado según niveles de ingreso, mediante una inscripción web".

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Por otra parte, el diputado ponderó un logro político crucial que los legisladores correntinos lograron introducir en el articulado final de la ley de reforma energética para defender las arcas municipales del Taragüí.

El proyecto original de la Nación buscaba prohibir de forma taxativa que las distribuidoras provinciales incluyeran conceptos ajenos al consumo neto en las boletas, debido a los abusos detectados en Buenos Aires.

"Corrientes tiene el alumbrado público, que es una ley y un convenio vigente entre la DPEC (Dirección Provincial de Energía de Corrientes) y los municipios. Es un servicio esencial para la seguridad de la gente y una economía muy importante para las comunas", detalló el legislador de la UCR.

"Nosotros manifestamos firmemente nuestra voluntad de no votar ese artículo si quedaba tal como estaba redactado. Finalmente, el Gobierno nacional accedió a modificarlo", concluyó González, destacando la capacidad de negociación del bloque correntino para salvar un mecanismo clave de financiamiento para los intendentes de la provincia.