El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia resolvió mantener la prisión preventiva del dirigente social Ramón Alberto “Tito” López, al rechazar el pedido de excarcelación presentado por su defensa en el marco de la causa por lavado de activos agravado. El debate oral está previsto para el 8 de abril de 2026.
La decisión fue adoptada por los jueces Fabián Gustavo Cardozo y Enrique Jorge Bosch, quienes consideraron que la gravedad de los hechos, el rol de liderazgo atribuido al acusado y los antecedentes de entorpecimiento de la investigación justifican mantener la medida cautelar.
Argumentos de la defensa
El abogado Marcelino Leiva, representante de López, había solicitado la excarcelación basándose en que su cliente colaboró con la Justicia, se presentó voluntariamente y no registra antecedentes de fuga. Alegó que la investigación ya fue cerrada y que la prisión preventiva “perdió razón de ser”, dado que la fecha del juicio está fijada y no existen nuevos elementos que justifiquen su encarcelamiento.
La postura fiscal
El Ministerio Público Fiscal se opuso al pedido y sostuvo que persisten los riesgos procesales. Recordó que, incluso durante la detención de su esposa, López habría dado órdenes para obstaculizar allanamientos y secuestros de bienes vinculados a la causa, lo que demuestra su capacidad de influir en terceros.
Los fiscales remarcaron que la organización familiar que lideraba el imputado posee una estructura jerárquica y disciplinada, lo que incrementa las posibilidades de interferir en la producción de prueba o eludir la acción judicial.
Fundamentos del fallo
En su resolución, el Tribunal coincidió con la Fiscalía y destacó que la magnitud del presunto delito, la cantidad de bienes involucrados y la capacidad operativa del grupo investigado constituyen factores suficientes para mantener la prisión preventiva.
“La seriedad de los hechos imputados y la pena en expectativa son parámetros que evidencian una peligrosidad procesal que no puede soslayarse”, remarcaron los jueces.
El fallo concluye que no se acreditaron garantías efectivas que aseguren la presencia del acusado durante el juicio, y que la distancia temporal hasta el debate responde a la complejidad del expediente.
López fue detenido en septiembre de 2024 y enfrenta una acusación por lavado de activos agravado por habitualidad y por conformar una estructura organizada, delito que prevé penas de hasta 10 años de prisión.
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