La crisis en la cadena de electrodomésticos Musimundo tuvo su desenlace en los tribunales. La Justicia decretó la quiebra de Carsa SA, la firma a cargo de las sucursales, dejando sin efecto el concurso preventivo del pasado 17 de julio debido a su deterioro financiero. La medida confirmó el cese definitivo de 36 familias en Corrientes, que quedaron sin cobrar su último mes trabajado ni las indemnizaciones correspondientes.
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El ex-empleado César Musachi confirmó que los locales céntricos no volverán a operar con la administración saliente: "No se van a abrir más bajo Carsa SA", precisó.
A su vez, explicó que el proceso ya pasó a la órbita del Poder Judicial: "Está actuando un síndico controlando que estén cerradas las cuentas y que se proceda a una intervención para el pago de los diferentes empleados que quedaron cesantes".
Auxilio financiero de $300.000 y mercado laboral paralizado
Frente a la falta de liquidez de las familias, la conducción del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) resolvió entregar una asistencia directa. "El sindicato nos va a brindar un apoyo económico excepcional a las cuentas de cada uno para que podamos por lo menos paliar alguno que otro gasto para comer estos días", destacó César Musachi sobre el fondo de emergencia, que rondará los 300.000 pesos por trabajador.
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El impacto en el sector del comercio local resulta severo, teniendo en cuenta que el 99% de los damnificados correntinos cuenta con hijos a cargo. "Está muy difícil el mercado. Complicadísima la situación, es grave", advirtió Musachi a We News! sobre las dificultades que enfrentan para reinsertarse en la actividad privada en la capital.
Drama de salud y pérdida de la cobertura médica
A la incertidumbre económica se suma un contexto de extrema vulnerabilidad social dentro de la masa de despedidos. "Tenemos un compañero que está con una problemática severa de cáncer", alertó César Musachi, visibilizando la urgencia de mantener el tratamiento sin ingresos estables.
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Ante la preocupación por el fin del vínculo laboral con la empresa quebrada, la organización sindical notificó formalmente a cada uno de los afectados las fechas límite hasta las cuales mantendrán la cobertura prestacional de sus obras sociales.
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