La causa por presuntas irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales en Chaco avanzó con el pedido del fiscal federal Carlos Amad de procesar sin prisión preventiva a Jorge Capitanich, Marta Soneira y empresarios, a quienes atribuye un esquema para otorgar tierras públicas en beneficio de privados.
El expediente, que tramita en el Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña a cargo del juez subrogante Fernando Carbajal, deberá ahora definir si convalida o no el planteo del Ministerio Público.
Un pedido con distintas situaciones procesales
El dictamen fiscal no fue uniforme. Según explicó Amad, se solicitó el procesamiento sin prisión preventiva para los principales imputados, entre ellos Capitanich, Soneira, su entorno familiar y empresarios vinculados.
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En paralelo, el fiscal pidió el sobreseimiento de algunos acusados y la falta de mérito para otros, al considerar que aún no hay elementos suficientes para avanzar o cerrar su situación judicial.
En declaraciones a Radio Libertad, el fiscal sostuvo: “Con la prueba que hay acumulada en la causa, para esta etapa del proceso, entiendo que corresponde que se resuelva la situación procesal”.
La hipótesis: uso de estructuras legales para fines ilícitos
La investigación se originó a partir de una denuncia de la actual titular del organismo provincial encargado de tierras fiscales, que detectó presuntas irregularidades en adjudicaciones realizadas en gestiones anteriores. A partir de allí, la fiscalía reconstruyó una trama que, según su hipótesis, utilizó mecanismos administrativos formales para encubrir maniobras ilegales.
“Se usó un camino legal para hacer algo ilegal”, afirmó Amad. Entre los elementos reunidos, mencionó vínculos societarios entre beneficiarios y el entorno de Soneira, presentaciones administrativas con patrones repetidos, permisos precarios sin controles efectivos y adjudicaciones a valores muy por debajo del mercado.
El rol de Soneira y la responsabilidad de Capitanich
Uno de los ejes del requerimiento apunta a la presunta participación de Soneira en el inicio del esquema investigado. “La que conoce de la maniobra de la entrega ilegal de tierras es Soneira”, sostuvo el fiscal al describir su rol dentro de la operatoria.
En cuanto a Capitanich, Amad vinculó su responsabilidad a su función institucional como gobernador, especialmente en la firma de decretos para adjudicaciones de grandes extensiones. “Quien debe firmar el decreto sí o sí es el gobernador. Y yo también pienso que él conocía la situación”, afirmó.
El planteo fiscal se apoya tanto en la responsabilidad de control sobre el patrimonio público como en presuntos vínculos previos entre los actores involucrados.
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Delitos investigados y alcance del expediente
La causa fue encuadrada en delitos de fraude contra la administración pública, lavado de activos, negociaciones incompatibles, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, entre otros.
Según el Ministerio Público, el esquema habría permitido la adjudicación de miles de hectáreas de tierras fiscales a personas vinculadas entre sí, en condiciones presuntamente irregulares.
Amad precisó que el expediente abarca unas “3.600 a 3.700 hectáreas que fueron adjudicadas a socios del marido de una funcionaria”. Esos inmuebles continúan en explotación, aunque con restricciones judiciales.
A diferencia de otros casos de corrupción, el fiscal no solicitó la detención de los imputados. Argumentó que todos se mantuvieron a derecho, colaboraron con la investigación y no evidencian riesgo de fuga. “Son personas públicas. No creo que se den a la fuga ni que haya que detenerlos”, explicó.
La defensa de Capitanich: denuncia “alquimia jurídica”
Tras conocerse el pedido de procesamiento, Capitanich rechazó las acusaciones y aseguró que se trata de una “alquimia jurídica” y una “operación mediática”.
El actual senador nacional sostuvo que la causa presenta “incongruencias manifiestas” y defendió las adjudicaciones al señalar que forman parte de políticas de desarrollo productivo. Además, remarcó que los casos cuestionados representan una mínima parte del total de títulos otorgados durante su gestión.
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