El Gobierno del Chaco dispuso la cesantía de una trabajadora del Hospital “Dr. Félix Anselmo Pértile” de General José de San Martín luego de que un sumario administrativo determinara que prescribía psicofármacos y atendía pacientes sin matrícula habilitante.
La medida fue oficializada mediante un decreto del Poder Ejecutivo provincial, que resolvió la sanción disciplinaria contra C.A.R., licenciada en Trabajo Social que se desempeñaba en el Servicio de Salud Mental del hospital.
Según surge del expediente, la investigación administrativa concluyó que la agente realizaba tareas reservadas a profesionales médicos o especialistas habilitados, lo que motivó la sanción expulsiva de la administración pública.
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Las irregularidades detectadas en el hospital
Las actuaciones se iniciaron a partir de un informe elevado por la dirección del hospital, en el que se advertía sobre conductas presuntamente irregulares en el funcionamiento del área de salud mental.
De acuerdo con la investigación administrativa, la trabajadora habría llevado adelante actividades que excedían su rol profesional, entre ellas:atención clínica directa a pacientes, indicaciones de internación, manejo y prescripción de medicación psiquiátrica
Estas prácticas, según se detalla en el decreto oficial, requieren habilitación profesional específica, la cual la agente no poseía.
Las sospechas también surgieron a partir de reclamos internos del personal del hospital y de observaciones realizadas durante una visita del Órgano de Revisión de Salud Mental, que detectó problemas en el funcionamiento del servicio y recomendó medidas urgentes para mejorar la atención.
Recetas observadas y pedidos de psicofármacos
El expediente incorporó además informes del Programa Federal Incluir Salud, que registró rechazos reiterados de recetas médicas vinculadas a pacientes de salud mental.
Las auditorías médicas detectaron inconsistencias en las prescripciones, entre ellas irregularidades en firmas, datos de pacientes, dosis indicadas y formato de las recetas.
A esto se sumó la denuncia de la responsable de Farmacia del hospital, quien señaló que la trabajadora solicitaba psicofármacos sin contar con recetas válidas o sin la firma de un profesional habilitado.
Por otro lado, el Colegio de Psicólogas y Psicólogos del Chaco confirmó que la agente no estaba matriculada como psicóloga, pese a que algunos pacientes aseguraban haber sido atendidos por ella bajo la denominación de “Licenciada en Psicoanálisis”, título que la entidad profesional indicó no existe dentro del marco legal de la profesión.
Sumario administrativo y causa penal en marcha
Ante las irregularidades detectadas, la Subsecretaría de Red de Servicios de Salud ordenó la apertura de un sumario administrativo, que luego fue tramitado por la Dirección de Sumarios de la provincia.
Durante el proceso, la trabajadora fue citada a declarar en calidad de imputada dentro del sumario, pero no se presentó ni aportó pruebas en su defensa, pese a haber sido notificada formalmente.
En paralelo, se inició una causa penal en la Fiscalía de Investigaciones Nº 2 de General San Martín, a partir de actuaciones remitidas por la dirección del hospital, para determinar si las conductas investigadas configuran delitos vinculados al ejercicio indebido de funciones en el sistema de salud.
La sanción del Gobierno provincial
Tras analizar la documentación reunida, la Asesoría General de Gobierno recomendó aplicar la sanción expulsiva de cesantía, al considerar acreditado que la agente realizó funciones ajenas a su título profesional y prescribió medicación psiquiátrica sin habilitación.
El decreto firmado por el Ejecutivo provincial señala que la conducta investigada transgredió normas de ética, transparencia y el Estatuto del Personal de la Administración Pública.
La sanción se hará efectiva a partir de la notificación del decreto, que establece la separación definitiva de la trabajadora del empleo público.
Más allá de la medida administrativa, el expediente remarca que la investigación penal continúa en etapa preparatoria, por lo que la Justicia deberá determinar si los hechos investigados constituyen un delito.
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