Diputados del oficialismo provincial presentaron una denuncia formal ante el Consejo de la Magistratura del Chaco para que se investigue al juez civil y comercial N° 6 de Resistencia, Jorge Sinkovich, acusado de mal desempeño, abuso de autoridad y falta de idoneidad ética.
El planteo, dirigido al presidente del organismo, Víctor del Río, lleva las firmas de los legisladores Zulema Wanesson, Maida With, Francisco Romero Castelán y Samuel Vargas, y solicita tanto la suspensión preventiva del magistrado como su posterior destitución, en caso de comprobarse los hechos denunciados.
Resoluciones “desestabilizadoras” y sanciones millonarias
Según el escrito, el juez habría dictado resoluciones “desestabilizadoras” y ajenas a sus facultades, que derivaron en multas coercitivas de magnitud inusual y medidas cautelares que anticipan el fondo de los pleitos. Los denunciantes sostienen que esos fallos generan graves consecuencias fiscales para la Provincia.
Uno de los casos mencionados es el amparo “Defensoría General Adjunta s/ Amparo y Medida Cautelar” (Expediente 12601/24), en el que Sinkovich impuso a la Provincia una multa diaria de $85,9 millones por supuestos incumplimientos vinculados a la asistencia de comunidades originarias.
La Fiscalía de Estado sostuvo que se venía cumpliendo progresivamente con las obligaciones y solicitó una mesa de trabajo con el IDACH. Finalmente, la Cámara Civil y Comercial, Sala I, revocó la medida que originó la sanción, señalando el carácter excepcional de este tipo de resoluciones.
Otros antecedentes polémicos
El documento también menciona las causas referidas a la licitación de casinos, en las que el juzgado de Sinkovich habría aplicado sanciones económicas de hasta $12 millones por día y por expediente. En 2024, la Sala IV de la Cámara anuló la sentencia de primera instancia, rechazó la acción por falta de legitimación y marcó falencias en la tramitación del proceso, además de un retardo de siete años en dictar sentencia.
Otro de los puntos señalados es el amparo colectivo por la laguna de Villa Odorico, donde las multas, originalmente de $1.000 diarios, llegaron a $150.000 por día. Según la denuncia, la Provincia ya pagó más de $35 millones, mientras que el cumplimiento del fallo requiere obras urbanas y de vivienda que exceden la sola voluntad administrativa.
El rol del Consejo de la Magistratura
El Consejo deberá ahora analizar la admisibilidad de la denuncia, determinar si los cargos reúnen la verosimilitud y gravedad suficientes y decidir si corresponde habilitar medidas cautelares, entre ellas la suspensión preventiva del magistrado.
De avanzar el trámite, las actuaciones podrían ser elevadas al Jurado de Enjuiciamiento, encargado de resolver en definitiva sobre la eventual remoción del juez.
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