La investigación contra Lucas Martín Simoni, empleado del Poder Judicial del Chaco denunciado por su expareja por presuntas amenazas y hostigamiento, avanzó este jueves con su declaración ante la Fiscalía Especial de Género N°11, donde quedó formalmente imputado.
Luego de permanecer más de una hora frente a la fiscal Noel Benítez, Simoni quedó formalmente imputado por el delito de amenazas simples, en el marco de un expediente que también incluye denuncias por hostigamiento, violencia psicológica y mensajes intimidatorios posteriores a la separación.
Mientras la investigación avanza y continúan vigentes las medidas de protección para la denunciante, la defensa del trabajador judicial salió públicamente a cuestionar la acusación y planteó una fuerte contraofensiva judicial.
La estrategia defensiva: “No hay pruebas documentales”
El abogado defensor, Pablo Vianello, aseguró que la acusación se sostiene únicamente sobre declaraciones testimoniales y afirmó que no existen pruebas técnicas que acrediten las amenazas denunciadas. “No tengo ningún tipo de prueba documental o documentada que avale los dichos”, sostuvo el letrado al referirse al expediente que tramita en la fiscalía especializada.
Según explicó, la defensa presentó elementos vinculados a un supuesto acceso ilegal a los dispositivos electrónicos de Simoni. En esa línea, aseguró que el acusado detectó movimientos extraños en sus cuentas y redes sociales durante 2025 y que ya aportaron equipos informáticos para ser peritados.
“Esta chica había hackeado el teléfono, el WhatsApp, el Instagram, el Facebook y la computadora de Lucas Simoni”, afirmó Vianello. De acuerdo a su planteo, las futuras pericias podrían determinar desde qué dispositivos se habría producido el supuesto acceso y quiénes intervinieron.
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Fotos de femicidios y mensajes bajo investigación
Uno de los aspectos más sensibles de la causa está vinculado a los mensajes denunciados por la expareja del imputado. Según consta en la presentación judicial, Simoni habría enviado imágenes relacionadas con víctimas de femicidios como forma de intimidación psicológica.
Ese punto generó especial preocupación dentro de la investigación, que además motivó medidas urgentes de protección para la denunciante, entre ellas restricciones de acercamiento y botón antipánico.
La defensa, sin embargo, intentó desacreditar parte de esas acusaciones. Vianello aseguró que uno de los casos de femicidio mencionados por la denunciante pertenecía a otra fiscalía distinta a aquella donde trabajaba Simoni.
“Él no tenía acceso a esa causa”, sostuvo el abogado al hacer referencia a una investigación vinculada a un crimen ocurrido en la laguna Seitor.
Posibles denuncias por falso testimonio
El defensor también adelantó que evalúan impulsar acciones penales contra la denunciante y su madre si logran acreditar que existió un acceso indebido a los dispositivos electrónicos del acusado.
“Si yo demuestro que ella mintió, nosotros la vamos a denunciar por falsa denuncia”, afirmó. Además, acusó a familiares de la mujer de haber brindado testimonios falsos durante la investigación.
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Pese a la postura de la defensa, la causa continúa en trámite bajo la órbita de la Fiscalía Especial de Género N°11 y no se descarta que la imputación pueda ampliarse a medida que avancen las pericias y se incorporen nuevas pruebas.
El caso no sólo tiene derivaciones penales. Debido a que Simoni se desempeña dentro de la estructura judicial chaqueña, también se inició un sumario administrativo interno para analizar su situación laboral mientras continúa la investigación.
Desde el Ministerio Público Fiscal evitaron brindar detalles sobre la declaración del imputado para no afectar el expediente, aunque remarcaron que la causa se tramita con “perspectiva de género” y bajo estricta reserva.
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